El juez señala que ACS pagó comisiones a González por el amaño del Golf del Canal

El auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decretó el martes la prisión eludible con fianza de 400.000 euros para el expresidente madrileño Ignacio González -fianza que ya ha hecho efectiva en el juzgado- contenía datos importantes de la investigación del caso Lezo. En su resolución, el instructor hacía suyas las revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que acusaban a González de haber amañando las obras del Golf del Canal para adjudicárselas a dedo a la constructora ACS. A cambio, el grupo de Florentino Pérez habría abonado comisiones ilegales tanto al presidente, como a su hermano y su cuñado.

García Castellón recuerda en su auto que el proyecto inicial para el solar de la instalación, aprobado en 2003, previó la construcción de un parque con un estanque ornamental, un campo de fútbol al aire libre y un pequeño helipuerto. Ese proyecto fue adjudicado a ACS. Pero en 2006, ya con Ignacio González como presidente del Canal y vicepresidente de la Comunidad, esos planes iniciales se sustituyeron por el finalmente construido, eliminando el helipuerto, e incluyendo dos campos de fútbol, ocho pistas de pádel y un campo de prácticas de golf.

"Cuando en el año 2006 el ente público Canal de Isabel II presentó el proyecto modificado, debió realizar una nueva licitación pública de dicho contrato ya que no puede considerarse una mera modificación no sustancial" del contrato inicialmente adjudicado al grupo de Florentino Pérez, explica el juez en su resolución. En realidad, esa modificación, según el instructor era "un proyecto totalmente nuevo o una modificación sustancial del anterior proyecto". Y sigue: "No consta que se hiciese esa nueva licitación".

Tecnoconcret, una "sociedad instrumental"

Y ese nuevo concurso no se convocó porque, según el auto, González, su hermano Pablo, su cuñado Juan José Caballero Escudier, el exgerente del Canal Ildefonso de Miguel y el socio de todos ellos José Antonio Clemente Martín, se pusieron de acuerdo para que las obras las ejecutara de manera ilegal ACS "en unas condiciones económicas que eran perjudiciales para el patrimonio de la Comunidad de Madrid". ¿El método? Una empresa pantalla denominada Tecnoconcret a través de la cuál se cobrarían las comisiones ilegales pagadas por la constructora.

Tecnoconcret fue creada el 26 de mayo de 2003, solo 12 días después de que se adjudicara el contrato inicial -luego modificado para construir el campo de golf- al grupo de Florentino Pérez. Su actividad, según el Registro Mercantil, era la "realización de servicios técnicos" en obras y proyectos así como la "ejecución de trabajos de ingeniería, montajes, conservación de instalaciones...". Pero en realidad, según García Castellón era únicamente una "sociedad instrumental" sin experiencia en el sector, sin estructura empresarial, sin "cartera de clientes" y solo con tres trabajadores.

Pese a ello, Tecnoconcret fue subcontratada por ACS para la ejecución de las obras de las instalaciones deportivas. Esa subcontrata se firmó "con pleno conocimiento de que se trataba de una sociedad instrumental" y "constando documentación en la causa que acredita que la designación de esa mercantil se hizo por orden del Canal de Isabel II", dirigido en ese momento por Ignacio González e Ildefonso de Miguel. En total, en los años 2006 y 2007, ACS pagó a esa sociedad algo más de 3,2 millones de euros, de los cuales 578.474 euros fueron a parar a los bolsillos de González y su entorno. "Este importe fue la cantidad que ilícitamente se apoderaron los investigados en la ejecución de la obra", mantiene el juez en su resolución.