El juez continúa mañana interrogando a 17 imputados por el cerco al Parlament

Madrid, 10 oct.- El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco continúa mañana tomando declaración a diecisiete de los veinte imputados por su supuesta implicación en los actos de acoso a diputados del Parlamento catalán el pasado 15 de junio, después de que los otros tres jóvenes implicados declararan la semana pasada.

Velasco, que acusa a todos los imputados de un delito contra las instituciones del Estado, comenzará los interrogatorios a partir de las diez de la mañana.

El pasado viernes, el magistrado tomó declaración a los otros tres imputados y les impuso comparecencias quincenales y les obligó a facilitar la dirección de su domicilio habitual y un teléfono de contacto.

El informe de los Mossos d'Esquadra sobre el bloqueo al Parlament del 15 de junio describe a 46 personas implicadas en el acoso a una decena de diputados catalanes, entre ellos al propio presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a los exconsellers Montserrat Tura, Ernest Maragall y Salvador Milà, si bien sólo han podido identificar a 20, que son los que ha imputado el juez de la Audiencia Nacional.

Previsiblemente, los diecisiete imputados aceptarán mañana responder sólo a sus defensas y se negarán a contestar a la fiscal Teresa Sandoval y al abogado de la acusación popular, al igual que hicieron la semana pasada sus otros tres compañeros, quienes dijeron que no usaron "métodos de violencia, coacción e intimidación" en sus protestas "por los recortes" del Gobierno catalán.

Según explicaron fuentes jurídicas, los jóvenes se reconocieron en las imágenes aportadas por los Mossos d'Esquadra sobre el cerco a varios diputados que pretendían acceder a la Cámara catalana para el debate de los presupuestos autonómicos, aunque precisaron que no se les aprecia una actitud violenta ni enfrentamiento o contacto físico con los diputados, como ellos mismos aseguraron ante el juez.

El juez Velasco imputa a los detenidos un delito contra las altas instituciones del Estado castigado en el Código Penal con entre tres y cinco años de cárcel, mientras que el sindicato ultraderechista Manos Limpias presentó una querella por estos hechos por ese mismo delito además de los de sedición y coacciones y amenazas.