Miércoles, 18.07.2018 - 13:01 h
Tres años después de la sentencia

El juez da permiso para salir de la cárcel a condenados por el saqueo de Marbella

Anticorrupción impugna las salidas del exedil de Hacienda y el gerente de varias empresas porque no han pagado indemnizaciones de hasta 37 millones  

Fotografía Julián Muñoz
El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, junto al exasesor de urbanismo municipal Juan Antonio Roca, en el banquillo. / EFE

Tres años después de que el Tribunal Supremo rebajara algunas de las penas impuestas por el caso Saqueo II -el expolio de unos 70 millones de euros por el Grupo Independiente Liberal (GIL) en el Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 1999- algunos de los condenados han comenzado ya a disfrutar de sus primeros permisos para salir de la cárcel. Se trata del exconcejal de Hacienda Rafael González Carrasco y del exgerente de varias de las empresas municipales a través de las cuáles se articuló el fraude, Antonio Calleja Rodríguez, condenados respectivamente a seis años y tres meses y a cuatro años de cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos y contra la Seguridad Social. La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la medida.

Las salidas han sido propuestas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y aprobadas por el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro. Sin embargo, Anticorrupción los ha recurrido ante la Sala de lo Penal cuya decisión final se espera para los próximos días. La Ley General Penitenciaria permite estos permisos para todos aquellos reclusos que hayan cumplido un cuarto de la pena y no hayan mostrado mala conducta en prisión. Se trata de los dos factores en los que se basan Prisiones y el magistrado para concederlos. Estas salidas, preparatorias para “la vida en libertad”, pueden durar hasta siete días y en total no pueden superan los 18 días por semestre.

37,7 millones de indemnización

Aparte de sus condenas de prisión, la sentencia les impuso importantes indemnizaciones por los daños causados por los delitos por los que fueron condenados. Calleja, junto con otros condenados, afronta de manera solidaria 37,7 millones de euros, mientras que en el caso del exconcejal González Carrasco, esa deuda asociada a la cárcel es de algo más de 2,5 millones. Este último, que ocupó varios puestos en la Junta de Gobierno marbellí bajo mandato Jesús Gil, ya cumplió anteriormente otra condena de tres años por delitos urbanísticos en el caso Proinosa, que castigó a varios regidores por autorizar viviendas en zonas verdes de la ciudad.

Esas cantidades, hasta el momento, no se han pagado. Ese es uno de los argumentos por los que Anticorrupción ha solicitado a la sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional (la que se ocupa de los temas penitenciarios) que se revoquen sus salidas. El Ministerio Público sostiene además que no consta que ninguno de los dos condenados se hayan arrepentido de sus delitos, y que los hechos por los que se juzgó a ambos fueron de extraordinaria gravedad y causaron una gran alarma social.

Fondos con destino desconocido

El caso Saqueo II investigó y juzgó la decisión del Ayuntamiento de Marbella, bajo el mandato de Jesús Gil, de externalizar todas sus áreas locales en empresas públicas que se financiaban con transferencias de fondos procedentes de las arcas municipales. El destino de muchas de estas transferencias todavía hoy se desconoce. Otras se dedicaron al propio beneficio de los condenados. Los movimientos de dinero se justificaron en muchos casos con contratos simulados y facturas falsas. Los principales condenados -13 en total- fueron el exalcalde Julián Muñoz y el exasesor de urbanismo Juan Antonio Roca.

Carrasco, como concejal de Hacienda, autorizó varios de estos traspasos (13 en total) por deudas ficticias de acuerdo con el entonces también concejal y teniente de alcalde Julián Muñoz y otros condenados. En el caso de Calleja, como gerente de varias de esas empresas municipales, accedió a pagar con fondos de esos organismos por proyectos que jamás se realizaron falsificando contratos y facturas para justificar las salidas de dinero de decenas de millones de euros públicos.

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