Da un plazo de cinco días 

El juez da un aviso a las partes en BBVA para continuar la instrucción o cerrarla

Pide que informen sobre si quedan diligencias por practicar o si consideran que la pieza está lista para su posible enjuiciamiento. La Fiscalía Anticorrupción avisó que presentará un escrito solicitando más pruebas.

Edificio de la sede de BBVA en Madrid, conocido como ‘La Vela’, a 22 de abril de 2021, en Madrid (España). La dirección de BBVA ha planteado el despido de 3.798 personas y el cierre de 530 oficinas. La compañía encuadra estos despidos en un procedimiento basado en motivos productivos y organizativos derivados de la transformación digital, según han señalado fuentes de la negociación consultadas por Europa Press.
22 ABRIL 2021;BBVA;DESPIDO;ERE;MADRID
Isabel Infantes / Europa Press
  (Foto de ARCHIVO)
22/4/2021
Edificio de la sede de BBVA en Madrid
Europa Press

La fecha de caducidad de la pieza del caso 'Tándem' centrada en los presuntos espionajes que realizó el comisario jubilado José Manuel Villarejo para el banco BBVA a lo largo de 13 años se acerca y el juez de la Audiencia Nacional encargado de esta instrucción, Manuel García Castellón, quiere saber si debe seguir indagando en estos contratos o bien tiene que dejar ya el caso listo para su posible enjuiciamiento. Para ello, ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de partes personadas si creen que quedan diligencias pendientes de practicar y, por lo tanto, debe acordar una prórroga de, al menos, seis meses para mantener abierta esta línea de investigación.

Los contratos del BBVA con Villarejo llevan investigándose desde principios del año 2019, cuando el juez de la Audiencia Nacional abrió la novena pieza del caso 'Tándem', si bien con la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) en julio de 2020, todas las causas penales que se encontraban en los juzgados de instrucción pusieron el contador a cero. Así ocurrió con la relativa al BBVA, y con todas aquellas piezas de la macrocausa que estuvieran en curso en ese momento y no sujetas al secreto de sumario, cuya fecha tope se fijó en el próximo 29 de julio.

Ante la cercanía de dicha fecha, el magistrado instructor, a través de una diligencia de ordenación del Letrado de la Administración de Justicia, firmada el pasado 21 de junio y a la que ha tenido acceso La Información, da un plazo de cinco días para que el Ministerio Público, el resto de acusaciones y defensas "manifiesten lo que a su derecho convenga en relación a la prórroga de la instrucción de la pieza separada de investigación".

Todo apunta a que los fiscales solicitarán más tiempo para seguir analizando los contratos que se firmaron entre 2004 y 2017, y por los que el agente encubierto habría recibido 10,2 millones de euros por investigar a empresarios, políticos y periodistas. En un escrito del pasado 27 de mayo, en el que informaban sobre la pertinencia de una serie de diligencias solicitadas por el investigado Antonio Béjar, exdirector de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA, o el exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas, personado en la causa como perjudicado de los trabajos de Villarejo, ya avisaba que se está ante "una instrucción que aún le restan diligencias por practicar, entre otras, las que serán interesadas en escrito aparte".

A esto se suma que algunos de los exdirectivos de la entidad financiera imputados en la causa tienen intención de pedir al juez García Castellón una segunda oportunidad para aclarar su presunta implicación en los presuntos encargos al comisario jubilado. Se trata de aquellos investigados que se acogieron a su derecho a no declarar alegando que la causa estaba bajo secreto de sumario. Fuentes jurídicas consultadas por este diario aseguran que la defensa del exjefe de Regulación y Control Interno del BBVA Eduardo Arbizu ya ha decidido pedir declarar voluntariamente . Otros, como Eduardo Ortega, el que fuera responsable de los servicios jurídicos del banco, esperan a ver qué nuevas diligencias pide la Fiscalía para estudiar si vuelven a comparecer en sede judicial.

Fiscalía apoya investigar el asalto a la CNMV

Por otro lado, la defensa de Arenillas, Almudena Peleteiro, presentó dos escritos al juez solicitando que investigue si el allanamiento en la sede del organismo regulador en 2005 tiene alguna relación con los trabajos de Villarejo. En este sentido, pidió que requiriera a la CNMV toda la información que tiene sobre la identidad empleada por las dos personas que accedieron sin autorización y con documentación falsa en las oficinas durante apenas 15 minutos. Asimismo, interesó que se oficie a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que identifiquen a los agentes encargados de realizar las labores de contravigilancia que se realizaron sobre el exvicepresidente de la CNMV entre 2004 y marzo de 2005, tras ser alertado de que estaba siendo objeto de seguimientos.

El juez aún tiene que decidir si acepta estas solicitudes o las rechaza. Anticorrupción no se ha opuesto a su práctica al entender que pueden ser de utilidad para la instrucción. Sobre el requerimiento a la CNMV, la Fiscalía considera que es "entendible si lo que se persigue es aportar datos para el eventual perjuicio sufrido por Carlos Arenillas, a efecto de la cuantificación de la posible responsabilidad civil". Asimismo, apoya conocer cuál fue el resultado de la investigación sobre la intrusión con el fin de determinar qué consultaron los asaltantes e incluso su identidad, aunque advierten que este último aspecto es algo "poco probable".

En cuanto al requerimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Anticorrupción afirma en su escrito que "cumple los requisitos de pertinencia, utilidad y necesidad", ya que guarda relación con los hechos relativos a las vigilancias denunciadas por Arenillas y permitiría conocer si los agentes encargados llegaron a identificar a las personas "mandadas" por Cenyt, empresa de Villarejo, para efectuarlo. "Es una diligencia que no puede posponerse al acto de un eventual plenario", subraya el Ministerio Público, que apunta que la reclamación de la identidad de las personas que llevaron a cabo las contravigilancias debería ir dirigido directamente al Ministerio del Interior, ya que de dicho departamento dependen los dos cuerpos que podrían haber intervenido.

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