El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz no puede terminar la causa sobre las supuestas donaciones finalistas al PP. Aún tiene que recibir unos informes encargados, hace más de un año, a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) acerca de las obras públicas que varios ministerios del último Gobierno de José María Aznar adjudicó a empresarios que aparecían en la contabilidad paralela de los 'populares', controlada por el extesorero Luis Bárcenas. Por ello, el magistrado instructor ha dado un ultimátum a los inspectores de Hacienda para que remitan cuanto antes sus conclusiones y así poder decidir si archiva este procedimiento derivado de los casos 'Gürtel' y caja 'b' de la formación política o propone llevar a juicio a alguno de los investigados.
Lo cierto es que las pesquisas de esta subpieza de la investigación que adoptó el nombre técnico "UDEF-BLA 22.510/13", y que en verdad hace referencia a los conocidos 'papeles de Bárcenas', se dieron por finiquitadas en julio de 2021. Sin embargo, el juez Pedraz no se pronunció sobre posibles procesamientos o si, por el contrario, devuelve la causa al cajón en el que se encontraba hasta 2017. El anterior titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata -ahora en Eurojust-, reabrió el caso en dicha fecha después de que el líder de la Gürtel, Francisco Correa, revelara que él intermedió ante los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente para que determinados empresarios lograran adjudicaciones, a cambio de un "dos o tres por ciento" de comisión.
Con esta afirmación, la Audiencia Nacional puso en marcha toda su maquinaria y reanudó las pesquisas para indagar en la existencia de unas donaciones finalistas al PP. Cuatro años después, el juez Pedraz, ya al mando del juzgado de instrucción, consideró que se habían practicado suficientes diligencias y acordó el fin de la investigación. De este modo, justificó su rechazo a recabar nuevas pruebas solicitadas por la Abogacía del Estado, como las agendas oficiales de los ministros de Fomento de la 'era Aznar'.
No obstante, el instructor no tiene a su disposición toda la documentación. La IGAE tiene que hacerle llegar todavía un análisis sobre los contratos públicos que se concedieron a Constructora Hispánica, representada entonces por su expresidente Alfonso García Pozuelo-Asins, quien ha confesado en varios de los juicios de la trama 'Gürtel' las irregularidades en las adjudicaciones y el pago de mordidas. Por ello, el juez ha remitido un "oficio recordatorio" al órgano de control dependiente del Ministerio de Hacienda, "visto el tiempo transcurrido desde que se encomendó la elaboración de informe", según se desprende de una providencia firmada el pasado 12 de septiembre, a la que ha tenido acceso La Información.
La UDEF puso el foco en 23 contratos
Según han informado fuentes jurídicas a este diario, el retraso de la IGAE para presentar sus últimas conclusiones se debe a un cambio interno de expertos designados a este caso, por lo que los nuevos peritos han necesitado tiempo para conocer el asunto. No obstante, el magistrado habría entendido que los funcionarios ya se encuentran en condiciones para realizar el examen, lo que ha motivado el envío del mencionado "recordatorio". El informe se solicitó después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional solicitara al juez instructor, en noviembre de 2020, poder investigar la relación de las donaciones que habría hecho García Pozuelo-Asins, según las anotaciones en la contabilidad 'b' que manejó Bárcenas, con 23 adjudicaciones otorgadas por Fomento, Interior, Defensa, Educación y Medio Ambiente, entre los años 2000 y 2004, por casi 600 millones de euros.
Precisamente Bárcenas ha sido una de las personas clave en toda esta historia. En julio de 2021, cumpliendo ya la pena de prisión de 29 años y un mes por la primera época de la trama Gürtel y esperando entonces a conocer la sentencia de la Audiencia Nacional por la caja 'b' del partido -que finalmente le condenó a otros dos años de cárcel y al PP al pago de 123.669 euros como responsable civil subsidiario por financiar las obras de la sede del partido con dinero negro- declaró ante el juez Pedraz, tras manifestar su intención de tirar de la manta y contar todo lo que sabía. El extesorero afirmó que los ministros de Fomento y Medio Ambiente, y sus secretarios de Estado, durante el último mandato de Aznar estaban al tanto de que algunos empresarios hacían donaciones a cambio de conseguir obras públicas, según indicaron fuentes jurídicas presentes en la declaración.
Una "suerte de lobby", afirmó el que fuera encargado de llevar las finanzas de los 'populares', pero sin poder aportar ninguna prueba de lo manifestado, ya que, según insistió el también exsenador, la 'operación Kitchen' le robó toda la documentación. Así, recordaba que fue víctima de un operativo parapolicial montado en 2013 para sustraerle toda la información comprometedora sobre el PP. Unos hechos que han sido investigados también por la Audiencia Nacional, en el marco del 'caso Villarejo', y que han terminado con el procesamiento de la entonces cúpula policial y del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, entre otros.
Modificación del contrato
Cabe destacar que, antes de que la IGAE comunicara el cambio de expertos, el juez Pedraz recibió, a finales de diciembre de 2021, un informe que se hizo llegar a través del fiscal Anticorrupción encargado del caso, el teniente fiscal Antonio Romeral. Se trataba de una adjudicación del Ministerio de Medio Ambiente en marzo 2003, por el importe de 1,4 millones de euros, para la recuperación y restauración de las Marismas del Joyel en la Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja (Cantabria).
En dicho documento, los expertos de Hacienda señalaron que Constructora Hispánica obtuvo la "puntuación más alta entre las diez empresas admitidas", pese a que no contó con el apoyo de la representante de la Intervención Delegada, que consideró "insuficientes" los informes que presentó dicha empresa sobre la "valoración de soluciones de carácter técnico" y que el importe ofertado era superior a otros candidatos. Asimismo, la IGAE también puso de relieve que, meses después, el contrato sufrió modificaciones autorizándose gastos adicionales -por cambios en el proyecto y mediciones adicionales-, llegando a ejecutarse la obra finalmente por 1,6 millones de euros.
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