El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral y sienta en el banquillo a 20 personas por delitos electorales, falsedad en documento mercantil, y delitos contra la Hacienda pública por las piezas uno, dos y seis que investigan la trama Gürtel de Valencia.
Los hechos que se juzgarán en esta pieza se centran en la financiación del Partido Popular de Valencia entre 2007 y 2008, y concretamente el delito electoral se acota a las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.
Entre los 20 acusados figuran los responsables de Orange Market y otras empresas del grupo Correa, como Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, así como cinco excargos del Partido Popular en esa comunidad, como Ricardo Costa y Vicente Rambla. También un grupo de empresarios radicados en la Comunidad Valenciana que pudieron financiar, en connivencia con Orange Market, al partido de Mariano Rajoy.
El juez considera que sufragaban pagos de servicios adeudados por el PP valenciano a Orange Market, mediante contratos "que presuntamente no tendrían una sustantividad real a modo de contratación de servicios". Estas empresas, según explica el auto, pertenecían a grupos empresariales beneficiarios de contratos con la Administración pública Valenciana.
La investigación de todos estos años permite concluir, según De la Mata, la existencia de una forma de pago de carácter dual por parte del Partido Popular valenciano, abonándose parte de los mismos con dinero oficial (denominado Alicante en algunas conversaciones y documentos) y otra parte, presuntamente, en dinero "con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial (dinero en `B´ denominado Barcelona, estas cantidades engrosarían la denominada Caja B Orange Market y la del grupo)".
En el desarrollo de esas campañas electorales, según explica De la Mata, los acusados no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista legalmente.
Con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, " los acusados integrados en el PPCV, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros. En ambos casos, tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad".
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