El juez de 'Lezo' no ve delito en la gestión de Aguirre en las adjudicaciones del Canal

  • El instructor no atiende la petición de la acusación que solicitó citarle como investigada por el proyecto del campo de golf. 
Esperanza Aguirre durante los actos del Dos de Mayo
Esperanza Aguirre durante los actos del Dos de Mayo
EFE

Tras el archivo de la causa para el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, ahora el magistrado al frente del caso Lezo, Manuel García Castellón, deniega también exigir responsabilidades penales a Esperanza Aguirre por las adjudicaciones del Canal de Isabel II. De este modo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 descarta citarle como investigada en el marco de esta investigación que se sigue en la pieza segunda de la macrocausa. 

El magistrado responde de manera contundente a la petición formulada por la acusación que ejerce el PSOE. El partido razonó que pedía su imputación en base al criterio mantenido por el primer fiscal anrticorrupción al frente del caso Lezo, Carlos Yáñez, si bien el juez explica ahora que esa postura no figura de manera formal en la causa. Por ello asegura que se trata de una base "irreal" e insuficiente para imputar a Aguirre por la adjudicación del proyecto del campo de golf de Chamberí en el año 2007 y que fue a parar al consorcio Green Canal Golf. 

El mismo estaba participado por la empresa Tecnoconcret; mercantil administrada por Pablo González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González. Las acusaciones sostienen que no se cumplió la normativa de cara a favorecer que la adjudicación de este ambicioso proyecto fuera a parar al hermano del exmandatario regional. No obstante, Aguirre negó cualquier irregularidad durante su intervención en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. "Yo no hice trampas", dijo entonces. 

Sin indicios nuevos

García Castellón razona que las acusaciones no han aportado "ningún elemento indiciario nuevo" contra la entonces presidenta del Ejecutivo madrileño de cara a probar su implicación en estos hechos que serían constitutivos de prevaricación administrativa. Además explica que el acuerdo del Consejo de Gobierno con fecha de 18 de enero de 2007 que dio el visto bueno a esta adjudicación fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2010 y dos años después por el Tribunal  Supremo. 

La acusación popular había solicitado además la imputación de los entonces consejeros Mariano Zabia, Salvador Victoria, María Jesús Villamediana, Domingo Menéndez así como de los miembros del Consejo de Gobierno por esta licitación la cual, de acuerdo con el magistrado que comenzó instruyendo la causa Eloy Velasco, se concedió al consorcio participado por el hermano de Ignacio González pese a que otras propuestas obtuvieron una puntuación más alta. 

Directivos del Canal niegan presiones

Sobre este asunto fueron preguntados en sede judicial recientemente los exdirectivos del Canal ldefonso de Miguel y Adrián Martín. Ambos negaron haber recibido presiones por parte de Aguirre o de Ignacio González, vicepresidente regional en el momento de los hechos, de cara a favorecer esta adjudicación. Los investigados, no obstante, sí admitieron que la idea de creación de este ambicioso proyecto -que incluía inicialmente la construcción de más zonas verdes y de un helipuerto- partió de Aguirre; hechos que nunca negó la también expresidenta del PP madrileño. 

La decisión del instructor se produce apenas días después de que archivara la causa abierta contra Gallardón, Manuel Cobo o Ignacio González, entre otros, por la compra presuntamente irregular por parte del canal de Inassa en 2001. Tras terminar las diligencias de esta parte concreta del procedimiento, el juez concluyó que los hasta ahora acusados no fueron conocedores del sobreprecio que se pagó por parte de la empresa madrileña en esta operación. No obstante procesó a otras 22 personas implicadas en el caso amparándose en el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la cual, a su vez, se basó en un informe de Hacienda para determinar que el Canal pagó como mínimo 24 millones de dólares de más por la compra de la colombiana. 

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