El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido dejar en prisión al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, al exconseller de Interior Joaquin Forn y a los líderes de ANC y Òmnium Cultural, y fijar fianzas de 100.000 euros para los otros seis exconsellers: Romeva, Bassa, Mundò, Rull, Turull y Borràs. Fianzas que al mediodía ya han abonado ambas asociaciones.
Los exconsellers de la Generalitat Raül Romeva, Carles Mundó, Josep Rull y Jordi Turull han salido a las 18,33 horas de la prisión de Estremera (Madrid) tras pagar las fianzas que les impuso el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Un grupo de familiares y una delegación de diputados, senadores y cargos de ERC y del PDeCAT les recibieron entre aplausos a su salida del centro penitenciario, en el que ingresaron el 2 de noviembre por supuestos delitos de sedición, rebelión y malversación en relación con el proceso independentista en Cataluña.
Los exconsellers han salido de prisión andando y han devuelto los aplausos a quienes han ido a recibirles, con quienes se han abrazado antes de dirigirse a los vehículos en los que han abandonado el lugar entre gritos de "libertad" y "visca Catalunya".
Los cuatro son candidatos a las elecciones del 21 de diciembre, cuya campaña electoral comienza en la medianoche de este lunes.
Entre quienes han ido a recibirles estaba la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y los portavoces de ERC y PDeCAT en el Congreso, Joan Tardá y Carles Campuzano, respectivamente, quienes antes fueron a recibir a las exconselleres Dolors Bassa y Meritxell Borrás a su salida de Alcalá Meco.
La juez instructora de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó su ingreso en prisión tras interrogarles cuando llevaba la causa relativa a la declaración unilateral de independencia (DUI) de Cataluña, el pasado 27 de octubre.
Los exconsejeros se encontraban en prisión provisional desde el pasado 2 de noviembre, día en el que declararon ante la juez instructora de la Audiencia Nacional Carmen Lamela como investigados por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Los representantes de las asociaciones catalanas están encarcelados desde el 16 de octubre, cuando, también, comparecieron ante la misma magistrada, pero por el delito de sedición, en relación a los acontecimientos que tuvieron lugar el 20 y 21 de septiembre ante la Consejería de Economía de la Generalitat en Barcelona.
Una vez que el magistrado decidió acumular todas las causas abiertas por el 'procés' -dejando sólo las actuaciones del que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana, investigados por los mismos hechos que Sànchez y Cuixart- los querellados solicitaron declarar para convencer al magistrado del supremo para que modificara estas medidas cautelares y les dejara en libertad.
Sobre el riesgo de fuga
En relación con el riesgo de fuga, Llarena lo descarta porque cuentan con un profundo arraigo personal, laboral y social, así como disposición para atender los llamamientos judiciales que se les han cursado hasta ahora.*
No obstante, considera que la situación de los exconsellers y de los líderes de ANC y Ómnium es similar a la que apreció en el caso de los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, en cuanto que su aportación al delito se situaría en principio en un plano de principalidad equivalente al que ofrecía el comportamiento de la presidenta Carme Forcadell.
"Lesividad" de sus aportaciones al 'procès'
Sin embargo, respecto a la reiteración delictiva, el magistrado distingue entre la actuación de los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, cuya aportación se limitó a desatender cuantas decisiones judiciales se habían dictado, y la actuación de los 10 querellados, en los que el juez aprecia un juicio razonable de riesgo de reiteración delictiva, por la "lesividad" que puede acompañar a la reiteración de sus aportaciones.
Individualiza las actuaciones de los querellados
El juez individualiza las actuaciones de los querellados y, en el caso de Junqueras, Forn, Sanchez y Cuixart, entiende que "sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella". En ese sentido, recuerda varias actuaciones violentas como el "asedio" por decenas de miles de personas a una comisión judicial que registraba la Consejería catalana de Economía en Barcelona.
"El riesgo de reiteración de sus conductas --añade el magistrado-- impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela, a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no sólo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física", expone el auto.
En estos cuatro investigados, concluye Llarena, el riesgo de reiteración delictiva "refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad".
Constatar si el cambio de voluntad es "verdadero y real"
El peligro, según el juez, no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial de evaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan mendaces, "sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real".
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