El juez del caso Invercaria toma hoy declaración al directivo denunciante

Sevilla, 17 jul.- El juez que investiga presuntas irregularidades en la empresa pública andaluza Invercaria tomará declaración hoy a Cristóbal Cantos, un exdirectivo que denunció haber sido despedido por negarse a elaborar informes falsos sobre las inversiones.

La comparecencia se produce dentro de la investigación que el juez de instrucción 16 realiza en torno a la inversión de 1.694.018 euros en la empresa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), que según el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía se produjo pese a que "el producto ha sido reconocido como absolutamente fallido por todos los implicados".

El juez ya ha tomado declaración dentro de estas diligencias, como imputados, a la expresidenta de Invercaria Laura Gómiz, al analista Manuel Rodríguez y a seis responsables o socios de esa empresa de ferias virtuales.

Cristóbal Cantos es un exdirectivo de Invercaria que denunció a Laura Gómiz por presionarle para elaborar informes falsos sobre las empresas en las que invertía esa empresa pública de capital riesgo andaluza.

En junio pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazó declarar nulo el despido de Cantos como director de Promoción de Invercaria y aseguró que él mismo contribuyó a "encubrir" ayudas irregulares.

La Sala de lo Social del TSJA confirmó entonces la sentencia previa del juzgado Social 2 que declaró improcedente el despido de Cantos pero no nulo y, en consecuencia, le negó una indemnización de 300.000 euros.

El alto tribunal andaluz fue más allá y dijo que las grabaciones aportadas por Cantos al juicio -en las que Gómiz presuntamente le presionaba para hacer informes falsos- son "una prueba hecha a la carta por el recurrente" para "tratar de obtener la respuesta deseada formulando la pregunta precisa".

Junto a los ocho imputados, el juez también tomó declaración como testigos a los auditores de la Cámara de Cuentas que analizaron Invercaria, uno de los cuales aseguró que la sociedad de capital riesgo no cumplía los procedimientos legales y que no observó procedimiento alguno para la concesión de los incentivos porque "cada uno era de su padre y de su madre".

Tampoco existían comprobaciones posteriores de las inversiones, según aseguró al juez.