El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno sigue estrechando el cerco sobre la trama criminal dedicada a la estafa de entidades bancarias e inversores privados, cuyo liderazgo se sitúa en el productor de televisión José Luis Moreno. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 rastrea los diferentes movimientos que el ventrílocuo habría realizado para financiar sus actividades y ha puesto bajo lupa a la productora Integral Mundox, empresa que el humorista utilizó para 'vender' una nueva serie en 2017 y eludir así el veto que RTVE le impuso por sus deudas con la Agencia Tributaria. Por ello, el magistrado ha acordado el embargo de los derechos de crédito que dicha sociedad tenía frente a la televisión pública con motivo del contrato que se firmó.
En un auto con fecha del pasado 15 de diciembre, al que ha tenido acceso La Información, el magistrado que investiga el denominado 'caso Titella', adopta esta medida cautelar ante la "existencia de indicios racionales de criminalidad" relacionados con esta productora, cuyo administrador era el investigado Raúl Pontvianne Herrador. Según señala la resolución, la organización criminal encabezada por Moreno, junto a Antonio Aguilera y Antonio Salazar, cada uno de ellos con roles definidos, habría hecho uso de "empresas pantalla, administradas todas ellas por testaferros", sobre las que se ha constatado que "gran número" de ellas "carecen de actividad real".
En el listado se encontraría Integral Mundox, que en 2017 convino con Amiguetes Entertainment, la productora del actor Santiago Segura -quien no está investigado-, para el rodaje de la serie con el título 'Aquí mando yo y punto...com". El 23 de noviembre de ese año, ambas mercantiles firmaron un contrato con RTVE por el coste de 6,2 millones de euros para la "producción, grabación y entrega" de 26 capítulos de la comedia que nunca llegó a emitirse, ya que nada más ponerse Rosa María Mateo al frente de la Corporación, como administradora única provisional, decidió cancelar este contrato, al considerar que este tipo de ficción no encajaba en el proyecto que tenía en mente. Cabe destacar que en ese momento, José Luis Moreno no tenía el 'visto bueno' del ente público para trabajar con ellos, debido a sus numerosas deudas con Hacienda, por lo que habría utilizado la empresa administrada por Raúl Pontvianne Herrador para llevar a cabo dicha producción.
Así, ante las sospechas de que esta productora 'tapadera' sirvió para "financiar las actividades del productor" de manera fraudulenta, el juez Moreno, tras recabar el informe de la Fiscalía Anticorrupción, acuerda el embargo de la suma de los derechos de crédito que Integral Mundox ostente frente a RTVE con motivo de este contrato, "al objeto de garantizar responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse procedentes". De este modo, pide a la Corporación de radiotelevisión que ingrese las cantidades correspondientes a este acuerdo en la cuenta de consignaciones del juzgado de la Audiencia Nacional.
Grandes cantidades de dinero
El juez explica en su auto que, a través de las distintas intervenciones telefónicas que se han realizado en la investigación, cuya operación policial estalló el pasado mes de junio con la detención del expresentador de televisión y de otras 50 personas más, se ha observado que los distintos eslabones de la trama "movían grandes cantidades de dinero en efectivo", aproximadamente cifras cercanas al millón de euros "cada 15 o 20 días". Según detalla la resolución, los miembros de la organización utilizaron sus numerosas sociedades para dar salida al dinero negro "efectuando ingresos de efectivo", simulando que eran "fruto de su actividad mercantil"; o llevándolo directamente a las oficinas bancarias donde había empleados colaboradores para introducirlo "en el circuito legal nuevamente".
De hecho, el magistrado instructor subraya que la trama utilizó "cualquier operativa bancaria" que le proporcionara beneficios económicos, como los créditos ICO que se han concedido a raíz de la crisis sanitaria de la covid-19, dado que, según afirmaron los propios investigados en las conversaciones telefónicas interceptadas, "son los más fáciles de conseguir" y "las entidades bancarias están deseando concederlos". Añade que la organización también solicitó líneas de comercio exterior (COMEX), pensados para la financiación de operaciones de importación y exportación, "previsiblemente para desviar los beneficios obtenidos a través de la financiación irregular de las sociedades a países extranjeros".
Con todo ello, para justificar la relación que guardaría la empresa embargada con José Luis Moreno, el juez destaca precisamente las transferencias bancarias que hay entre una de sus empresas con Integral Mundox Producciones, o con las sociedades vinculadas a los presuntos líderes de la trama, como Cristalería Peñalver, asociada a Antonio Aguilera; o Saor Publicidad y Distribuciones del Sureste Conecta, cuya administración de hecho sería llevada a cabo por Antonio Salazar. El magistrado afirma que estos movimientos demuestran que "lejos de una actividad comercial real", estas mercantiles tendrían la función de actuar "como puente de los fondos que recibían" y "enmascarar el verdadero destino del dinero", que a veces consistía en el "retorno de los fondos a las cuentas de sociedades controladas por la organización", o bien su envío a cuentas de "sociedades financieras extranjeras" ubicadas en países como Alemania, República Checa o en el paraíso fiscal de las Islas Maldivas.
Las mercantiles tendrían la función de actuar "como puente de los fondos que recibían" y "enmascarar el verdadero destino del dinero", que a veces consistía en el envío a cuentas en países como Alemania, República Checa o en el paraíso fiscal de las Islas Maldivas.
Análisis de las cuentas de Moreno
El juez asume esta conclusión que alcanzó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional después de analizar las cuentas de las sociedades que "gestiona, dirige y administra" el productor, cuya declaración a petición propia aún está pendiente de fijarse en el calendario. Los investigadores señalan en un informe que "desde el año 2017, se multiplicaron los movimientos bancarios" de la empresa Kulteperalia, los estudios de grabación que Moreno tiene en la localidad madrileña de Moraleja de Enmedio. En este punto, destacan lo llamativo que les resulta la cancelación, en marzo de ese mismo año, de un préstamo que tenía con Bankia, abonando un total de 2.401.475,34 euros.
Una cantidad que para la UDEF es "especialmente elevada, dado el escaso volumen de negocio que esta mercantil presenta en el resto de sus cuentas, en la que apenas figuran gastos por facturación o de personal". En esta línea, la unidad policial hace especial hincapié en la gran cantidad de transferencias enviadas y recibidas desde la sociedad Youmore TV, administrada por su expareja, Martin Czehmester. Según los investigadores, ello sería un indicio de que Moreno "podría utilizar ambas empresas para simular una actividad con la que justificar el volumen de capital que ambas manejan". En relación con ello, el pasado 13 de diciembre, el juez instructor de la Audiencia Nacional ordenó el embargo de la cuenta del examigo íntimo del ventrílocuo en su país natal, República Checa, debido a la venta de una casa en Praga el pasado mes de agosto, dos meses más tarde de que estallara la operación 'Titella'.
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