El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón está esperando a que los fiscales Anticorrupción del caso ‘Tándem’ presenten de forma "inminente" un escrito solicitando la declaración de la cúpula de Iberdrola para que aclare el conocimiento que tuvo sobre los presuntos pagos al comisario jubilado José Manuel Villarejo por los trabajos destinados a salvaguardar los intereses de la compañía entre 2004 y 2017. Según han informado fuentes jurídicas a La Información, a la vista del análisis que haga la Fiscalía será cuando decida si el presidente de la compañía, José Ignacio Sánchez Galán, y alguno de sus exdirectivos, como Fernando Becker, deben comparecer como investigados o solo como testigos.
Las fuentes jurídicas consultadas explican que, siguiendo los antecedentes del presidente de Repsol, Antonio Brufau, y del presidente de Fundación La Caixa, Isidro Fainé, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 debería llamar a declarar como investigado al presidente de Iberdrola para que tenga la oportunidad de contar cuál fue su participación, si es que la hubo, en la contratación de las empresas del expolicía, entonces en activo. Asimismo, recuerdan que la condición de investigado tiene mayores garantías que la de testigo, pues puede acceder a todas las diligencias, ir acompañado de su abogado a la citación judicial y tiene la opción de negarse a responder a las preguntas que considera oportunas.
De resultar imputado, Sánchez Galán se sumaría a la lista de líderes del Ibex 35 que han desfilado por la Audiencia Nacional salpicados por el caso Villarejo. Si bien es cierto que las garantías procesales son mayores en esa condición, desde el ámbito empresarial se advierte que eso sería un golpe muy duro para la reputación de la compañía y sus dirigentes, cuando apenas falta un mes para la celebración de la junta general de accionistas, el próximo 18 de junio. Desde la empresa se ha insistido en todo momento en que no hay pruebas directas que apunten a Sánchez Galán como la persona que dio las órdenes concretas de contratar al comisario. Más al contrario, recuerdan que era el expolicía quien intentaba en todo momento implicar al presidente de la entidad en sus conversaciones con el exdirector de seguridad, Antonio Asenjo, sin lograrlo.
Recientemente se ha conocido un informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional, con fecha del 12 de mayo e incorporado a la macrocausa, en el que se transcribe varios archivos de audio en los que el comisario jubilado trata de implicar a Sánchez Galán -al que se refiere como “Don Ignacio” o “señorito”- como conocedor de los encargos que Iberdrola habría hecho al Grupo Cenyt, empresa del policía. Al igual que en estos últimos casos, los servicios jurídicos de la empresa han detectado hasta once ocasiones en las que el comisario intentó implicar a Sánchez Galán en los diferentes encargos que se le hicieron.
Se trata de conversaciones grabadas por Villarejo y que éste mantuvo con el que fuera responsable de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, también imputado en esta pieza separada, relacionados con los trabajos realizados para la eléctrica. Las grabaciones fueron incautadas en las entradas y registros que se practicaron cuando estalló la ‘operación Tándem’ en noviembre de 2017 y que hasta ahora no se habría logrado extraer.
Tras estos últimos datos, las fuentes jurídicas consultadas han señalado que el Ministerio Público se encuentra en estos momentos estudiando la posibilidad de que el presidente y consejero delegado de Iberdrola pase ante el juez para explicar qué relación tuvo con la presunta contratación del agente encubierto para que realizara labores de espionaje a otras empresas como ACS o Endesa.
Asenjo desvinculó al presidente
La Fiscalía Anticorrupción y el magistrado Manuel García Castellón cuentan con la base de todos los interrogatorios practicados hasta el momento como el del también investigado Antonio Asenjo, por ser el intermediario entre Iberdrola y Villarejo. Según informaron fuentes presentes en la declaración, el exresponsable de Seguridad de la multinacional desvinculó por completo a Sánchez Galán de los encargos realizados a Cenyt por los que se pagaron alrededor de un millón de euros, según consta en las diligencias.
El juez instructor acordó abrir la decimoséptima pieza separada del caso ‘Tándem’ en octubre de 2019 tras el análisis de toda la documentación intervenida durante la operación policial por la que Villarejo fue detenido y enviado a prisión provisional durante más de tres años. Fue entonces cuando Iberdrola encargó una auditoría interna para aclarar hasta dónde llegaron las relaciones de la multinacional con la empresa del expolicía.
No fue hasta casi un año después cuando el magistrado impulsó esta línea de investigación imputando a otros directivos de Iberdrola, como el director de Riesgos y Aseguramiento Interno del grupo, Juan Carlos Rebollo; el director de Administración y Control, Pablo Insunza; y José Luis San Pedro, ex ‘número dos’ de Iberdrola y colaborador del actual presidente. En sus declaraciones, aseguraron que no tenían conocimiento de estos trabajos.
Asimismo, el juez García Castellón también decidió imputar al ex ‘controller’ de Iberdrola José Antonio del Olmo, cuyo informe hecho público en diciembre de 2019 señalaba que Sánchez Galán, vicepresidente de la compañía en la época de los presuntos encargos a Villarejo, y su equipo estaban al tanto de los pagos por los trabajos de espionaje. Por estas afirmaciones, tanto Iberdrola, que no reconoce dicho documento al no encontrarse registrado dentro de la compañía, como Insunza han presentado acciones legales contra el que fuera responsable de Control Corporativo de la multinacional.
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