El juez estudia hoy si prorroga la prisión provisional de Correa y Crespo

Madrid.- El instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, celebrará hoy una vista para decidir si prorroga la prisión provisional de Francisco Correa y Pablo Crespo, considerados los cabecillas de la red, que permanecen encarcelados desde 2009.

Pedreira había citado para que asistieran a dicha audiencia a ambos imputados, aunque Crespo ha renunciado a la posibilidad de estar presente en el trámite y el juez en una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, ha aceptado su petición.

El magistrado del TSJM, cumpliendo lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), debe revisar antes de febrero la situación de prisión provisional en la que se encuentran el considerado cerebro de la trama corrupta, Francisco Correa, y el ex secretario del organización del PP gallego Pablo Crespo, desde hace dos años.

Según la LECrim, la prisión provisional podrá durar hasta dos años atendiendo a la gravedad del delito y si la pena que se prevé imponer al acusado es superior a tres años, pudiendo prolongarse si persisten las circunstancias que llevaron a acordarla, hay riesgo de fuga o peligro de que el imputado pueda destruir pruebas o volver a delinquir.

En el caso de Correa y Crespo, ambos se encuentran en la prisión de Soto del Real desde febrero de 2009, cuando fueron detenidos por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, por lo que el plazo para revisar su situación se cumple el próximo mes.

Pedreira les imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental, y hasta ahora ha desestimado todas las peticiones de libertad planteadas por las defensas de Francisco Correa y Pablo Crespo.

En los distintos autos en los que el magistrado ha rechazado la puesta en libertad de los dos principales imputados en el "caso Gürtel", Pedreira ha insistido en que se mantienen las circunstancias exigidas por la ley para mantener la prisión provisional como son el riesgo de fuga, la destrucción de pruebas o la comisión de un nuevo hecho delictivo.