La Audiencia Nacional está pendiente de los últimos flecos para acordar el cierre de la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid. El juez encargado de instruir el caso 'Púnica', Manuel García Castellón, decidió el pasado 25 de enero que no prorrogaría la causa por más tiempo, por lo que el siguiente paso sería decretar su fin y comunicar sobre qué investigados considera que hay indicios claros de delito para que sean juzgados. No obstante, para poder llevar a cabo el siguiente trámite procesal, necesita que la Guardia Civil entregue su análisis de las facturas que el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega -condenado por la primera época de actividades de la trama Gürtel- aportó para denunciar un sistema de facturación fraudulento.
En este sentido, tan solo tres días después de anunciar que no se amplía el tiempo de investigación, el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, Joaquín Gadea, dictó una providencia, a la que ha tenido acceso a La Información, en la que se reitera a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el requerimiento de que elabore un informe sobre la documentación aportada. Dicha orden se dio en mayo de 2021, a raíz de la apertura de una nueva línea de investigación -la pieza separada número 13- en el marco de la macrocausa 'Púnica', después de que el exalcalde madrileño presentara unos correos electrónicos y unas facturas, que obran en su poder desde su etapa como gerente de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo, que acreditarían la existencia de "un sistema de facturación impuesto" para "satisfacer necesidades económicas" de la formación política regional que lideraba Esperanza Aguirre.
Sin embargo, pese a que la intención del Juzgado con la creación de una nueva pieza separada era evitar que la pesquisas sobre la presunta existencia de una caja 'b' del PP de Madrid (pieza 9) se dilataran, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó esta decisión el pasado mes de diciembre y ordenó incluir toda la documentación de Ortega -apodado por la red 'Gürtel' como 'el Rata'- al sumario ya abierto. Así, el juez García Castellón siguió las instrucciones dadas y requirió al departamento de Nuevas Tecnologías que transfiera toda la nueva documentación a la investigación que se encontraba ya en curso y que, precisamente un mes después, declaró "finiquitada".
Así las cosas, antes de que el magistrado instructor pueda dictar la resolución por la que se concluye definitivamente el procedimiento y, acto y seguido, se propone juzgar o se archiva a los investigados, necesita culminar las últimas diligencias. Entre ellas, el informe solicitado a la UCO, que debe comparar las facturas que aportó Ortega con la documentación entregada por la Comunidad de Madrid relativa a contratos y facturas de publicidad del Mercado de Puerta de Toledo. Pero también que el propio exalcalde envíe, si fuera posible, un escrito en el que explique lo que ya declaró ante el juez en julio de 2020 sobre estos presuntos contratos irregulares que tuvieron lugar entre 2006 y 2009, "con la advertencia de su derecho a no responder y no incriminarse".
Asimismo, el juez de refuerzo en su providencia señala que la Fiscalía Anticorrupción abogó por no prorrogar la causa, si bien advirtió de la necesidad de realizar una diligencia de investigación que quedaba pendiente. Entre ellas, la declaración como testigo de Blas Labrador Román, exconsejero delegado de ICM (la agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid), que sustituyó en el cargo a José Martínez Nicolás, quien dimitió del organismo tras su detención en el marco de esta macrocausa. La celebración de dicha comparecencia judicial estaba prevista el pasado 10 de febrero.
Informe de Hacienda
Por otro lado, el magistrado de refuerzo autorizó la incorporación a la causa sobre la presunta financiación paralela del PP de Madrid más documentación que el Ministerio Público adjuntó a su escrito. Según confirmó este diario, el juez García Castellón aceptó la petición de la Fiscalía de incluir en el sumario un informe de la Agencia Tributaria en 2020, en el que se aprecian irregularidades en algunas de las facturas relacionadas con la reforma de la sede regional, que ocupa una de las plantas del edificio del PP nacional, en la calle Génova de Madrid. Los peritos de Hacienda detectaron anomalías en facturas de septiembre de 2005 por el importe de 30.248,35 euros por la demolición de muros, colocación de una mampara acristalada y la colocación de un parquet, según informó Europa Press.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, ya avanzó en su auto por el que rechazó extender el plazo de investigación que no cabía ordenar nuevas diligencias de prueba porque las que ya se han recabado "son suficientes" para individualizar la presunta actuación delictiva de cada uno de los investigados, si así se hubiera cometido. En el mismo sentido se manifestó meses atrás la Fiscalía Anticorrupción.
Fuentes jurídicas señalan que, para evitar dejar algún detalle en el aire, lo previsible sería que el juez no mueva ficha hasta tener a su disposición toda la documentación que ha vuelto a reclamar antes de decidir quiénes de los imputados acaban finalmente procesados. Una decisión que esperan conocer los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre o Ignacio González o el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, que se encuentran investigados por estos hechos. Además, las mismas fuentes añaden que lo lógico también sería que, como viene siendo habitual en este tipo de procedimientos, el magistrado espere a que Anticorrupción presente un informe concretando los presuntos responsables de la financiación irregular del PP de Madrid, si bien el instructor no está obligado a ello por lo que podría dictar la esperada resolución en cualquier momento.
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