El juez imputa a la alcaldesa de Alicante por presunto trato a favor al empresario Enrique Ortiz en el plan urbanístico Rabasa

    • Sonia Castedo, junto al empresario Enrique Ortiz, responderán por los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en la adjudicación de un plan que preveía la construcción de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados.
    • Ésta es la segunda investigación judicial en la que está involucrada Castedo, ya que está imputada en la pieza separada del caso Brugal relativa al presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.
El juez imputa a Castedo por presunto trato de favor a Ortiz en el Plan Rabasa
El juez imputa a Castedo por presunto trato de favor a Ortiz en el Plan Rabasa

La alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, ha sido citada a declarar en calidad de imputada por el juez que instruye las diligencias sobre la tramitación del plan urbanístico Rabasa, que preveía la construcción de más de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados.

Según el auto del juez, facilitado este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) y contra el que cabe interponer recurso de reforma, Castedo deberá declarar como imputada el próximo 27 de noviembre ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante.

Ésta es la segunda investigación judicial en la que está involucrada Castedo, ya que está imputada en la pieza separada del caso Brugal relativa al presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

La investigación sobre la tramitación del plan Rabasa guarda relación con la denuncia presentada hace dos años por Esquerra Unida contra Castedo, su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi -también imputado en la pieza del Brugal sobre la tramitación del PGOU-, el empresario Enrique Ortiz y cinco personas más por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Entre los denunciados por esta formación política se encuentran, además, el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Enrique Sanus, una funcionaria de la Gerencia de Urbanismo, Isabel Campos, una exresponsable de la administración autonómica y dos exaltos cargos del Ministerio de Fomento en el anterior gobierno socialista.

Además de Castedo, el juez instructor del caso Rabasa, Juan Carlos Cerón, ha citado a declarar como imputados a Enrique Ortiz -adjudicatario de este plan urbanístico e imputado igualmente en la pieza del Brugal sobre el PGOU de Alicante-, a Enrique Sanus, a Isabel Campos y a los dos exaltos cargos de la administración central cuando gobernaba el PSOE.

El magistrado ha tomado esta decisión tras tener en su poder el informe completo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional sobre este caso.

Esquerra Unida sostiene que los hechos denunciados tienen conexión o vinculación con la tramitación de los procedimientos para la aprobación del plan Rabassa, el convenio de implantación de la multinacional Ikea en los terrenos de ese barrio y el presunto amaño del PGOU de la ciudad.

En el auto, el juez señala que del contenido del informe policial se desprende que durante "la tramitación del expediente administrativo objeto de investigación, y estando suspendida la ejecución del Plan Parcial de Rabasa desde el 9 de diciembre de 2009 por orden del TSJ de Valencia, el Ayuntamiento de Alicante continúa con su tramitación".

Indica que en el pleno municipal del 29 de enero de 2010 se aprobó someter a exposición pública "el proyecto de convenio entre el Ayuntamiento y las mercantiles Viviendas Sociales del Mediterráneo SL e Ikea Iberica SAU para regular las condiciones de implantación de un centro comercial en el sector Lagunas de Rabasa".

El juez afirma que "en el informe policial existen indicios de que esta actuación pudo realizarse para beneficiar los intereses del empresario Enrique Ortiz".

Señala que estos hechos podrían ser constitutivos de "los delitos de prevaricación del artículo 404 y de tráfico de influencias del artículo 428 y 429 del Código Penal".

Expone que del contenido del informe policial también se desprenden indicios de que Sanus, Campos y dos exaltos cargos de la anterior administración socialista, Emilio Peiró Miret y Francisco Javier Criado, "pudieron dar un trato de favor en el ejercicio de sus funciones" a Ortiz durante la tramitación del expediente administrativo objeto de investigación.

Para el juez, estos hechos son "indiciariamente constitutivos de los delitos de prevaricación del artículo 404 y de tráfico de influencias del artículo 428 y 429 del Código Penal".

El magistrado da traslado al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas para que informen, en el plazo de diez días, de si procede la declaración de imputados del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y de la exalto cargo de la administración autonómica y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña, en los hechos denunciadosFabra no valora una posible dimisión de Castedp

El president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha advertido de que es la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, quien debe valorar "en cualquier momento", tras su citación como imputada por el plan urbanístico de Rabasa, lo que significa para ella y para la institución su acta de concejala.

"Cada uno es titular de lo que es su acta, es personal", ha dicho Fabra a los periodistas al ser preguntado por si cree que Castedo debe dimitir tras haber sido citada a declarar como imputada por el juez que instruye las diligencias de la tramitación del plan urbanístico de Rabasa.

Preguntado por si Castedo debe dimitir, Fabra ha dicho que ahí no entra. "Yo guardo para mí lo que es mi opinión y espero que todas las personas que ostentan un cargo público, en un momento donde hay una desafección importante de los ciudadanos hacia los políticos, sean transparentes", ha afirmado.

Tras visitar el Centro de Atención Temprana de la Universidad Católica de Valencia, Fabra ha recordado que el límite que ha puesto como presidente regional del partido es que las listas electorales no incluirán a personas que estén vinculadas con temas de corrupción. "No van a repetir", ha recalcado.

"Tenemos que transmitir a la sociedad la colaboración con la justicia para que cualquier caso se pueda aclarar cuanto antes, sobre todo lo que tiene que ver con la imagen de la clase política a la hora de representar a las instituciones y la honorabilidad y responsabilidad de todas las personas que representan un cargo público", ha dicho.

Fabra ha manifestado que no ha hablado con Castedo en los últimos días y, preguntado por si cree que la alcaldesa de Alicante se enroca en el cargo, ha reiterado que en las listas electorales no habrá ninguna persona que esté imputada en casos de corrupción.

También ha disculpado que Castedo no pueda acudir a algunos actos que organiza el partido porque desempeña una alta responsabilidad como alcaldesa y tiene que dedicarse a sus vecinos.

Fabra ha recordado que le han "criticado mucho" por la "línea roja" que puso contra la corrupción en las instituciones y en su partido, "a pesar de que algunos ahora puedan compartirla".

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