El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón se reafirma en su decisión de procesar a los jefes de Seguridad de Repsol y CaixaBank por contratar al comisario jubilado José Manuel Villarejo en 2011 y arremete contra los fiscales Anticorrupción por criticar su decisión de desimputar a ambas compañías y cerrar la instrucción de esta pieza separada del caso 'Tándem'. El magistrado insiste en que la instrucción está "agotada" y que, a lo largo de los casi tres años que ha durado, se han recabado suficientes indicios para que los encargados de dichas áreas sean juzgados por un delito de cohecho activo por encargar al agente encubierto que espiara al expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero con el fin de frustrar el pacto sindicado alcanzado con Pemex para hacerse con el control del Consejo de Administración de la petrolera española.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dictado tres autos, a los que ha tenido acceso La Información, en los que desestima los recursos planteados por los que fueran director y subdirector del departamento de Seguridad Corporativa de Repsol, Rafael Araujo y Rafael Girona, respectivamente; y del responsable del mismo área en CaixaBank, Miguel Ángel Fernández Rancaño, contra el auto notificado el pasado 20 de septiembre por el que se acordaron sus procesamientos. Así, el juez confirma su decisión de atribuirles la responsabilidad última de que ambas compañías del Ibex 35 abonaran 413.600 euros al Grupo Cenyt por los servicios que el propio comisario jubilado bautizó como 'proyecto Wine'.
García Castellón explicó en ese auto de procesamiento que en el año 2011 Cenyt, el entramado empresarial de Villarejo, elaboró una serie de informes sobre Luis del Rivero; su mujer; y el jefe de Seguridad de Sacyr y antiguo director financiero de Repsol, Fernando Ramírez Mazarredo; tras acceder a información y a llamadas telefónicas que presuntamente habrían sido facilitadas por el comisario Enrique García Castaño. En este sentido, el magistrado apuntó que se trata de datos de carácter reservado a los que no se puede acceder por fuentes abiertas ni registros públicos y añadió que en ese momento no existía ninguna investigación policial en curso que justificase dicha intromisión.
Además, el juez también puso punto y final a esta pieza separada número 21 de la macrocausa sobre Villarejo, que se inició en noviembre de 2018. Una decisión que también ha ratificado en los autos con fecha de 28 y 29 de octubre de 2021, al entender que ya no quedan más pruebas por recabar. En este contexto, aunque la Fiscalía Anticorrupción ha presentado directamente un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para impugnar el cierre de la instrucción, el juez ha aprovechado estas últimas resoluciones para afear a los fiscales sus críticas sobre que la investigación de estos hechos se han cerrado "en falso" y de manera "precipitada".
La respuesta del juez
En este sentido, el magistrado responde que no quedan más diligencias por practicar, pues precisamente ya se han acordado y realizado todas aquellas que Anticorrupción solicitó en su informe por el que solicitó la ampliación del tiempo de instrucción. Por ello, destaca que "resulta llamativo" dichas afirmaciones, cuando además posteriormente no se han interesado "ninguna otra diligencia esencial o necesaria". En este sentido, el juez instructor recuerda que toda la documentación demandada a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria -en concreto a ésta última se le reclamó el denominado 'modelo 347' para comprobar el listado de clientes que contrataron a Villarejo en 2011 y 2012 por más de 3.005 euros anuales- ya ha sido comprobada, por lo que el trabajo para recabar indicios que corroboren o desvirtúen la investigación ya se ha llevado a cabo. "Desconocemos si el fiscal ha efectuado o no dicho examen, pero resulta necesario subrayar que carece de todo fundamento presuponer de forma gratuita la falta de esta valoración por parte del instructor, precisamente cuando se dicta una resolución del alcance recurrida", replica.
No es la primera vez que se da esta pugna entre Anticorrupción y juez. Los fiscales lanzaron reproches similares ante el descarte de prorrogar la investigación sobre la 'operación Kitchen', el operativo parapolicial urdido en 2013 para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas información sensible para dicha formación política, y proponer llevar a juicio a la excúpula del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. Así, valiéndose del recurso del exministro Jorge Fernández Díaz, que hizo suya la tesis de que esta pieza también se había cerrado "en falso", el juez dirigió una respuesta a los representantes del Ministerio Público. En este caso justificó su decisión de no dar más tiempo a la instrucción de la séptima pieza de la macrocausa y dejar que su plazo caducara, al asegurar que existe "un escenario fáctico que descansa con rotundidad sobre semejante andamiaje indiciario".
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