El nombre de Pablo Ruz cogió cierta popularidad a partir de 2010 cuando se convirtió en el magistrado de la Audiencia Nacional que instruyó gran parte de la trama 'Gürtel' e inició la investigación sobre la existencia de una caja 'b' en el PP. En abril 2021, el juez cambió de estrado y se pasó a la Fiscalía Europea, donde acaba de ser designado "sustituto" de la representante de España en dicho órgano, Concepción Sabadell, quien se enfrentó a la Fiscalía Anticorrupción para dirigir lo que se ha denominado como 'caso Ayuso'. En concreto, la investigación centrada en si la Comunidad de Madrid usó de manera irregular fondos Feder para la adquisición de mascarillas mediante un contrato en el que medió el hermano de la presidenta regional y líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Así se desprende de la decisión del Colegio de Fiscales Europeos del pasado 3 de junio, consultada por La Información, en el que se aprueba la propuesta de la fiscal Concepción Sabadell para que Pablo Ruz sea el encargado de reemplazarle, cuando sea necesario, durante el plazo de un año. Ello se hace de acuerdo con el artículo 16.7 del Reglamento de creación de esta fiscalía, que señala que un fiscal europeo delegado deberá ser elegido para sustituir al fiscal europeo representante de un país miembro "en caso de que éste último no pueda seguir desempeñando sus funciones o de que haya abandonado su cargo", ya sea con motivo de su destitución o ausencia por otra causa como puede ser enfermedad.
Fuentes fiscales apuntan que se trata de un mero trámite formal marcado por ley. Concepción Sabadell decidió que la designación del que se puede considerar su 'mano derecha' sea de manera anual. En este sentido, la primera fiscal delegada sustituta fue Olga Muñoz Mota, especialista en delitos económicos y una de las fiscales que se encarga del 'caso Ayuso'. Ahora ha sido elegido Pablo Ruz, con quien coincidió durante la instrucción de la macrocausa 'Gürtel'. Antes de convertirse en la representante española en la Fiscalía con sede en Luxemburgo, Sabadell fue uno de los azotes del PP en los tribunales al ser una de las fiscales Anticorrupción encargada de este caso que saltó en 2009 y que en mayo de 2018 provocó la condena a la formación política como partícipe a título lucrativo de las actividades de la red corrupta liderada por Francisco Correa.
La Fiscalía Europea empezó a funcionar el 1 de junio de 2021 y entre sus funciones se encuentra la investigación de los delitos que atenten contra los intereses financieros de la Unión Europea. En España ha estado en un segundo plano hasta que este año ha reivindicado su competencia para dirigir varias investigaciones que se han impulsado sobre las presuntas irregularidades cometidas en las adjudicaciones de servicios durante los primeros meses de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Así ocurrió el pasado mes de marzo cuando reclamó a la Fiscalía Anticorrupción las diligencias preprocesales abiertas acerca del contrato que la Comunidad de Madrid firmó con la mercantil Priviet Sportive SL -administrada por un amigo de la familia Díaz Ayuso- en abril de 2020, por el importe de 1,5 millones de euros, para la adquisición de 250.000 mascarillas FPP2 y FPP3.
Conflicto de competencia
Tras la negativa del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a entregar todas las pruebas recabadas, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tuvo que reunir a la Junta de Fiscales de Sala -órgano consultivo en materia técnica- para resolver el conflicto de competencia generado y determinó que la Fiscalía Europea sólo podría tocar lo relativo a la presunta malversación de fondos europeos, para lo que tiene competencia exclusiva. Esta decisión provocó que la fiscal general europea, Laura Codutra, saliera a defender a la división española del organismo europeo y aseguró que el criterio del Ministerio Público español era "un desafío a la supremacía del derecho de la UE". De este modo, la Fiscalía Europea siguió adelante con sus intenciones y comunicó a la Audiencia Nacional la apertura de su propia investigación para que designara un juez de garantías, tarea que finalmente recayó en el magistrado Alejandro Abascal.
Este no es el único asunto que tiene entre manos la Fiscalía Europea en España. A principios de este mes de junio, el departamento coordinado por Sabadell admitió la denuncia presentada por Unidas Podemos en relación a otros dos contratos que la administración madrileña tramitó por la vía de urgencia para la compra de material sanitario por unos 18 millones de euros. La formación 'morada' denunció estas adjudicaciones a Vin Doré 24K SL, dedicada a la comercialización de vinos espumosos con partículas de oro, y a Air Global Media, cuya actividad principal es la radiodifusión de contenidos sobre Fórmula 1 en móviles. Un asunto que también llevó ante la Fiscalía Anticorrupción, si bien no se ha dado ningún rifirrafe entre ambos departamentos investigadores, debido a que el dirigido por Luzón había ya acordado el archivo de estas pesquisas.
Otras causas
Tampoco ha habido ninguna discusión, por el momento, en relación a la denuncia que el PP liderado por Díaz de Ayuso ha presentado ante la Fiscalía Europea sobre otras contrataciones y que previamente puso en conocimiento de Anticorrupción. Se trata de los 'contratos Covid' aprobados por el Gobierno a empresas que presuntamente tienen una vinculación con el exministro de Transportes José Luis Ábalos o con el marido de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Hasta la fecha, el órgano con sede en Luxemburgo aún no se ha pronunciado sobre si admite o no esta denuncia de los 'populares' y mientras tanto el Ministerio Público continua investigando -de manera preliminar, antes de decidir si judicializa el asunto- si en ambos casos hubo irregularidades.
Además de estas causas, la Fiscalía Europea -que a diferencia de la nacional sí puede dirigir las instrucciones de las causas penales- mantiene imputado al empresario y exdirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) David Madí por presuntamente intentar influir en el reparto de los fondos Next Generation para la reactivación de la economía española tras la pandemia y desviarlos de forma irregular. Asimismo, el Tribunal Supremo le ha otorgado la competencia para aclarar si el Instituto Madrileño para Estudios Avanzados de Materiales (IMDEA Materiales) defraudó 140.000 euros de subvenciones europeas recibidos entre 2014 y 2018.
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