El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido mantener en secreto una parte importante del sumario de la investigación del 'caso Popular'. Se trata de las pruebas encaminadas a aclarar el proceso de financiación de clientes que la entidad extinta llevó a cabo para poder acometer en mayo de 2016 la ampliación de capital por más de 2.500 millones de euros. Una cuestión que sirvió para justificar la apertura de un procedimiento judicial hace cuatro años y medio, si bien las pesquisas practicadas al respecto se están aglutinando en una línea confidencial para las partes.
El entonces juez de instrucción Fernando Andreu -ahora en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional- aceptó en octubre de 2017 investigar la caída del Banco Popular y delimitó el objeto del procedimiento en dos ramas: una, sobre la ampliación de capital que se aprobó bajo la presidencia de Ángel Ron; y otra, para esclarecer si la posible filtración a la prensa de la situación en la que se encontraba la entidad bancaria en 2017 la abocó a su resolución. No obstante, ha sido el juez Calama, que llegó a la Audiencia Nacional en diciembre de 2018, quien se ha encargado prácticamente de todas las pesquisas realizadas en el procedimiento.
Tras tomar declaración a todos los exdirectivos investigados, entre los que se encuentran los expresidentes del banco Ángel Ron y Emilio Saracho; a numerosos testigos de referencia como la presidenta de la JUR Elke König, el expresidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) Jaime Ponce, el exministro de Economía Luis de Guindos, o inspectores del Banco Central Europeo (BCE); y recabar numerosos informes periciales elaborados por expertos del Banco de España; el magistrado instructor decidió centrarse en la posible financiación que el Banco Popular ofertó a determinados clientes para la compra de acciones. Lo que se pretende es aclarar es si la entidad "de forma deliberada" no restó la operación de financiación del capital regulatorio, ya que esta práctica en sí misma no es irregular, pero sí lo es contabilizar el dinero en las ratios de solvencia.
Así lo destacó el juez el pasado mes de enero en el auto por el que acordó ampliar las pesquisas al menos medio año más. Y poco después, a principios de marzo, fue cuando comunicó a las partes la formación de una pieza separada secreta para indagar en cómo se llevó a cabo la operación de financiación de clientes. En principio, el carácter secreto tendría la duración de un mes, a finalizar este 7 de abril, si bien el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha dictado este mismo martes una resolución, a la que ha tenido acceso La Información, en la que acuerda la prórroga esta condición durante otros 20 días. Ello implica que las partes personadas en la causa no puedan conocer todavía qué diligencias se están desarrollando concretamente sobre este asunto.
El juez explicó que esta parte de la investigación se haría, por el momento, a 'puerta cerrada' para evitar que se produzcan "interferencias que afectaran negativamente al buen fin" de las mismas. Un argumento que reitera para justificar el no alzamiento del secreto de las actuaciones. Para ello, el magistrado se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en 1988 ya dictaminó que no poner el sumario, durante un tiempo, al alcance de los investigados no supone "indefensión alguna", sino la "ausencia de justificación razonable" para hacerlo.
Tras un informe pericial
La decisión de abrir una nueva 'pata' en este caso se adoptó tras recibir el pasado 9 de febrero un informe pericial de los expertos del Banco de España, que dieron por bueno el trabajo que hizo el departamento de Auditoría Interna de la entidad extinta sobre la financiación de clientes para que acudieran a la ampliación de capital. En tan solo nueve páginas, los peritos afirmaron que, de la documentación analizada, se deduce que en la "práctica totalidad de estas operaciones no se indica que el destino de la financiación sea la compra de acciones". Aún así, apuntaron que, entre el 25 de mayo y 30 de junio de 2016, un total de 14.229 clientes recibieron financiación por el total de 2.366 millones de euros y que "suscribieron acciones por 702 millones de euros".
Los peritos advirtieron que la cantidad suscrita "no se puede tomar como el importe que Banco Popular hubiera debido deducir de su declaración de recursos propios computables", pues para ello habría que suponer algo "altamente improbable" como es que "todas las acciones compradas han sido financiadas". Aún así, el juez Calama puso el foco en esta cifra y motivó llevar a cabo una "investigación específica" que, según indica, "todavía no ha finalizado". Con todo ello, el magistrado de la Audiencia Nacional confía en que pronto se recaben todas las pruebas esperadas y avanza que "transcurrida esta prórroga se levantará el secreto de las actuaciones".
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