La Audiencia de Madrid ha desestimado el recurso del secretario general y secretario del consejo de administración de Telefónica, Ramiro Sánchez de Lerín, y ha ordenado que siga imputado en el caso Rato. El responsable jurídico de la compañía, según la investigación, fue quien firmó lo contratos con la sociedad Kradonara, propiedad de Rato, a través de la cual el exvicepresidente del Gobierno habría prestado servicios como consultor. Esa sociedad, según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil solo sirvió para que Rato pagara menos impuestos.
La resolución recuerda que Kradonara, una de las empresas a través de las cuales el expresidente de Bankia y ex director gerente del FMI habría cometido presuntos delitos fiscales, carece de "cualquier actividad profesional", "infraestructura, medios personales o materiales para prestar el servicio" y cuya única finalidad es "obtener ilícitamente una reducción en los impuestos" que debe pagar su titular.
"Por el contrario", continúa el auto, "la actividad y cualificación profesional del Señor Rato es sobradamente conocida". Los magistrados explican que su contrato, firmado por Sánchez de Lerín, "implicaba asistir a reuniones, dar su opinión cuando le era solicitada y percibir dietas por sus asistencias a dichas reuniones, esto es, una actividad puramente personal".
El secretario general de Telefónica fue quien representó a la compañía en las negociaciones para firmar el contrato de Rato y quién luego firmó el acuerdo de asesoramiento del exvicepresidente del Gobierno. La UCO lo descubrió por su intercambio de correos con el que fuera abogado de Rato, Domingo Plazas, que actuaba como representante de Kradonara, la sociedad patrimonial de aquel.
"Los hechos anteriores pueden constituir indicios de que el contrato suscrito entre Telefónica y Kradonara era, en realidad, un contrato simulado", mantiene la Sala, que da la razón al juez Antonio Serrano Arnal, titular del Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, el que investiga a Rato por delito fiscal y corrupción entre particulares.
Y esos indicios, según el tribunal, "muestran una alta probabilidad de que el apelante [es decir, Sánchez de Lerín] conociera que estaba contratando los servicios de Señor Rato a través de una sociedad interpuesta o pantalla cuya única finalidad era eludir la carga fiscal del Señor Rato, adquiriendo así la condición de cooperación necesario en los delitos contra la Hacienda Pública" de este.
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