Ignacio Sánchez Galán seguirá imputado por el 'caso Villarejo'. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado la petición del presidente de Iberdrola de quedar fuera de la investigación abierta por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo, mientras que sí ha aceptado el archivo con respecto a los exdirectivos Fernando Becker, Rafael Orbegozo y Francisco Martínez Córcoles, que formaban parte de la cúpula de la eléctrica en el momento de los encargos al agente encubierto, al considerar que no existen indicios de su participación en los hechos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 afirma en su resolución que no hay ningún documento, escrito, sonoro o de imagen, que acredite directamente que Sánchez Galán ordenó contratar a Villarejo, ni que tampoco evidencie de forma inequívoca que supiera que éste tenía la condición de comisario en activo en la época que fue contratado. No obstante, señala que "hay indicios" que hacen sospechar que la iniciativa partió del presidente de Iberdrola y que "fue informado con detalle de los resultados de las gestiones del grupo Cenyt, alguno de los cuales conllevaba información difícilmente obtenible de no haber mediado la intervención de funcionarios públicos".
Sánchez Galán fue imputado el pasado mes de junio por el delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil junto el que fuera su jefe de Gabinete Rafael Obergozo; el 'número dos', Francisco Martínez Córcoles, y el expresidente de Iberdrola España Fernando Becker. El juez instructor basó las imputaciones en la declaración del exjefe de Seguridad, Antonio Asenjo -uno de los principales imputados en esta causa-, que admitió que los conceptos de las facturas para pagar los servicios de Villarejo eran falsos; y en el informe que elaboró el ex 'controller' de la eléctrica, José Antonio del Olmo, en el que denunció que la cúpula directiva conocía las irregularidades de dichos abonos.
Tras tomar declaración a todos ellos a mediados de enero, el juez García Castellón ha resuelto nuevos recursos contra las imputaciones y considera que no existen pruebas que sustenten que los encargos a Cenyt partieran de Becker, Orbegozo y Córcoles, por lo que ha acordado su desimputación de la pieza 17 del conocido como 'caso Villarejo'. No obstante, mantiene su criterio con respecto a Sánchez Galán, cuyo archivo de las actuaciones ya ha sido rechazado anteriormente e insiste en que no se puede concluir que los hechos que se investigan están prescritos. Añade que este argumento también fue rechazado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
La declaración de Sánchez Galán
Durante su declaración como investigado el pasado 18 de enero, Sánchez Galán se presentó como una víctima más de los espionajes del comisario jubilado y se desvinculó por completo de la contratación de Cenyt, subrayando que "jamás" ha visto a Villarejo y que Iberdrola trabaja con un "sistema descentralizado en el que los directores tienen autonomía y tienen que tener iniciativa para tomar las medidas que consideren oportunas". Sin embargo, el magistrado García Castellón cree que su testimonio "no ha permitido" desvirtuar los indicios de delito, por lo que no puede acordar en este momento "el sobreseimiento provisional de las actuaciones".
Así las cosas, el juez rechaza el argumento de la defensa de Sánchez Galán sobre la falta de concreción de los presuntos hechos delictivos que se le atribuyen y subraya que en el auto del pasado 23 de junio los relató a lo largo de "25 folios de extensión" de forma "minuciosa y suficiente". En dicha resolución, el magistrado instructor afirma que los servicios prestados por Villarejo entre 2004 y 2017 fueron "ocultados mediante la manipulación de los conceptos que se hicieron figurar" en las facturas, los cuales eran "conocidos exclusivamente por Ignacio Sánchez Galán", y en el caso de algunos de los proyectos, también por los otros directivos (ahora desimputados), además de Asenjo.
Otros tres autos
En cuanto a Martínez Córcoles, Becker y Orbegozo, el juez explica en otros tres autos que los argumentos por los que considera que se debe proceder al archivo de las actuaciones. En el caso del primero, el instructor indica que se ha acreditado que existiera algún tipo de "dependencia orgánica o funcional entre" él mismo y el exdirector de Seguridad, Antonio Asenjo, investigado por ser la persona encargada de contratar a Villarejo, y por tanto, como entonces director de Generación, no tenía un "deber de supervisión, vigilancia o control".
Sobre Orbegozo, el juez García Castellón hace hincapié en que visó dos facturas en el año 2009 cuyos conceptos son falsos, "por servicios que no se prestaron, y que tal contingencia habría de ser advertida si el control desempeñado fuese diligente, eficaz, completo y efectivo". No obstante, señala que el "mero visado" de dichos documentos no es suficiente para atribuirle una "responsabilidad penal", ya que éste es un "trámite más, en el que no se efectuaba un examen a fondo" y no ha quedado probado que se produjese alguna comunicación que corrobore su participación en la contratación del agente encubierto.
Mismo argumento manifiesta el magistrado con respecto a Becker. Según explica, su función en relación a las facturas era comprobar que habían sido emitidas por una persona autorizada y supervisadas por el entonces 'controller' de Iberdrola, José Antonio del Olmo. Así concluye que "el puesto que ocupaba en Iberdrola no puede transmutarse en una suerte de responsabilidad penal objetiva que permita sostener su continuación en el procedimiento con base en el hecho de ostentar un determinado cargo en la compañía".
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