La declaración como testigo de la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, en la causa que investiga la Audiencia Nacional por la resolución del Banco Popular, era una de las más esperada. Y no faltaron las anécdotas. La comparecencia, que tuvo lugar por videoconferencia, se alargó más de lo esperado por los problemas que hubo con la traducción simultánea. Tales fueron estos inconvenientes que el juez instructor José Luis Calama aseguró que pediría una segunda versión de lo que manifestó la responsable del organismo europeo para evitar que ningún detalle importante se quede en el aire.
Según han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración que tuvo lugar el pasado jueves, el traductor designado para esta ocasión tuvo una serie de dificultades para convertir al castellano las palabras que König estaba manifestando respecto a la situación en la que se encontraba el banco que desapareció a mediados de 2017. Las mismas fuentes han indicado que se trataban de cuestiones muy técnicas, pero ello no impidió que algunos de los letrados expresaran sus quejas al percatarse de los errores en la traducción.
El juez Calama citó a declarar como testigo a Köning para que aclarara las declaraciones que realizó el 13 de mayo de 2017, unos días antes de la resolución del Popular, en una entrevista de televisión, en la que afirmó que el banco español era uno de los casos que estaban revisando, aunque "no el único", al ser preguntada por el desplome del precio de sus bonos convertibles contingentes (CoCos). De hecho, el expresidente del FROB Jaime Ponce -quien también ha testificado en este procedimiento judicial- le afeó en dos correos electrónicos, aunque no como queja formal, esta conducta. "Debemos ser extremadamente cautelosos”, le recordó Ponce en uno de estos mensajes, a los que tuvo acceso este diario y que obran en el sumario de la causa.
Otro de los motivos que llevó al juez de la Audiencia Nacional a querer interrogar a la presidenta de la JUR era la filtración en otro medio de comunicación, unos días más tarde, acerca del riesgo de liquidación que corría la entidad. Calama considera que todas estas informaciones no sólo "parecen vulnerar el 'parámetro de confidencialidad' exigible por ley", sino que pudieron tener un “impacto muy negativo” en la liquidez del banco Popular. Así lo expresó en el auto por el que citó a declarar a Köning y al que fuera director de planificación de la institución Dominique Laboureix, cuya testifical se ha aplazado al próximo 14 de octubre debido a los problemas de traducción.
El día para que declarara Köning por fin había llegado. La fecha para su comparecencia inicial -el pasado 27 de julio- se vio alterada debido a que no llegaba el permiso preceptivo para que ésta pudiera comparecer, pues goza de inmunidad como miembro de una institución europea. Pero la sesión no transcurrió con la normalidad que se esperaba y que es habitual. Tras constatar los problemas que se estaban produciendo, el juez instructor Calama advirtió en varias ocasiones durante la vista que pediría una nueva traducción y transcripción literal de las palabras manifestadas por la presidenta de la JUR. El objetivo es no perder ningún matiz que pueda ser de relevancia para la investigación que va camino de cumplir cuatro años y que se centra en dos 'patas': las presuntas irregularidades en la ampliación de capital de 2.500 millones de euros en 2016 y las filtraciones en 2017 que habrían provocado la resolución del Banco Popular.
König restó importancia a sus declaraciones
Según las fuentes jurídicas consultadas, la máxima responsable de la JUR negó este aspecto y aseguró que sus manifestaciones en la entrevista no tuvieron ninguna relación con el hecho de que el valor de la acción del Popular se desplomara a las horas siguiente. De hecho, precisó que en ningún caso hizo mención expresa al banco español, sino que fue el entrevistador el que se refirió a él, y que ella tan solo se limitó a responder que estaba siendo examinado al igual que otras entidades. En cuanto a la filtración posterior a otro medio de comunicación, Köning apuntó que se abrió una investigación interna para determinar si dicha información salió del organismo que dirige y que no se halló indicio alguno de que la 'fuente' fuera un miembro de la institución bancaria.
A lo largo de cerca de tres horas de declaración, Köning también pidió que no se le preguntaran por ciertas cuestiones que pudiera afectar al procedimiento iniciado por varios accionistas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, según han señalado las fuentes consultadas. Aún así, sí que admitió que la JUR no tenía ninguna medida prevista en caso de que el Santander no hubiese presentado una oferta para adquirir el banco por la cantidad simbólica de un euro, hecho que calificó de "suerte". Y es que, según explicó la presidenta de la autoridad, si ello no hubiese ocurrido, las consecuencias hubiesen sido peores, pues al día siguiente el Banco Popular no hubiese abierto las oficinas.
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