El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga el conocido 'caso Villarejo', ha ofrecido a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, personarse como perjudicada en una de las líneas de investigación de la macrocausa. En concreto se trata de la pieza separada denominada 'Pit' relativa al supuesto encargo que se hizo al comisario José Manuel Villarejo para obstaculizar la extradición a Guatemala del empresario Ángel Pérez Maura, así como otros servicios presuntamente delictivos, en el que se investigan delitos de cohecho internacional y blanqueo de capitales.
El magistrado da esta opción a la máxima responsable del Ministerio Público debido a que en unos audios, que obran en el sumario de esta cuarta pieza separada, se hacen referencias explícitas sobre ella, que en el momento de los hechos era fiscal de la Audiencia Nacional, que podrían ser constitutivas de un delito contra el honor. Así lo expone en un auto que ha dictado este mismo viernes, en el que además prorroga la instrucción sobre este determinado contrato del agente encubierto otros seis meses más, hasta el próximo 29 de enero.
García Castellón acepta la propuesta de la Fiscalía Anticorrupción en la que interesa ampliar la causa ante la necesidad de practicar una serie de diligencias pendientes, entre ellas la citación en calidad de de perjudicada de Delgado para realizar el correspondiente ofrecimiento de acciones. "Este magistrado entiende que de los audios transcritos en el oficio de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) 420/2019, de 20 de febrero de 2019 aparecen referencias explícitas por parte del investigado el señor Villarejo Pérez a una posible participación en los hechos investigados en esta pieza de Doña Dolores Delgado García, quien hoy ostenta el cargo de Fiscal General del Estado, y que en aquel momento era Fiscal de la Audiencia Nacional, que podrían ser constitutivos de un delito contra el honor, al tratarse de manifestaciones que por estar vinculadas al ejercicio de su cargo", indica el auto.
"Es muy tronca, muy amiga mía"
En dicho oficio consta la transcripción de dos conversaciones grabadas, e incautadas a Villarejo, que habría mantenido con Adrián de la Joya -también imputado- para dar cuenta de sus avances sobre el encargo de desactivar la entrega del empresario naviero Ángel Pérez Maura al país sudamericano a cambio del cobro de una cantidad cercana a los 15 millones. La Policía destacaba en dicho informe que ambos interlocutores mencionaban tanto a Delgado como al exjuez Baltasar Garzón, a quien se referían como 'el Mago'. "Lola es muy amiga y muy muy, además de que yo la conozco también, muy tronca, muy amiga mía, pero vamos muy amiga de Balta", dijo Villarejo, tras explicar que era la "responsable de todo lo que es el tema de las extradiciones y con lo que es el tema fundamentalmente de yihadismo".
El juez explica que, pese a que la UAI informó de estos hechos hace ya tres años, es ahora cuando ha comprobado que no ha preguntado a la fiscal sí quiere personarse en la causa: "Examinadas las actuaciones, se ha podido constatar por este instructor que no se realizó, en su momento, el oportuno ofrecimiento de acciones como perjudicada a la persona referida". Se da la circunstancia de que el nombre de Delgado ya se vio salpicado cuando ésta era ministra de Justicia, justo al inicio del 'caso Villarejo', tras desvelarse el contenido de otro audio grabado que tuvo lugar en una comida celebrada en octubre de 2009, en el restaurante madrileño Rianxo, en la que participaron varios policías además de Garzón y la fiscal general del Estado. No obstante, esta 'cinta' no tuvo más implicaciones en la macrocausa.
Por otro lado, el magistrado ha rechazado la petición de archivo formulada por Adrián de la Joya, al entender que existen indicios de su participación en los hechos investigados, lo que justifica la continuación del procedimiento contra él. Asimismo, añade que existen todavía diligencias pendientes de practicar en esta investigación que fue una de las primeras líneas que se abrió en la macrocausa. Entre las pruebas pendientes de recabar se encuentra la declaración como testigo del empresario William Anthony Schwank López -aunque podrá comparecer con abogado-, reclamado por Guatemala por su presunta participación en el pago de 30 millones de dólares en comisiones a intermediarios y funcionarios públicos de este país, entre ellos el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina y la que fuera su 'número dos' Roxana Baldetti. Una trama en la que se sospecha que participaron los hermanos Pérez Maura.
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