La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado luz verde a rastrear dos préstamos bancarios de 60 millones de euros en total que se concedieron desde Barclays Bank y Credit Suisse en 2011 y 2014, respectivamente, a la empresa que la familia Pérez Dolset utilizó para disponer de la mayoría de acciones del Grupo Zed. De este modo, la Sección Cuarta avala la decisión del juez instructor Manuel García Castellón, que investiga los hechos que provocaron la quiebra del grupo tecnológico, de aceptar la petición que hizo el Grupo Planeta para indagar sobre los fondos recibidos por la multinacional.
Así consta en un auto con fecha del pasado 10 de diciembre, al que ha tenido acceso La Información, en el que desestima los recursos planteados por la familia fundadora de Zed, investigados en esta causa, contra los autos del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en los que acepta reclamar a CaixaBank -que absorbió en 2015 a Barclays Bank- y a Credit Susisse que faciliten las copias de los contratos de préstamos suscritos con Wisdom Entertainment por el importe de 30 millones cada uno.
En esta línea, el magistrado instructor solicita a las entidades bancarias que remitan cualquier otro documento que tenga relación con dichos préstamos como, por ejemplo, los contratos de garantías adicionales, de refinanciación y expedientes de riesgos relacionados con los mismos. Asimismo, requiere la documentación relativa a los extractos de la vida del préstamo, desde su constitución hasta la actualidad o cancelación; y la identidad de las personas físicas y jurídicas que hayan satisfecho el crédito o sus intereses, aportando las concretas cantidades pagadas, fechas y forma de abono.
La investigación se inició a manos de la Fiscalía Anticorrupción después de que el fundador del Grupo Zed denunciase la existencia de "una serie de actuaciones personales, societarias y empresariales" para despatrimonializar la compañía tecnológica que podían tener encaje en una práctica ilícita que se conoce en el entorno criminal ruso como "reidrstvo", traducido como "asalto" o "ataque". Así, en junio de 2017, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón admitió a trámite la querella que presentó el Ministerio Público y abrió una investigación por los presuntos delitos de insolvencia punible, administración desleal, fraude de subvenciones, falsedad documental, tráfico de influencias, amenazas y coacciones en relación a la liquidación de Zed Worldwide, en la que se encuentran imputados varios miembros de la familia Pérez Dolset.
De hecho, en el verano de 2019, la causa judicial se amplió hacia el magnate ruso Mijaíl Fridman, por presuntamente participar en una operativa para poder adquirir la empresa por 20 millones de euros, un precio muy por debajo de valor de mercado en ese momento. Cabe recordar que el juez archivó la causa con respecto al empresario de origen ucraniano en diciembre 2020 al no ver indicios de delito, si bien siete meses después la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a petición de Anticorrupción, ordenó seguir investigándole.
El Ministerio Público apunta en su querella que el fundador de la tecnológica, Javier Pérez Dolset, y su círculo familiar establecieron presuntamente un sistema para la obtención masiva de subvenciones públicas centrado en el "falseamiento de los requisitos necesarios", con el "pleno conocimiento" de la inexistencia de proyectos y de que no procederían a la devolución de los préstamos concedidos, ya que las ayudas presuntamente se habrían desviado a empresas familiares. Al respecto, el empresario español aseguró en su declaración ante los fiscales que todas las labores de obtención de financiación pública se realizaron bajo el asesoramiento del Grupo Planeta.
Prueba "pertinente y lícita"
En este contexto, el grupo editorial ha solicitado al juez instructor que se adhiera a la causa toda la información relativa a los préstamos por el total de 60 millones de euros que recibió Wisdom Entertainment, mercantil que poseía casi el 40% de las acciones de Zed Worldwide. La familia Pérez Dolset tachó esta petición de "maniobra defensiva" al considerar que el objetivo de Planeta, con el que mantiene una intensa batalla legal, es la revisión de las cuentas de sus 'rivales' para desviar la atención del error que habría cometido con la presentación de un documento "falso" sobre los bienes que el fundador de la tecnológica tendría en Panamá. De este modo, el recurso de los investigados hacía referencia a la respuesta de la justicia panameña a una comisión rogatoria en la que confirmó que el documento excel que aportó el exdirector de la asesoría jurídica y secretario del Consejo de Administración de Planeta, Luis Elías -procesado en una de las piezas separadas del 'caso Villarejo'-, se basaba en datos incorrectos.
Sin embargo, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal han rechazado los argumentos de los Pérez Dolset al entender que la documentación requerida por el juez instructor no se enmarca en una actuación "genérica o prospectiva" por mucho que ésta pudiera afectar a una entidad mercantil que no se encuentra personada en la causa judicial. No obstante, subraya que dicha empresa tiene relación con "sujetos procesales sí personados", como son los familiares del fundador del Zed, investigados por ser presuntos "partícipes" de una supuesta trama defraudatoria. Asimismo, la resolución señala que "al parecer" Wisdom no cuenta con "actividad alguna desde hace años" y por ello concluye que la reclamación de información a CaixaBank y Credit Suisse "resulta del todo pertinente, lícita y regular", ya que se encuentra "muy lejos de la sombra de sospecha y prejuicio que lo otorga la parte apelante".
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