El juez pide 25 millones de euros de fianza a 14 imputados en el caso Emarsa

Valencia, 30 ene.- El juez instructor del caso Emarsa, Vicente Ríos, ha pedido una fianza por responsabilidad civil de 25 millones de euros a un total de 14 imputados, cantidad que "de forma prudencial" ha considerado que debe ser depositada para hacer frente a las responsabilidades que pueden derivarse de la investigación.

En un auto hecho público hoy por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juez que investiga la actuación de la empresa pública Emarsa en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia), por la que ya hay 27 imputados, ordena que se embarguen bienes para cubrir dichas cantidades o se acrediten posibles insolvencias.

El juez pide al expresidente de Emarsa Enrique Crespo (PP), vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises, y al exgerente Esteban Cuesta, la totalidad de la cuantía reclamada (25 millones de euros) de forma "solidaria y conjunta", mientras que al exdirector financiero Enrique Arnal le pide, también de forma "solidaria y conjunta" con los anteriores, fianza por 22 millones.

Además de en la actuación de los directivos de Emarsa entre 2004 y 2010 (Crespo, Cuesta, Arnal), el juez observa indicios delictivos en Adolfo Polo, que fue responsable de Medio Ambiente en Emarsa y también socio de Datura Gestión y Agrológica Ecológica -empresas que facturaron a la depuradora- y otras personas y sociedades igualmente contratadas por Emarsa.

Así, cita expresamente a Jorge Ignacio Roca (administrador de Etwas Eigentlich, Erwinin, Zonday, Agrolemos y Printergreen), José Luis Sena, Vicente Ros y Enrique Sena (Notec, Iris Tractaments, Ingenieria Gimeno, Promociones Fortuny, Olsen Capital y Film Torrent) y Olga del Pozo (esposa de Polo y socia de Iris Tractaments y Datura Gestión).

También cita a Sebastián García (Microprocesadores Valencia y Sofitec), María Paz García y Víctor Manuel García (Construcciones Rocafort, Construcciones Valsebe y Mantenimientos Valsmark), Daniel Calzada (Llar Calzada y Rehabilita Aqua), Antonio José Arnal (hermano del director financiero y socio de Arrima Centre d'Estudis).

El juez atribuye responsabilidades a Eva María Marsal, pareja del exdirector financiero de Emarsa, como administradora de Management de Azafatas y Servicios, y a Juan Carlos Gimeno Gascón, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, como directivo de Instituto de Empresa del Mediterráneo, CRM Adecua, Area Este, Dos Grados Network y Sanitar.

Todos ellos "entablaron relación comercial con la sociedad Emarsa, bien sin que mediara contrato alguno, bien tras abrirse expedientes de contratación que se van revelando llenos de irregularidades y sin que en ningún caso existiese publicidad en la contratación", explica el juez.

Asimismo, indica que existen "indicios racionales de que los suministros y servicios facturados a Emarsa o bien nunca fueron entregados o prestados o bien lo fueron en cuantía notoriamente inferior a la facturada, todo lo cual fue propiciado y consentido por los directivos mencionados".

En consecuencia, se reclama una fianza "conjunta y solidaria" de 13,7 millones a Adolfo Polo; 11 millones de euros para Jorge Ignacio Roca; 2,7 millones a José Luis Sena, Enrique Sena y Vicente Ros; 3,65 millones a Sebastián García y María Paz García; 500.000 euros a Daniel Calzada; 300.000 euros a Juan Carlos Gimeno y 100.000 euros a Antonio José Arnal y Eva María Marsal.

El juez considera además que existen indicios de que Enrique Crespo y Esteban Cuesta fueron coautores de cuatro delitos contra la Hacienda Pública con la cooperación necesaria de Jorge Ignacio Roca y José Luis Sena.

En consecuencia, impone a los cuatro una fianza de tres millones de euros, "puesto que, conforme a lo expuesto por la Abogacía del Estado, la cuota tributaria supuestamente defraudada asciende a 2.405.244 euros y se deben considerar intereses legales y costas".

Sobre Víctor Manuel García y Olga de Pozo (hermano de María Paz García y Sebastián García, y esposa de Adolfo Polo, respectivamente) el magistrado instructor cree que no procede por el momento acordar la adopción de medidas de aseguramiento "y ello pese a la existencia de indicios de criminalidad".