Riesgo reputacional

El juez reclama a Hacienda todas las empresas que contrataron con Villarejo

Está pendiente de que la Agencia Tributaria le envíe los datos del ‘Modelo 347’ de 2011 y 2012 de Cenyt, donde se consignan todas las operaciones con terceros por más de 3.005 euros en plena actividad.

Villarejo
El juez pide al Fisco todas las empresas que contrataron trabajos con Villarejo.
 EFE

El juez Manuel García Castellón está a la espera de que la Agencia Tributaria le envíe los datos de todas las empresas que contrataron con Villarejo por más de 3.005 euros anuales en los años 2011 y 2012 -los de mayor actividad de Cenyt- para conocer la envergadura de las actividades del excomisario y la implicación que en todas ellas tuvieron algunas de las principales compañías del país. Así lo recuerda el titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en el auto de desimputación de Repsol, Caixa, Fainé y Brufau de este jueves, con la advertencia de que esa información no afecta a la decisión adoptada, aunque sí implique sacar a la luz otros nombres notorios del tejido empresarial español.

Algunos de los abogados que defienden a partes personadas en la macrocausa de Tándem ya han advertido de forma extraoficial del riesgo reputacional que puede tener que salgan a la luz todos los nombres de compañías y empresarios que hicieron negocios con Cenyt hace una década, supuestamente legales, cuando la consultora sobre “inteligencia corporativa” estaba en boga entre la cúpula empresarial del país, de la mano de sus departamentos jurídicos y de seguridad. Villarejo se ofrecía para hacer informes en todos aquellos procesos de competencia o enfrentamiento entre empresas, con la premisa de que tenía información privilegiada por su buena relación con los altos responsables de la Policía del momento, y en muchos círculos de profesionales y directivos de empresas se manejaban sus datos para vigilar a la competencia o ante posibles operaciones hostiles.

Desde el punto de vista legal, Cenyt tenía la obligación de comunicar a Hacienda a través del citado ‘modelo 347’ la información sobre cualquier “persona o entidad” que haya realizado operaciones que en su conjunto hayan superado la cifra de 3.005,06 euros (IVA incluido) en el año natural al que se refiera la declaración”, según explica la propia AEAT. A la vista de los honorarios que manejaba Cenyt en los casos que se conocen y que están en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional, las fuentes consultadas aseguran que sería una larga lista con, prácticamente, todos sus clientes.

Cuidado con la reputación empresarial

En ese proceso de conocer más datos y nombres del caso Villarejo, después de que lleva 30 piezas separadas abiertas, el auto que libera de la imputación a Repsol, Caixa y sus presidentes incluye unos argumentos jurídicos que pueden servir para marcar el paso a partir de ahora en el proceso. Fuentes jurídicas del derecho de los negocios aseguran que es lógico pensar que a la hora de hacer públicos los nombres de nuevas firmas y personas que estuvieron relacionadas con Villarejo y su posible responsabilidad penal en posibles actividades delictivas, se tendrá en cuenta la existencia de sistema de cumplimiento efectivo eficaces y el efecto que tales informaciones causan en la reputación corporativa de las compañías.

A Repsol y Caixa se les imputo hace apenas veinte días como personas jurídicas, y a sus máximos responsables cuando ocurrieron los supuestos hechos delictivos, Antonio Brufau e Isidro Fainé, a mediados del mes de abril. Durante el tiempo que han estado bajo la lupa de la justicia, las empresas y sus dirigentes se han afanado en dejar clara su inocencia, pero el efecto en su prestigio internacional y su imagen han dejado huella. El propio juez admite que este tipo de efectos colaterales se pueden producir cuando se aplica la legislación penal a las empresas, hasta el punto de que en el mismo auto de desimputación hace hincapié en que “se han practicado sin demora las diligencias esenciales necesarias para el esclarecimiento de los hechos”. En este caso, el juez recuerda que la decisión de desimputación “redunda en que los procesos penales no deben sufrir dilaciones indebidas, sino también deben evitar los daños reputacionales de naturaleza empresarial que implicaría el mantenimiento de una artificial atribución delictiva carente de sustancialidad”.

Los empleados y el escalafón

Junto a los informes que envíe la Agencia Tributaria y que pueden dar un vuelco importante a la macrocausa de Villarejo, el juez también pidió hace apenas dos semanas la relación nominal de trabajadores de Cenyt a la Tesorería General de la Seguridad Social, para comprobar la relación de parentesco que podía haber entre algunos de los trabajadores del despacho y la consultora de Villarejo con algunos altos mandos de la Policía en ese momento, según señalan fuentes policiales conocedoras del caso.

La última pesquisa sobre la que García Castellón espera confirmación y que es importante a la hora de tipificar los delitos de los jefes de seguridad de las empresas que operaron con Villarejo, es la opción legal que se tenía desde fuera del Cuerpo Nacional de Policía de conocer el escalafón en donde se recogen los agentes que están en activo y su antigüedad, algo fundamental a la hora de optar a otros destinos y puestos. Fuentes policiales aseguran que no es posible acceder a esos datos de manera legal desde fuera del Cuerpo, con lo que los expolicías que trabajaban en las empresas que contrataba el excomisario no podían comprobar si éste estaba en activo o no, algo que el juez les ha reprochado y que pesa sobre sus imputaciones. 

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