El juez procesa a Fernández Díaz por 'Kitchen' y archiva la causa a Cospedal

La ‘operación Kitchen’ llega a su fin. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dictado un auto por el que da por finalizada la investigación sobre el operativo parapolicial creado en 2013 para sustraer información comprometedora para el PP al que fuera tesorero del partido Luis Bárcenas y propone juzgar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, a su 'número dos', Francisco Martínez, y a la ex cúpula policial; mientras que archiva la causa para la que fuera secretaria general de los 'populares' María Dolores de Cospedal; su marido, el empresario Ignacio López del Hierro por falta de indicios.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 desoye a la Fiscalía Anticorrupción, así como a la familia Bárcenas -presente en el procedimiento como perjudicados-, y decide concluir la instrucción de la pieza séptima del caso ‘Tándem’, una de las más mediáticas, dos años y medio después de su apertura. El juez considera que ha quedado acreditado que los investigados, "puestos de común acuerdo y con conocimiento de la ilicitud de los hechos", pusieron en marcha el operativo para arrebatar al extesorero del PP toda la documentación que pudiera perjudicar al PP para que no llegara a manos del Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional que en ese momento investigaba la trama Gürtel o los denominados 'papeles de Bárcenas'.

En este sentido, a lo largo de un auto de 81 páginas por el que se transforman las diligencias previas en procedimiento abreviado, el magistrado explica que Fernández Díaz, "con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud", instó al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez que iniciara una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar el poder de Bárcenas. En cumplimiento de esta orden, el que fuera 'número dos' del ministro del Interior asumió la coordinación de la operación, que se encomendó, en cuanto a su planificación y desarrollo, al Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino Sánchez. Con todo ello, el juez García Castellón descarta la existencia de una trama política ajena al Ministerio del Interior.

Así, además de Fernández Díaz y Martínez, el instructor deja a un paso del banquillo a Pino; al exjefe de la UDEF José Luis Olivera; al exjefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas; los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano; el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo Enrique García Castaño; el comisario y exjefe de Seguridad de María Dolores de Cospedal, Andrés Manuel Gómez Gordo. Asimismo, también procesa al comisario jubilado y principal investigado en la macrocausa 'Tándem', José Manuel Villarejo, y al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, que fue captado como confidente policial.

En cuanto a Cospedal, su marido y su jefe de Gabinete, José Luis Ortiz, el juez considera que, a diferencia de los responsables del Ministerio del Interior, con respecto a los que existe una "sólida base indiciaria", resulta "llamativa la debilidad de las razones que justifican su incriminación". El magistrado explica que la imputación de una "participación intelectual" a la exsecretaria general del PP y su entorno -a quienes se les otorgó la condición de investigados en la recta final de la investigación de la pieza separada- no deja de ser “resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones”.

En la resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 relata que tras poner en conocimiento de Pino la necesidad de recuperar la documentación que estuviera en poder de Bárcenas, éste encargó esta operación al comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez, quien, para su ejecución, se sirvió en un primer momento de Marcelino Martín Blas (Asuntos Internos), y posteriormente de Enrique García Castaño (UCAO). Este último asumió personalmente el compromiso de llevar a buen puerto la misión, sirviéndose de la Unidad Especial de Seguimientos adscrita a la unidad que dirigía, señala el juez.

Para desarrollar el operativo, se pensó en captar a alguien cercano y de máxima confianza del entorno familiar de Bárcenas, por lo que el elegido fue el chófer, Sergio Ríos -a quien Villarejo apodó como 'cocinero' o 'k2', de ahí el nombre de la operación-, para que facilitara información y el acceso a la documentación que se estaba buscando. En este sentido, el DAO pidió tanto a Villarejo como a García Castaño que se ganaran su confianza y lograran convencerle para que colaborara de forma activa, a cambio de la entrega de 2.000 euros mensuales, más gastos, procedentes de los fondos reservados, y el posterior ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía. Para acceder al conductor, el juez señala que se hizo uso de Andrés Gómez Gordo.

Con todo ello, el auto subraya que todas las actuaciones practicadas han permitido constatar que, "sin perjuicio de las directrices dadas por el ministro, y las motivaciones que pudiera tener éste", la finalidad que guiaba tanto a Villarejo Pérez como a Enrique García Castaño sería realmente la de "incautar y mantener dicha documentación en su poder, sin entregárselo a sus superiores, para poder obtener algún tipo de beneficio personal; extorsionando o presionando con la misma a cargos públicos o responsables del Ministerio del Interior, o bien simplemente con la finalidad de preservar sus respectivos cargos en la cúpula policial y la impunidad en las actividades ilícitas que, presuntamente, venían desarrollando de forma paralela".

Así las cosas, el magistrado añade que la documentación en cuestión habría sido finalmente localizada e incautada en una fecha no determinada, aunque, según el auto, puede situarse en octubre del año de 2013 y en poder, al menos, del exresponsable de la UCAO, a quien Villarejo le habría reclamado insistentemente una copia, con el conocimiento del ex DAO Eugenio Pino. Para obtener esta información los investigados habrían accedido, careciendo de autorización alguna, al denominado "zulo”, un local comercial utilizado por la mujer del extesorero del PP, Rosalía Iglesias, en cuyo interior se ubicaría un armario con un doble fondo del que se habría sustraído dicha documentación, apostilla el auto.