El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado por finalizada otra pieza del caso 'Lezo' y ha propuesto juzgar al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por un delito de cohecho por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones asociadas a Canal Golf "con el fin de obtener comisiones ilegales" a través de la intermediación de sociedades afines.
Se trata de la tercera pieza separada de la causa por la que el exdirigente 'popular' está procesado. La Fiscalía Anticorrupción solicita ya para González un total de 12 años de prisión por su participación en la adquisición de la empresa brasileña Emissao y por las irregularidades en las adjudicaciones del tren a Navalcarnero.
En un auto con fecha del 24 de mayo, al que ha tenido acceso La Información, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 continúa el procedimiento contra González y otros cuatro investigados: su hermano Pablo; su cuñado Juan José Caballero; el socio de estos dos, Antonio Clemente; el exgerente del Canal Isabel II Idelfonso de Miguel; mientras que acuerda el sobreseimiento del procedimiento para otras ocho personas.
El magistrado recuerda en su resolución que en esta pieza separada se ha investigado las presuntas "ilicitudes cometidas con ocasión del concurso para la ejecución de las obras del proyecto de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento sobre la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II", licitado por la empresa pública de aguas y adjudicado en marzo de 2003 a Dragados.
Objetivo: beneficiar a familiares
Señala la resolución que aproximadamente un año después de realizarse esta adjudicación, Ignacio González, en ese momento presidente del Canal Isabel II y vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y el que fuera su mano derecha en el ente publico, Idelfonso de Miguel "con el fin de beneficiar a familiares" del político "se impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación".
Así, guiados por este fin, convinieron con Dragados adjudicar este contrato a cambio de que subcontratara determinados trabajos con Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería (TCT), cuyos socios son José Antonio Clemente, Pablo González, Juan José Caballero, si bien estos últimos ostentaban su titularidad a través de otras personas para ocultar sus vínculos familiares con el que posteriormente dirigió la Comunidad de Madrid. El importe total de los trabajos subcontratados ascendió a 3.067.864,83 euros, señala el auto.
Lo mismo ocurrió en 2006 con otra adjudicación similar a una Unión Temporal de Empresas (UTE), entre las que se encontraba TCT, por lo que Ignacio González e Idelfonso de Miguel ocultaron al Consejo de Administración del Canal Isabel II el vínculo familiar que ésta tenía para "evitar cualquier veto obligado". Tras esa UTE, se constituyó en marzo de 2007 la sociedad Green Canal Golf, que subcontrató con TCT el trabajo de mantenimiento del césped durante cinco años, volviendo a repetir la misma operativa, según consta en el auto.
"En definitiva, la actuación conjunta de estos cinco investigados permitió la subcontratación impuesta, innecesaria e irregular de TCT en dos concursos públicos promovidos por Canal Isabel II pese a carecer de toda capacidad para ejecutar los trabajos subcontratados, consiguiendo así entre los años 2006 a 2012 la obtención de un beneficio total cercano a los 505.000 euros, financiado con los fondos públicos destinados a ambos concursos", concluye el magistrado de la Audiencia Nacional.
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