El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar a los jefes de Seguridad de Repsol y CaixaBank, Rafael Araujo y Miguel Ángel Fernández Rancaño, respectivamente, por presuntamente encargar al comisario jubilado José Manuel Villarejo espiar al expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero con el fin de frustrar el pacto sindicado que éste había firmado con Pemex para intentar hacerse con el control de la petrolera española. Asimismo, también procede contra el subdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa de la petrolera Rafael Girona. El magistrado les atribuye un delito de cohecho activo.
Así lo ha acordado en un auto por el que pone fin a la instrucción de la pieza 21 del 'caso Tándem'. En él también propone enviar a juicio a Villarejo -en ese momento aún era Policía en activo- y a su socio, Rafael Redondo, por un delito de cohecho pasivo y descubrimiento y revelación de secretos; y al ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño por el último de estos delitos.
Del mismo modo, el juez instructor ha decretado el archivo para otros cuatro exdirectivos de Repsol y CaixaBank puesto que una vez practicadas todas las diligencias pertinentes concluye que, pese a que pudieran tener conocimiento de la relación con Villarejo, no hay indicios que corroboren su participación en la contratación del comisario jubilado o en la orden de pago de sus servicios. Por tanto, el juez entiende que no existen elementos suficientes para atribuirles la comisión de los delitos investigados. Estos son el exsecretario general de Repsol Luis Suárez de Lezo; los exresponsables corporativos de servicios patrimoniales de la petrolera Juan Amunategui y Joaquín Uris; y ex exdirector de medios del banco Antonio Massanell.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha tomado esta decisión después de que a finales del pasado mes de julio acordara desimputar ambas empresas del Ibex 35 como personas jurídicas, así como al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el máximo responsable de La Fundación La Caixa, Isidro Fainé, para evitar causarles "daño reputacional". Unos archivos que han sido recurridos directamente en apelación ante la Sala de lo Penal por parte de la Fiscalía Anticorrupción y por la defensa de Del Rivero, personado en la causa como perjudicado, y que aún están pendiente de resolverse, si bien estos no tienen efectos suspensivos sobre la investigación.
Acceso a datos de carácter reservado
La instrucción de esta línea de investigación, que se inició en noviembre de 2018, se ha centrado en lo que el agente encubierto denominó 'proyecto Wine'. El instructor explica en su resolución que en el año 2011 el Grupo Cenyt, el entramado empresarial de Villarejo, elaboró una serie de informes sobre Luis del Rivero, su mujer, el jefe de Seguridad de Sacyr y el antiguo director financiero de Repsol, Fernando Ramírez Mazarrerdo, tras acceder a información y a llamadas telefónicas del expresidente de Sacyr y su entorno, que presuntamente habrían sido facilitadas por el comisario Enrique García Castaño. El auto apunta que se trata de datos de carácter reservado a los que no se puede acceder por fuentes abiertas ni registros públicos. Es más, señala que en ese momento no existía ninguna investigación policial en curso que justificase dicha intromisión.
Por este trabajo, las empresas de Villarejo habrían recibido un total de 413.600 euros, de los que 218.900 euros habrían sido abonados por la petrolera española, mientras que los 194.700 euros restantes corresponderían a la entidad financiera. Todas las facturas emitidas por ambas entidades figura como concepto: "elaboración de estrategias para la ubicación y recuperación de datos electrónicos almacenados en discos duros de ordenadores y sistema tecnológicos, anulados o dañados. Consultoría jurídica y técnica", resalta el auto de nueve páginas.
Así, sobre la actuación de los directores de Seguridad, que el juez ya tachó de "negligente" por no comprobar que Villarejo se encontraba aún en activo en la Policía Nacional, el magistrado insiste en que ambos disponían de "un elevado grado de autonomía organizativa y contractual", así como de "amplios márgenes de contratación, de decisión y de orden de pagos en lo relativo al ámbito de la seguridad de las citadas mercantiles”.
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