El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar a una organización criminal constituida en torno a la empresa Hafesa Energía que, en el periodo comprendido entre 2016 y 2019, habría cometido supuestamente un fraude fiscal en concepto de IVA de hidrocarburos superior a los 154 millones de euros.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 pone fin a la instrucción de la causa que se abrió a raíz de la 'Operación Drake', que tuvo lugar en abril de 2019, y en la que se detuvo a 21 personas. El magistrado, tras más de dos años de investigación -las diligencias se iniciaron en julio del año anterior-, ve indicios para juzgar al presunto jefe de la trama, el presidente del Grupo Hafesa, Alejandro Hamlyn; al director general de la mercantil y su lugarteniente, José Norberto Uzal; así como a otra veintena de personas, por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y cuatro delitos contra la Hacienda Pública.
Calama considera acreditada la existencia de una organización constituida en torno a Hafesa Energía -contra la que también procede, como persona jurídica-, que ejerce su actividad en el sector de hidrocarburos. Según indica en su auto, a través de esta empresa se habría "diseñado, implementado, dirigido y ordenado, de forma opaca, tanto una operativa de fraude fiscal como de blanqueo de capitales, sirviéndose para ello de una estructura de sociedades mercantiles”.
Los investigados crearon esa red de empresas que, según el juez, "son cascarones vacíos", para que operaran como "meros satélites" de la empresa encargada de la distribución de productos petrolíferos. El único propósito de este entramado "es servir de instrumento para llevar a efecto un fraude en el Impuesto de Valor Añadido (IVA) que grava el comercio de hidrocarburos, interponiéndolas entre su posición y el consumidor final, utilizando la cantidad correspondiente al impago del impuesto como margen comercial de la sociedad instrumental”, destaca la resolución.
Blanqueo de más de 46 millones de euros
El juez Calama explica que las cuotas defraudadas a través de este grupo de sociedades instrumentales se sometieron a un proceso de blanqueo de capitales por un total de 46,5 millones de euros, de los cuales aparece identificada la finalidad última respecto de casi 30 millones. Una dinámica que se prolongó en el tiempo, continúa la resolución.
El magistrado detalla que los principales destinos a los que la organización criminal dedicó la cantidad blanqueado fueron la compra de criptomendas (5,37 millones); transferencias a posiciones en el extranjero (5,37 millones); efectivo (5,71 millones); inversión en inmovilizado (3,13 millones); compra de vehículos (1,95 millones); cheques y talones -sin destino identificado- (1,52 millones de euros) e inversión en otras empresas, como, por ejemplo, la compra de la operadora Sanvez (5,67 millones de euros).
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