El comisario jubilado José Manuel Villarejo acumula otra causa más por la que tendrá que ser juzgado. En los últimos días, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, ha propuesto juzgar al agente encubierto por los presuntos trabajos de espionaje que realizó para el Grupo Planeta con el objetivo de espiar al árbitro que participó en el laudo entre la compañía multimedia y Kiss FM; por el presunto hostigamiento a la doctora Eliso Pinto, quien tenía un conflicto personal con el empresario Javier López Madrid; o por su participación en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, operación conocida como 'Kitchen'. A esta lista se suma su actuación para Mutua Madrileña, para la que confeccionó un informe de solvencia patrimonial sobre un expresidente de la entidad ante el riesgo de que reclamara el pago de una indemnización.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dictado un auto de pase de diligencias previas a procedimiento abreviado por el que ha dado por finalizada la instrucción de la pieza 15 de la macrocausa 'Tándem', relativa a la contratación de Mutua Madrileña al comisario jubilado. En este sentido, además de a Villarejo, al que atribuye un delito de cohecho pasivo, el instructor procesa al que fuera socio del comisario jubilado en el Grupo Cenyt, Rafael Redondo, por el mismo delito; y al exjefe de Seguridad de la compañía de seguros Benjamín García Cañón, por un delito de cohecho activo.
Según explica el auto, Cenyt -el entramado empresarial presidido por Villarejo- percibió un total de 18.880 euros (16.000 euros más IVA) por la elaboración de un informe sobre el expresidente de la compañía José María Ramírez Pomatta (fallecido), trabajo que el comisario jubilado denominó 'proyecto Autumn'. Dicho pago se reflejó en tres facturas emitidas a cargo de Mutua Madrileña, firmadas por el que fuera jefe de Seguridad de la compañía, y con la descripción de "Estudio de solvencia patrimonial".
El juez relata en su resolución que la contratación de Villarejo tuvo su origen el 20 de octubre de 2009, cuando aún se encontraba en activo en la Policía Nacional, al reunirse con el entonces encargado del departamento de Seguridad de Mutua Madrileña. En ella, el comisario jubilado ofreció la elaboración de un proyecto de investigación, que denominó 'proyecto Lump', por lo que posteriormente, el Grupo Cenyt elaboró un informe preliminar en el que se ponía de manifiesto que se trataba de una "colaboración profesional solicitada formalmente" en el encuentro antes mencionado.
En dicho documento constaba que el informe tendría como objetivo fundamental salvaguardar los intereses de Mutua Madrileña "ante una eventual situación de riesgo, como consecuencia de prácticas poco ortodoxas de ciertas personas”, destacando al expresidente de la compañía José María Ramírez Pomatta (fallecido) y a sus colaboradores Juan Expedito Suárez Sánchez y Arturo Baldasano Supervielle. Asimismo, se reflejaba que García Cañón, al que aludía con las siglas 'BGC', requirió "en nombre y representación del Grupo M.M." un "proyecto de Inteligencia, que entre otras, compilaría tareas de investigación, análisis, estrategia y práctica operativa".
Además, este informe preliminar contaba con tres anexos: un “estudio económico”, fechado el 28 de octubre de 2009, que recogía tres posibilidades de contratación; un dossier sobre Arturo Baldasano; y un escrito remitido por la CNMV a la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), de fecha 25 de junio de 2009, en el que se comunicaba que se había procedido a acumular una ampliación de denuncia presentada el día 22 de mayo de 2009 a la denuncia original.
Tras una demanda judicial
Fue con posterioridad a estos trabajos preliminares cuando se procedió a investigar al expresidente de Mutua Madrileña. La empresa fue demandada por Ramírez Pomatta a propósito de la indemnización que le correspondía, una pretensión que finalmente fue estimada parcialmente por la Audiencia Provincial de Madrid, que condenó a la aseguradora en enero de 2012 a abonar a su expresidente casi 14 millones de euros. Fue ante el riesgo de que éste instase una ejecución provisional de la sentencia, cuando la compañía, "asesorada por sus letrados", pidió "de manera inmediata y urgente" la confección del mencionado informe de solvencia patrimonial, por lo que encomendó a García Cañón la tarea de seleccionar y contratar una empresa que prestara estos servicios.
De este modo, Villarejo y su socio, Rafael Redondo, redactaron dicho informe, fechado el 17 de febrero de 2012, en el que se incluye un perfil de Ramírez Pomata construido sobre sus datos personales, propiedades, actividad profesional, sociedades mercantiles administradas, cargos antiguos que ostentó en distintas mercantiles, así como la profesión de sus familiares más cercanos. El documento, según recoge el auto, concluía que el investigado prácticamente había repartido el patrimonio familiar entre sus hijo, por lo que "no dispone de un significativo nivel de vida ni solvencia, para hacer frente a una posible reclamación, en caso de que finalmente, en la siguiente instancia jurisdiccional no recibiera el respaldo que en la actual ha conseguido". Asimismo, advertía de que habían detectado "actuaciones irregulares" que podrían ser usadas en contra del expresidente incluso en el ámbito judicial. Por ello, reclamaba "la dotación de ciertos medios complementarios, según criterios a valorar conjuntamente”.
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