Madrid, 2 mar.- El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Manuel Marchena, que investigó a Baltasar Garzón por los patrocinios de sus cursos en Nueva York, presidirá la comisión de expertos a la que el Gobierno ha encargado elaborar en cinco meses el texto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
De esta comisión, cuya creación ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, formarán parte un grupo de siete expertos en la materia -jueces, fiscales, abogados y catedráticos- entre los que también está la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, han informado a Efe fuentes del Ministerio de Justicia.
Además, participaran en los estudios previos a la elaboración de la ley el magistrado del Supremo Antonio del Moral, el también magistrado del gabinete técnico de este tribunal Jacobo López Barja de Quiroga, el fiscal del TS Jaime Moreno Berdejo, el vicedecano del Colegio de Abogados y catedrático de Derecho Penal Luis Rodríguez Ramos y el catedrático de Derecho Procesal Nicolás González-Cuellar.
Los trabajos de estos expertos, que se reunirán semanalmente sin recibir ninguna remuneración, se centraran en elaborar una propuesta de texto articulado de la futura LECrim con los objetivos marcados por el Gobierno, entre los que se incluye una revisión del aforamiento de los jueces ante los tribunales y una limitación del periodo del secreto del sumario.
Los jueces, magistrados y fiscales gozan, al igual que los diputados y senadores, de la condición de aforados, lo que determina que son los Tribunales Superiores de Justicia o el Tribunal Supremo, como ha ocurrido en el caso de las querellas presentadas contra Baltasar Garzón, los encargados de instruir y enjuiciar las causas contra ellos, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La comisión designada por el Gobierno estudiará ahora una revisión de ese aforamiento que se incluirá en la LECrim, norma mediante la que el Ejecutivo quiere delimitar las competencias de jueces y fiscales, instaurar la doble instancia penal, someter a plazos el secreto del sumario y aumentar los controles de las escuchas telefónicas.
Las posiciones de algunos de los miembros de esta comisión sobre estos asuntos son ya conocidas, como la de la portavoz del CGPJ, órgano que en varias ocasiones ha trasladado al Gobierno y al Parlamento la necesidad de acortar el tiempo del secreto del sumario para, entre otras cosas, evitar filtraciones como las ocurridas en el caso de la investigación al duque de Palma, Iñaki Urdangarín.
De hecho, en su ultima comparecencia en el Congreso, el presidente del TS y del CGPJ, Carlos Dívar, abogó por reducir ese periodo a quince o treinta días.
La regulación de las escuchas telefónicas es otro tema que tendrán que abordar estos expertos, entre ellos Luis Rodríguez Ramos, quien en numerosos artículos y foros ha defendido la confidencialidad de las conversaciones entre abogado y cliente frente a intervenciones como las ordenadas por Garzón en el "caso Gürtel", que a su juicio vulneraron el derecho de defensa.
Además de este grupo de trabajo, el Gobierno ha acordado crear otra comisión dedicada a elaborar las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y de la Ley de Demarcación y Planta.
De ella formaran parte el vocal del CGPJ Antonio Dorado, los magistrados del Supremo Carlos Lesmes y Luis María Díez-Picazo, el decano del colegio de procuradores de Madrid, Antonio Álvarez-Buylla; el catedrático de Derecho Procesal Juan Damián González, la Abogada General del Estado, Marta Silva, y el abogado José María Vives de la Cortada.
Los trabajos de esta comisión estarán coordinados por el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, y presididos por Dorado cuando se aborde la Ley de Demarcación y Planta y por Díez-Picazo cuando se estudie la LOPJ.
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