El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, encargada de instruir la macrocausa 'Tándem', reactivará la investigación centrada en la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo por parte del BBVA con una nueva ronda de declaraciones de investigados y testigos. Así, el próximo 25 de noviembre declarará el director de Comunicación de la entidad Paul Tobin, en calidad de investigado, con el objetivo de aclarar si el banco ha ocultado algún tipo de información a la investigación. También se fijará fecha en el calendario para interrogar al exjefe de Seguridad de la compañía financiera Julio Corrochano para que ratifique su último escrito presentado, en el que aseguró que no tuvo ningún interés particular en contratar al agente encubierto.
Corrochano envió un extenso escrito a la Audiencia Nacional el pasado 5 de octubre para proponer la práctica de una serie de pruebas, al tiempo que solicitó poder declarar, ya que en su primera comparecencia, en julio de 2019, cuando fue imputado por su papel de intermediario entre el Grupo Cenyt, el entramado empresarial de Villarejo, y BBVA, se acogió a su derecho a no responder a ninguna pregunta, alegando que el sumario de la pieza 9 del caso 'Tándem' se encontraba entonces bajo secreto. En ese momento eludió su ingreso en prisión tras pagar una fianza de 300.000 euros, pero no se libró de seguir investigado.
En dicho escrito, el que fuera encargado de la Seguridad Corporativa del banco apuntó que las presuntas labores de espionaje que se encargaron a Villarejo a lo largo de una década, y por la que se abonaron más de 10 millones de euros, se hicieron por orden de sus "superiores", señalando así directamente al expresidente de BBVA Francisco González y al exconsejero delegado de la entidad Ángel Cano, ambos imputados.
En este sentido, recalcó que él no obtuvo ningún beneficio de la contratación del agente encubierto y se sumó al 'frente común' de los jefes de Seguridad de otras empresas del Ibex 35 que también están implicados en la macrocausa para reivindicar que era "inimaginable" pensar que Villarejo seguía en activo en la época que prestaba servicios para grandes compañías del país, ya que llevaba a cabo la "gestión y dirección" de los negocios desde el conocido Edificio Torre Picasso de Madrid, dando la "apariencia" de que la actividad diaria era "única y exclusiva en el ámbito de la empresa privada, haciendo incompatible a simple vista que pudiera estar compaginando esa actividad con la policial". Cabe recordar que el juez instructor García Castellón sustenta la investigación por la comisión de un delito de cohecho en el pago de los servicios realizados por Villarejo cuando éste aún se encontraba en activo en la Policía Nacional.
Petición de Anticorrupción
Los fiscales Anticorrupción Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro entienden que Corrochano ha hecho "lo que podría considerarse una especie de declaración sumaria", si bien advierten de que al registrarse a través de su defensa no puede tener valor de declaración judicial. Por ello, interesan que se le tome declaración, ya que lo narrado en su escrito ofrece "información totalmente pertinente, necesaria y útil" para la causa. Asimismo, los representantes del Ministerio Público indican que estas 'confesiones' deben ser expresadas de viva voz para después poder valorar la "idoneidad" de todas las pruebas que el propio investigado, además, solicita practicar.
Los fiscales Anticorrupción entienden que Corrochano ha hecho "lo que podría considerarse una especie de declaración sumaria", si bien advierten de que al registrarse a través de su defensa no puede tener valor de declaración judicial.
Con todo ello, el juez Joaquín Elías, refuerzo del magistrado titular de dicho juzgado, Manuel García Castellón, ha dictado un auto con fecha de este jueves, al que ha tenido acceso La Información, en el que acuerda la futura citación de Corrochano, para que sea en sede judicial, "con todas las garantías y con pleno respeto a los derechos y cargas procesales", exprese lo que considere conveniente, si así lo desea, ya que al seguir con el estatus de imputado puede acogerse a su derecho a no declarar o a contestar aquellas preguntas que considere pertinentes.
Citaciones de peritos
Además, el magistrado de refuerzo dictó un día antes otra providencia, que también ha sido consultada por este diario, para fijar otras declaraciones que el juzgado tenía pendientes desde antes del parón de la actividad judicial del mes de agosto. Así, ha señalado para el próximo 25 de noviembre la declaración de Paul Tobin, director de comunicación de la entidad que preside Carlos Torres, por un presunto delito de encubrimiento. Esta imputación deriva de la declaración a petición propia de la jefa de Seguridad de BBVA e investigada, Inés Díaz Ochagavia, en la que, informó de que iba a aportar a la causa un dossier con toda la información recopilada sobre los encargos realizados al comisario jubilado, documentación que finalmente no entregó.
Asimismo, acuerda para un día antes acuerda la citación de dos peritos, cuya declaración se dejó acordada en el auto del pasado 20 de julio en el que se imputó a Tobin. Uno de ellos precisamente tiene relación con la carpeta de Google Drive que el director de comunicación de BBVA ordenó crear para "levantar la información" que pudiera existir en el banco sobre los contratos con el Grupo Cenyt. En esta línea, ha llamado a declarar a Fernando Alfonso Díaz, autor del informe que el banco encargó a GMV, sobre la adquisición de evidencias electrónicas de archivos ubicados en los entornos de almacenamiento. El juez quiere que este perito ratifique, o en su caso amplíe, sus conclusiones vertidas en dicho documento y, sobre todo, que aclare "por qué no se presentaron los metadatos del archivo desde su creación", tal y como se había comprometido la entidad bancaria.
En cuanto al segundo perito, el Juzgado Central de Instrucción número 6 cita a declarar a César Béjar Hurtado, asesor financiero de BBVA, para poder averiguar si el banco siguió la normativa contable interna a la hora de registrar las facturas emitidas por las empresas de Villarejo, ya que éstas fueron colocadas en la cuenta de quebrantos y no en la de proveedores. De hecho, esta citación tiene relación con Corrochano, pues su testifical tiene como objeto aclarar si el exjefe de Seguridad tuvo alguna responsabilidad en la autorización de pagos al comisario jubilado que el 'forensic' le atribuyó, por lo que además reclamó a la consultora PwC que precise de dónde obtuvo la información para llegar a dicha conclusión.
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