El primo del alcalde de Madrid no será imputado en el 'caso Mascarillas'. Así lo ha acordado el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, en un auto con fecha de este lunes, en el que descarta llamar a declarar a Carlos Martínez-Almeida como investigado por un delito de tráfico de influencias por facilitar a Luis Medina, uno de los comisionistas investigados por presuntamente estafar al Ayuntamiento de Madrid en marzo de 2020, el contacto de la encargada municipal de comprar material sanitario para hacer frente a la primera ola de la pandemia de coronavirus. De este modo, el magistrado instructor le cita a declarar el próximo 12 de mayo en calidad de testigo.
El juez Carretero resuelve así la condición en la que tomará declaración al familiar del alcalde, después de que las acusaciones populares ejercidas por Podemos y el Grupo Mixto solicitaran su comparecencia como imputado. Las formaciones políticas alegaron que "debido a que por su intervención, Medina obtuvo un desmesurado beneficio económico (1.000.000 dólares), como intermediario de tres contratos de material sanitario concertados entre el Ayuntamiento de Madrid como comprador y la empresa malaya Leno como vendedora". Tras ello, el magistrado solicitó a las partes que se pronunciaran sobra la situación procesal de Carlos Martínez-Almeida, a lo que la Fiscalía Anticorrupción afirmó que veía "irrelevante" su declaración como imputado porque que los delitos que se investigan en la causa (estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes en el caso de Luis Medina), se cometieron después de su actuación.
En la resolución, a la que ha tenido acceso La Información, el juez Carretero explica que el tipo penal que le atribuyen presuntamente las acusaciones populares "es un delito esencialmente doloso y que exige que la actuación del particular sea determinante para influir en las decisiones o actuaciones de la autoridad o funcionario influidos por aquél". Con esta premisa sentada, el juez destaca que "nada de lo anterior consta en la presenta causa, salvo que Carlos Martínez-Almeida se limitó a proporcionar al señor Medina el correo electrónico de la encargada de las compras sanitarias del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, quien fue la que negoció y firmó en nombre de la funeraria municipal (y por tanto del Ayuntamiento de Madrid), los mencionados contratos".
El juez Carretero añade que tampoco consta que Carlos Martínez-Almeida "presionase en modo alguno" a Collado, "ni que le obligase a ésta a llamar" al hijo del fallecido duque de Feria porque "alegase su condición de primo del alcalde". Aún así, el juez considera que es necesario recabar su testimonio, por lo que le cita a declarar en tres días como testigo para aclarar cómo Luis Medina y su socio, Alberto Luceño, "contactaron con la persona encarga de la contratación en el Ayuntamiento de Madrid, y si hubo algún trato de favor". Se da la circunstancia de que la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento que cerró los contratos investigados estaba en un principio citada a declarar este lunes, si bien el magistrado aplazó su comparecencia hasta aclarar también cuál debe ser su situación procesal. Al igual que con el primo del primer edil, Anticorrupción considera que su declaración debe ser en calidad de testigo.
Enlace entre Medina y el primo
Quien sí ha pasado ya por el juzgado es la persona que hizo de enlace entre Medina y el primo de Almeida. La presidenta del centro universitario americano CIS (The College for International Studies), María Díaz de la Cebosa, ha comparecido este mismo lunes ante el juez instructor como testigo para explicar la relación que tiene con el empresario conocido en el mundo de la 'jet set' y por qué le facilitó el teléfono de Carlos Martínez-Almeida. "A mí me pasan el contacto de Carlos Martínez-Almeida una amiga en común, María Díaz de la Cebosa. Ella es la directora de una universidad donde yo estuve un año, aquí en Madrid, y con la que mantengo buena relación", relató Medina durante su declaración como imputado.
"Hablando con esta señora le digo que quiero contactar con la Comunidad o el Ayuntamiento y me dice que tiene amistad con Carlos", apostilló Medina. Dentro de estas explicaciones, el empresario investigado por el 'pelotazo' de las mascarillas añadió que tras conseguir el teléfono del primo del dirigente 'popular', le llamó para preguntarle "con quién podría hablar" para ofrecer la venta de mascarillas, por lo que éste le trasladó el correo electrónico de Elena Collado. Lo cierto es que el nexo entre Díaz de la Cebosa y Carlos Martínez-Almeida es la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, de la que ambos forman parte del equipo directivo.
El juez Adolfo Carretero acordó la apertura de esta investigación judicial el pasado 7 de abril tras admitir a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Alberto Luceño y Luis Medina por los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. El fiscal Luis Rodríguez Sol destacó en su escrito que los empresarios inflaron los precios de las mascarillas, guantes y test rápidos covid-19 vendidos al Ayuntamiento de Madrid con el fin de obtener un "exagerado e injustificado beneficio económico". De los 11,9 millones de dólares (10,9 millones de euros) que el consistorio pagó a una empresa de Malasia, Leno Marketing; los investigados cobraron 6 millones de dólares en comisiones por actuar como "agentes exclusivos" de dicha sociedad. En concreto, Luceño ganó 5 millones de dólares por trabajar como "agente", mientras que Medina se llevó un millón de dólares por ser el "facilitador" del negocio.
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