El instructor de la causa contra el proceso soberanista en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha rechazado la petición de Vox -personado como acusación popular en este procedimiento-, para que requiera al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) toda la información recabada en relación al origen de los fondos manejados por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural para cubrir fianzas judiciales y otros destinos relacionados con el proceso independentista.
En una providencia con fecha del pasado 18 de enero a la que ha tenido acceso Europa Press, Llarena señala simplemente que "no procede acordar la diligencia" interesada por Vox. La petición se realizó como consecuencia de la denuncia que este partido político interpuso el pasado mes de noviembre directamente ante el SEPBLAC.
Vox acudió al servicio dependiente del Ministerio de Economía a raíz del pago de las fianzas que permitieron la libertad de la expresidenta del Parlamento catalán -por 150.000 euros- y de cuatro de los miembros de la Mesa -100.000 euros cada uno- el pasado mes de noviembre y de seis exconsellers del Govern de Carles Puigdemont -un total de 600.000 euros- menos de un mes después.
Según Vox, de la disponibilidad de dichos fondos en la 'caja de resistencia' gestionada por ANC y Òmnium se desprende que ambas son "organizaciones delictivas dentro de la estructura golpista secesionista, orquestada desde el gobierno de la Generalitat, presidido por Carles Puigdemont y por la Mesa del Parlament autonómico presidido por Carme Forcadell", con la misma finalidad delictiva de rebelión, sedición, malversación, desobediencia, prevaricación y otros delitos que esta parte considera cometidos.
Añadían que por esta razón el abono de las citadas fianzas debe ser investigado "con diligencia" para conocer la procedencia de ese dinero, "que pudiera tener un origen delictivo, desconocido o ilegal" vulnerando la normativa contra el blanqueo de capitales, de fiscalidad, o de malversación de fondos públicos.
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