La Audiencia Nacional rechaza que Países Bajos limite la investigación contra el que fuera 'mano derecha' del magnate ruso Mijail Fridman. La Sala de lo Penal ha ordenado al juez instructor Manuel García Castellón que no se conforme con la documentación que las autoridades holandesas han remitido sobre Peter Wakkie, el que fuera gestor independiente del Grupo Zed, y que reclame a las mismas toda la información que en su día requirió para poder concretar los vínculos de este investigado con el dueño de la cadena de supermercados Dia, también imputado por su presunta implicación en la quiebra de la multinacional tecnológica.
Se trata de una comisión rogatoria librada a Países Bajos, a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, para contrastar la información que la defensa de Wakkie aportó a la causa. El objetivo es esclarecer la relación que el abogado holandés tenía con el empresario ruso, ya que al tiempo que la corte mercantil de Ámsterdam le designó como administrador judicial de Zed, accedió a convertirse en el presidente de Highland Marine Stichning, empresa recién constituida propiedad de LetterOne, el vehículo inversor de Fridman.
Fridman fue imputado en agosto de 2019 en la causa abierta para investigar la quiebra de Zed Worldwide, si bien en diciembre de un año después, el juez instructor Manuel García Castellón acordó el archivo del caso con respecto al multimillonario al entender que no existen indicios que demuestren su participación de forma "directa" o "indirecta" en cuestiones relativas al Grupo Zed para poder adquirirlo por 20 millones de euros, un precio muy inferior al de mercado. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como los antiguos dueños de la tecnológica recurrieron esta decisión, consiguiendo que la Sala de lo Penal ordenara el pasado mes de julio la reapertura de las diligencias al considerar que en todavía no se puede alcanzar esa conclusión, ya que la investigación aún no se ha agotado. De hecho, entre las alegaciones expuestas en los recursos, el Ministerio Público subrayó que la comisión rogatoria en cuestión se encontraba en ese momento pendiente.
Con la documentación sobre Peter Wakkie en poder de la Audiencia Nacional, el instructor constató que las autoridades holandesas no remitieron toda la información solicitada. Aún así, señaló que lo enviado era suficiente para cerrar el círculo sobre el abogado holandés. Un criterio que no comparte la Sala de lo Penal, pues, según indica, es necesario contar con todo el expediente para poder "someter a contradicción" el contenido de la prueba aportada por la defensa del investigado. Así lo afirman los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en un auto con fecha del pasado 13 de diciembre, al que ha tenido acceso La Información, en el que estiman los recursos de la familia Pérez Dolset, fundadora de Zed, y a los que se adhirió parcialmente la Fiscalía Anticorrupción, contra la negativa del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, a hacer una nueva petición a Países Bajos.
Sin explicaciones
La Sala explica que no se puede dar por cumplimentada "sin más" una comisión rogatoria cuando ni siquiera el país al que se pide auxilio judicial especifica "con claridad y precisión" el porqué no atiende a toda la petición. En este sentido, subraya que el juez García Castellón ya apreció la "necesidad y pertinencia" de recabar toda esta información para el esclarecimiento de los hechos, por lo que los magistrados de apelación no ven "ajustado a Derecho" que ahora el instructor dé el visto bueno al cumplimiento parcial de la comisión rogatoria alegando que las actuaciones que obran en Países Bajos comprende "un ingente volumen documental que sobrepasa los 20.000 folios".
Es más, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal critica en su resolución el argumento del juez instructor de que con ello se pretende evitar las dilaciones indebidas que podrían producirse en la investigación, ya que existen los "mecanismos adecuados" para sacar del expediente únicamente la parte solicitada. Así, rechaza las "razones utilitaristas y de economía procesal" esgrimidas, al menos hasta que Países Bajos acredite "una imposibilidad material" para el cumplimiento de la comisión rogatoria.
Con todo ello, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 debe ponerse en contacto de nuevo con Ámsterdam para acceder a toda la información que demandó desde el primer momento. Esta diligencia se sumará a todas las que acordó practicar después de que la Sala de lo Penal le obligara a volver a imputar a Fridman, como el interrogatorio a varios de los socios rusos, cuyas empresas habrían contribuido en la "asfixia económica" del Grupo Zed; o la citación como como testigo a Philipp Yalovega, que cesó en 2013 como responsable de desarrollo de negocio de Vimpelcom, cuyo testimonio puede aportar datos relevantes como las supuestas presiones políticas que pudo influir en la insolvencia de la compañía tecnológica.
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