El 'caso Tándem' (más conocido como 'caso Villarejo') se destapó en noviembre de 2017 tras la detención por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional, y por orden del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, del comisario jubilado José Manuel Villarejo. A lo largo de más de cuatro años, el titular de dicho órgano judicial, Manuel García Castellón, ha formado una treintena de piezas separadas para investigar los diversos negocios privados que el agente encubierto realizó, mientras seguía en activo en la Policía, para numerosos clientes particulares y compañías nacionales, algunas del Ibex 35. Pero a todas ellas se suma una 'pieza principal', en la que se acumulan diligencias esenciales que ayudan al juez a entender cómo operaba el agente encubierto. Ahora esta línea ha 'recibido' número, constituyendo la pieza separada 31 de la macrocausa.
Fuentes jurídicas consultadas por La Información han señalado que hace aproximadamente un mes, el letrado de la Administración de Justicia del Juzgado Central de Instrucción número 6 comunicó a las partes la formación de una nueva pieza en la que se incluye las pruebas que ya obran en la denominada 'pieza principal'. En ella, se encuentran las agendas en las que el comisario jubilado anotó los avances de sus investigaciones, así como los audios de muchas de sus conversaciones, que sirven a los investigadores para aclarar con quién se relacionó Villarejo, qué actividades realizó a través de su entramado societario, Grupo Cenyt, y qué maniobras habría realizado. De hecho, muchas de las defensas y perjudicados personados en las distintas líneas de investigación han solicitado al juez poder acceder a esta parte del sumario para poder reforzar sus líneas estratégicas y no limitarse con las diligencias que solo se recogen en sus piezas.
Varias fuentes jurídicas explican que se trata de una medida organizativa en el juzgado, ya que debido a que la 'pieza principal' no tenía un número concreto, todas las cuestiones relativas a la misma o peticiones de las partes tardaban en tramitarse. De hecho, apuntan que en ocasiones se ha generado la confusión entre la 'pieza principal' y la primera pieza de la macrocausa, denominada como 'King'. El caso se inició a raíz de la denuncia que presentó un empresario, al que se le conocía como 'pagafantas', sobre las actuaciones irregulares que habría cometido un amigo de Villarejo, el excomisario del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca, a quien obsequió con "dádivas de lujo" para permitir la entrada ilegal en España de ciudadanos guineanos. Unos hechos, bautizados por el agente encubierto como 'proyecto King', que ya están a la espera de juicio.
Investigación sobre República Dominicana
Otras fuentes consultadas por este diario añaden que esta nueva línea de investigación tiene el objetivo de profundizar en parte de las diligencias que obran en lo que hasta ahora se conocía como 'pieza principal', pues en ella también consta la información que remiten otros países a través de comisiones rogatorias. Recientemente, el juez Manuel García Castellón, a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, ha librado a República Dominicana una ampliación de la información que ya solicitó sobre la operativa económica que llevó a cabo Villarejo en el país caribeño.
Con ello, se pretende "reconstruir completamente el movimiento de los fondos recibidos de algunos de los más importantes clientes contratantes del Grupo Cenyt, y la averiguación del patrimonio acumulado en el exterior por los miembros de la organización criminal vinculados" al mismo, entre los que se encontrarían numerosos inmuebles e incluso hasta un hotel en Uruguay. De hecho, el magistrado García Castellón ya acordó hace un año embargar los bienes del comisario jubilado, que alcanzarían los 23,55 millones de euros procedentes de los pagos por sus actividades privadas presuntamente irregulares entre 2004 y 2016; y 53 inmuebles en España y el extranjero.
El juez acordó hace un año embargar los bienes del comisario jubilado, que alcanzarían los 23,55 millones de euros procedentes de los pagos por sus actividades privadas presuntamente irregulares; y 53 inmuebles en España y el extranjero.
Según confirman las mismas fuentes, la pieza 31 estaría precisamente centrada en estos hechos. Cabe recordar que el pasado 28 de febrero, el comisario jubilado; su mujer, Gema Alcalá; su hijo mayor, José Manuel; y su socio en Cenyt, Rafael Redondo, fueron a declarar como imputados a la Audiencia Nacional en relación a los trabajos que se hicieron para Francisco Menéndez, quien denunció las maniobras para facilitar el acceso en España de personas de su entorno y ciudadanos guineanos con los que hacía negocios. En esta comparecencia, los investigados fueron preguntados también por las actividades de Villarejo en República Dominicana, si bien todos ellos, salvo el agente encubierto, se negaron a declarar al respecto, a la espera de conocerse el resultado de la comisión rogatoria, según han señalado fuentes presentes en las declaraciones.
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía hallaron casi al inicio de la causa indicios de las colaboraciones que Villarejo habría mantenido con José María Clemente Marcet en República Dominicana. En este sentido, según consta en las agendas del comisario jubilado y en documentos incorporados al sumario, el agente encubierto habría podido blanquear 1,2 millones de euros junto a este socio, que fue investigado en dos causas abiertas en la Audiencia Nacional y condenado en Francia por blanqueo de capitales y tráfico de drogas. Asimismo, este empresario catalán no solo le ayudó a colaborar con agentes del FBI destinados en España, al menos desde 2014, sino que también se habría aliado con el polémico policía para comprar varios inmuebles, como un aparcamiento y viviendas, e incluso una empresa tecnológica, en la que participó el también investigado Adrián de la Joya, según adelantó 'El Periódico de España'.
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