El 'caso Villarejo' dio un nuevo giro hace dos semanas con la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de volver a imputar como personas jurídicas a Repsol y CaixaBank y sus líderes por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo. No obstante, según han indicado fuentes jurídicas consultadas por La Información, el recorrido de la reapertura de esta investigación judicial no parece que vaya mucho más allá de la práctica de las diligencias que los magistrados de la Sección Tercera ordenaron realizar al juez instructor Manuel García Castellón y de alguna otra que pueda pedir la Fiscalía Anticorrupción antes de dejar la instrucción finiquitada definitivamente.
De acuerdo con el auto de la Sala del pasado 7 de febrero, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 deberá buscar hueco en su agenda para tomar declaración como testigos a los directivos ambas compañías del Ibex 35 que supuestamente se encargaron de verificar que en la relación comercial entablada en 2011 con el Grupo Cenyt, el entramado empresarial del agente encubierto, se cumplieron todas las normas. Se trata, por un lado, de Enrique Hernández, el 'compliance officer' de Repsol, es decir la persona responsable de controlar que la empresa cumple con los requisitos legales y políticas internas con sus actividades; y, por otro lado, la responsable de Auditoría Interna de CaixaBank, María Luis Retamosa.
A estas comparecencias también deberá sumarse la del autor del informe pericial de KPMG que la petrolera aportó a la causa, que analizaba todo el sistema de cumplimiento normativo que ya estaba instaurado en la corporación en 2011, pero sin adjuntar los documentos que sustenta el examen. Según han indicado las fuentes cercanas a esta vigesimoprimera pieza separada de la macrocausa 'Tándem', el juez instructor espera a practicar esta batería de diligencias para ver si puede ratificarse en la decisión que tomó a finales de julio de 2021 de archivar la causa con respecto a Repsol y CaixaBank, así como al presidente de la primera empresa, Antonio Brufau, y el presidente de la Fundación de la entidad financiera, Isidro Fainé.
El juez García Castellón consideró entonces que en el momento de la contratación de Villarejo con el objetivo de frenar el pacto alcanzado entre Sacyr Vallehermoso y Pemex para hacerse con el control de la petrolera española, tanto ésta como el banco tenían implantado "un sistema de prevención y cumplimiento eficaz" de las normas internas. Asimismo, destacó que la "supervisión y vigilancia" de la relación comercial entablada con Cenyt recaía en verdad en los directores de Seguridad - a los que ya ha procesado- y no en los presidentes, por lo que apostó por exonerarles de cualquier tipo de responsabilidad y evitar poder seguir creando un "daño reputacional" tanto a los dirigentes como a las cotizadas.
Recursos de las acusaciones
Sin embargo, la Sala de lo Penal echó por tierra todos estos argumentos a principios de septiembre y estimó los recursos de la Fiscalía Anticorrupción y del expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, personado en la causa como perjudicado de los presuntos espionajes realizados por el agente encubierto. En este sentido, el tribunal indicó que el juez instructor se había adelantado a la hora de acordar el sobreseimiento de las actuaciones, ya que aún quedaban las mencionadas diligencias pendientes de practicar. Así, las fuentes jurídicas consultadas explican que una vez que se realicen estas pruebas, el magistrado instructor habría cumplido con el mandato dado desde la instancia superior y podría volver acordar el archivo del caso para las empresas investigadas y sus primeros espadas.
Según destacan estas mismas fuentes, pese a que la Sala subrayó en su resolución que hay indicios de la presunta responsabilidad de los líderes de Repsol y Caixa en el encargo realizado a Cenyt, lo que podría suponer la comisión de delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos; no parecería descabellado que el juez encargado de investigar los negocios privados del comisario Villarejo mantenga su criterio salvo que las declaraciones de los testigos arrojen nuevas sospechas sobre la actuación de Brufau, Fainé o de sus compañías, que obliguen a indagar más en sus actuaciones y pueda abrir la puerta a dar un paso en dirección contraria, es decir, hacia el procesamiento.
En cualquier caso, lo previsible es que, para evitar que las acusaciones vuelvan a impugnar la decisión que finalmente adopte, el magistrado instructor pregunte a todas las partes (acusaciones y defensas) si consideran que ya se han practicado todas las diligencias de investigación oportunas y se han recabado todas las pruebas necesarias para acreditar o descartar la comisión de delitos. Además, cabe recordar que aunque la orden de la Sala de lo Penal implica la reapertura 'de facto' de esta pieza separada numero 21 del caso 'Tándem', dicho órgano todavía tiene que resolver, precisamente, los recursos presentados contra la resolución que cierra esta instrucción y la propuesta de juzgar a los jefes de Seguridad de las dos empresas, por lo que se pueden señalar nuevas pistas a seguir.
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