Estaba prevista el 7 de julio

El juez suspende la declaración de Sánchez Galán para evitar indefensión

El magistrado García Castellón aplaza el interrogatorio sobre la contratación de Villarejo hasta que se resuelva la petición de nulidad planteada por la compañía, cuya situación procesal aún no se ha aclarado.

El juez imputa a Sánchez Galán por el presunto espionaje en el 'caso Villarejo'
El juez imputa a Sánchez Galán por el presunto espionaje en el 'caso Villarejo'

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado aplazar las declaraciones como investigados del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, de su 'número dos', Francisco Martínez Córcoles, y de los exdirectivos de la compañía Fernando Becker y Rafael Obergozo, previstas para los próximo 6 y 7 de julio, por la contratación de las presuntas labores de espionaje del comisario jubilado José Manuel Villarejo entre 2004 y 2017 con el fin de "evitar una posible indefensión" de la empresa, cuya situación procesal aún no se ha aclarado.

Así lo ha acordado este mismo viernes el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en una providencia, a la que ha tenido acceso La Información, después de que Iberdrola presentara un escrito interesando la nulidad del auto del pasado 23 junio por el que se imputó a su cúpula directiva o el dictado dos días después para preguntar a Fiscalía Anticorrupción qué situación procesal debe tener la compañía en la causa.

En esa última resolución, el magistrado encargado de investigar el caso 'Tándem' pidió informe al Ministerio Público para saber si la eléctrica debe ser imputada como persona jurídica, tal y como solicitaba una de los perjudicados de los trabajos de espionaje de Villarejo, o si al contrario debe admitir su personación como acusación particular contra el que fuera ex 'controller' de la compañía José Antonio del Olmo y poder ampliar la querella interpuesta contra él por su informe en el que denunciaba un sistema de facturas falsas.

Iberdrola solicitó su personación en la pieza 17 del caso 'Tándem', después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao se inhibiera en favor de la Audiencia Nacional con respecto a la querella que la empresa interpuso contra Del Olmo por el delito de falsedad en documento privado. Unos hechos que el juez de 'Tándem' acordó acumular a la causa y que, según destaca el escrito de nulidad, al que también ha tenido acceso este diario, casi un año después aún no se han practicado diligencias al respecto ni se le ha dado acceso al sumario de la causa para poder instruirse adecuadamente, así como instar la práctica de aquellas pruebas que consideren "necesarias útiles y pertinentes" para el esclarecimiento de los hechos.

Así las cosas, el juez García Castellón ha dado traslado al Ministerio Público y a las demás partes personadas para que en el plazo de cinco días informen sobre la petición de nulidad de todas las diligencias que se han dictado desde el pasado 27 de mayo, día en el que Iberdrola insistió en poder actuar como acusación particular, hasta el pasado 25 de junio cuando se cuestionó la condición de la empresa en la causa. Mientras tanto, "con el fin de evitar una posible indefensión y para garantizar el derecho" de la eléctrica, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha acordado aplazar los interrogatorio de Sánchez Galán, Martínez Córcoles, Becker y Obergozo 'sine die'.

Posible "conflicto de intereses"

El motivo por el que el instructor preguntó a Anticorrupción sobre la situación procesal de Iberdrola es que puede existir "un posible conflicto de intereses", ya que la decisión de imputar al presidente de la cotizada y los otros tres directivos descansa en gran parte en la documentación de Del Olmo, que pasó de ser testigo a investigado. El informe del que fuera responsable de Control Corporativo de la eléctrica, hecho público en diciembre de 2019, señalaba que Sánchez Galán y su equipo estaban al tanto de los pagos a Villarejo por el 'proyecto Arrow'

Un trabajo que se desarrolló entre los años 2004 y 2006, con el objetivo de superar los obstáculos, tanto administrativos como motivados por la oposición de una parte de los ciudadanos de la zona, que estaban surgiendo en la construcción y puesta en marcha de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz).

El juez concluyó que "aparentemente, ya en el año 2004 se pusieron de manifiesto las sospechas de actuaciones irregulares por parte de Iberdrola, y algunos de sus y algunos directivos", entre los que se encontrarían Ignacio Sánchez Galán, que en esa época era vicepresidente de la compañía, Fernando Becker, en aquella época era el director de Recursos Humanos y Servicios, y Francisco Martínez Córcoles, que entonces ocupaba el cargo de director de generación.

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