El juez velasco continuará con la instrucción del caso ellacuría por entender que fue terrorismo


El titular del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha dictado una resolución en la que anuncia que continuará con la instrucción de la causa por el asesinato de cinco jesuitas en San Salvador en 1989, entre los que se encontraba el padre Ignacio Ellacuría, por entender que se trata de “asesinatos terroristas”.
El juez decide en este mismo acto dejar sin efecto la imputación por el cargo de lesa humanidad, al entender que estaría directamente afectado por la reforma de la jurisdicción universal aprobada por el Congreso.
Velasco abre una nueva vía para afrontar la aplicación de la nueva normativa en los casos abiertos porque eleva una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que sea ésta la que determine si el juicio que se siguió en El Salvador en su día fue “fraudulento o incompleto”.
Sin embargo, afirma que el juez instructor es el único competente para investigar delitos graves, como estos de terrorismo, aunque decide no continuar con la imputación de lesa humanidad.
Por su parte, la Fiscalía considera que debería ser la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que se pronunciarse sobre el archivo o no de las causas pendientes afectadas por la reforma de la jurisdicción universal, de manera que hubiera un solo criterio unificado que pudieran seguir todos los jueces.
La reforma legislativa limita la persecución de los delitos de genocidio y lesa humanidad a los procedimientos que se dirijan contra españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad tras cometer el hecho o cuya extradición haya sido denegada.
El nuevo artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial elimina la posibilidad de actuar con una denuncia o a través de una acusación popular, para limitar su impulso a las querellas presentadas por el agraviado o la Fiscalía.
El juez Eloy Velasco instruye una querella contra 20 militares y exmilitares salvadoreños presuntamente implicados en el asesinato en 1989 de cinco jesuitas españoles en la Universidad Centroamericana (UCA) en San Salvador. Entre los fallecidos se encontraba el padre Ignacio Ellacuría, entonces rector de la universidad.
El juez Velasco considera en su resolución que la reforma impulsada por el Gobierno es “ilógica” porque es contradictorio archivar y verificar los hechos a la vez, al tiempo que se garantiza la tutela judicial efectiva.
En ese sentido, insiste en que para “no vaciar al juez de su función constitucional exclusiva de juzgar, primero se debe comprobar la concurrencia o no de los requisitos legales, y sólo después, adoptar la decisión oportuna”.
Por tanto, entiende que “nada” se puede hacer “al margen del proceso” de manera que el sobreseimiento de una causa sólo se pueda decidir como “producto final” del procedimiento judicial.

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