Washington, 10 ene.- El juicio al exmilitar salvadoreño Inocente Orlando Montano, supuestamente vinculado con la matanza de cinco jesuitas en 1989 y acusado en EEUU de dos cargos de perjurio y fraude migratorio, comienza mañana en la Corte Federal John Joseph Moakley de Boston.
Montano está reclamado por la Justicia española por su supuesta responsabilidad en los asesinatos de 1989 en la Universidad Centroamericana de El Salvador.
En Estados Unidos no se le juzga por esos hechos, sino por supuestos delitos relacionados con la legislación de inmigración.
El juez federal estadounidense Douglas Woodlock postergó la audiencia el pasado 20 de diciembre después de que Montano, de 69 años, acudiese para responder por haber realizado declaraciones falsas en formularios de inmigración y cometer perjurio con la intención de permanecer en Estados Unidos.
Según revelaron entonces fuentes cercanas al proceso judicial, Montano, a través de un intérprete, tenía previsto declararse culpable de los dos cargos.
"Al principio, la fiscalía y la defensa habían logrado un acuerdo para que Montano se declarara culpable de un cargo de fraude migratorio y otro de perjurio, (pero) no se llegó a un acuerdo sobre qué sentencia obtendrá Montano, aunque éste aceptaría la deportación a El Salvador", dijo a Efe una fuente judicial que pidió el anonimato.
Cuando Woodlock enumeró a Montano los derechos a los que renunciaba durante el juicio y el requisito de que se declarase culpable de todos los elementos delictivos, las cosas cambiaron, agregó la fuente.
"A través de su abogado dijo que él no mintió intencionadamente en su formulario del TPS respecto a su participación en el Ejército salvadoreño. Previamente le había hablado al juez de sus 30 años en el Ejército..; el juez abruptamente le pidió a la defensa que regresara a la corte el 11 de enero", precisó.
El abogado de la defensa, Óscar Cruz, rehusó hoy hacer declaraciones a Efe sobre el caso.
Un documento presentado el pasado 29 de noviembre citó un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que asegura que hubo "pruebas sustanciales" de que Montano conspiró con otros oficiales del Ejército para planear y emitir una orden para la matanza de seis sacerdotes jesuitas, su empleada doméstica y la hija de ésta.
El salvadoreño ha estado en EE.UU. desde al menos 2001 y en 2002 solicitó y obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS), que el gobierno estadounidense otorga a quienes no pueden regresar a sus países debido a conflictos civiles o desastres naturales.
Los documentos presentados en el tribunal indican que tanto en su solicitud inicial para el TPS como en otras solicitudes para renovarlo, el coronel retirado negó haber sido miembro de las Fuerzas Armadas en El Salvador, haber pertenecido a algún grupo que utilizase armas contra alguna persona o haber recibido capacitación militar.
El cargo de perjurio se debe a que Montano, de hecho, fue miembro de la clase militar de 1966 conocida como "La Tandona" y que contribuyó al aumento de la violencia durante la guerra civil en El Salvador (1979-1992).
En noviembre de 1989, los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Armando López, Ignacio Martín Baró y Juan Ramón Moreno, así como el jesuita salvadoreño Joaquín López y López, y dos empleadas domésticas que trabajaban con ellos, Elba y Celina Ramos, fueron asesinados por un escuadrón dentro del campus de la Universidad Centroamericana.
El pasado 2 de diciembre, el Gobierno español acordó solicitar la extradición de quince exmilitares salvadoreños, entre ellos Montano, bajo cargos de conspiración y asesinato de los cinco jesuitas y tres ciudadanos salvadoreños, así como de crímenes contra la humanidad y terrorismo.
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