El juicio contra Uralde por irrumpir en la cumbre climática celebra la vista final

  • Copenhague.- El juicio contra el exdirector de Greenpeace España Juan López de Uralde y otros miembros de la organización por irrumpir en un acto de la cumbre climática mundial de 2009 en Copenhague quedará hoy visto para sentencia.

El juicio contra Uralde por irrumpir en la cumbre climática celebra la vista final
El juicio contra Uralde por irrumpir en la cumbre climática celebra la vista final

Copenhague.- El juicio contra el exdirector de Greenpeace España Juan López de Uralde y otros miembros de la organización por irrumpir en un acto de la cumbre climática mundial de 2009 en Copenhague quedará hoy visto para sentencia.

Tras la vista inicial de hace dos meses, las dos partes deberán ahora leer sus conclusiones, y entonces el tribunal deberá decidir si es posible dictar sentencia ese mismo día o tomarse un tiempo de deliberación mayor y aplazar el dictamen a un máximo de dos semanas.

Según explicó a EFE el abogado de Uralde, Jakob Arrevad, lo más probable es que haya un aplazamiento, porque hay muchas cuestiones que deben de ser analizadas y no cree que al juez le dé tiempo a dictar sentencia antes de las 16 horas, límite fijado para que acabe la vista.

Los once acusados, además de Greenpeace Nordic, están imputados por falsificación documental, suplantación de autoridad pública y allanamiento de morada, agravado por una ofensa a la reina Margarita II, anfitriona de la cena de gala en la que irrumpieron.

Por el cargo de allanamiento, la pena puede suponer seis meses de cárcel, aunque podría verse duplicada por la ofensa a la reina; por la falsificación de documento público, el máximo es de dos años; y la suplantación implica una multa cuya cuantía está por determinar.

El abogado de Uralde se mostró, no obstante, optimista sobre la resolución del caso y cree que no se dictará prisión incondicional.

"Estoy convencido de que como máximo será una pena condicional de 30 días, pero espero que sea aún menor", dijo a EFE.

Arrevad resaltó que la Convención de Derechos Humanos manifiesta el derecho a expresarse políticamente y recordó que casos similares de protestas celebrados en Europa acabaron en multas.

Que la Fiscalía haya recurrido al delito de ofensa a la reina, que no se usa desde hace ochenta años, sorprende a Arrevad, quien señaló que no se puede proteger su figura como si fuera la de "un monarca absoluto" y que así lo ha reconocido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Durante la primera vista, la defensa pidió la libertad de los imputados y la anulación del proceso con el argumento de que se trató de una protesta política para forzar un acuerdo en la cumbre.

Todos los acusados se declararon inocentes de los cargos, si bien admitieron su participación en los hechos, que justificaron ante la inminencia de un fracaso en la cumbre, como así sucedió finalmente.

La Fiscalía incidió en que los acusados habían falsificado matrículas de coches y papeles para acceder a la gala, y pidió pena de cárcel sin especificar de qué tipo, y resaltó que tiene que ser el tribunal quien decida su duración y si debe ser o no condicional.

López de Uralde y otros tres compañeros de Greenpeace -un suizo, una noruega y un holandés- burlaron el 17 de diciembre de 2009 la seguridad de la cena de gala de la cumbre, a la que asistieron un centenar de jefes de Estado, haciéndose pasar por "jefe de Estado de la Madre Tierra", su esposa, un escolta y el chófer.

A la entrada del banquete desplegaron una pancarta delante de las cámaras de la televisión pública danesa DR con el lema "Los políticos hablan, los líderes actúan".

López de Uralde permaneció en prisión preventiva 20 días y fue liberado con cargos, al igual que el resto de sus compañeros.

La actuación de la Policía danesa durante la cumbre climática fue muy criticada por haber detenido a casi 2.000 personas, la mayoría de forma preventiva ante hipotéticos disturbios, cuando apenas hubo incidentes violentos.

En respuesta a una demanda presentada por 250 personas detenidas, un tribunal de Copenhague declaró en diciembre pasado "ilegales" las detenciones masivas de carácter preventivo y condenó al Estado danés a pagar indemnizaciones de hasta 1.200 euros por persona.

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