La Audiencia pide refuerzo para afrontar el caso Villarejo tras la salida de De Egea

  • Las fuertes discrepancias entre la Fiscalía y el juez de 'Tándem' le han llevado a dejar la causa en plena investigación por el espionaje a Bárcenas. 
El excomisario Villarejo
El excomisario Villarejo
EFE

Ni tan siquiera habían transcurrido 12 horas desde que se conociera la salida de la Audiencia Nacional de Diego de Egea cuando el órgano judicial ya estaba solicitando un sustituto para el Juzgado en el que estaba designado como juez de refuerzo. Según han informado fuentes jurídicas a este diario, el titular del mismo, Manuel García Castellón, ha formulado dicho requerimiento este mismo miércoles ante el CGPJ debido a la carga de trabajo que soporta el Central de Instrucción número 6.

El refuerzo iría destinado a todos los asuntos nuevos que recaigan en este Juzgado. Especialmente, teniendo en cuenta que, a la instrucción de macrocausas como Lezo o Púnica, debe añadir a partir del 31 de diciembre Tándem, relativo a los negocios irregulares del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Aunque ya se suma más de un año de investigación, todavía quedan muchos flecos pendientes de resolver en uno de los procedimientos más complejos y mediáticos que afectan, a día de hoy, a varias instituciones del Estado.

Máxime después de la apertura de la séptima y última pieza de esta causa, bautizada como 'Kitchen', y relativa al encargo que salió en el año 2013 del Ministerio del Interior de espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias, a quienes se les sustrajo información sensible de la formación popular. El análisis de la abundante documentación que obra en la causa destapó la existencia de este operativo, controlado presuntamente por el propio Villarejo y su entonces socio Enrique García Castaño, alias El Gordo y que ha sido reconocido por el Ministerio del Interior.

La incógnita ahora reside en saber si De Egea -titular del juzgado de instrucción número 43 de Madrid- acuerda alguna diligencia más en este tiempo hasta que expire el plazo de la comisión de servicios, especialmente en lo relativo a la posible puesta en libertad con medidas cautelares de Villarejo, tal y como adelantó el diario El Mundo. Desde su arresto el 5 de noviembre de 2017 por integrar una presunta trama con la que se facilitaba la entrada ilegal de guineanos en España, el principal investigado en este caso ha solicitado en numerosas ocasiones su puesta en libertad.

Choque frontal de criterios entre Fiscalía y juez

La última vez que la Sala se la denegó fue el mes pasado. Los magistrados consideran que, a pesar al tiempo transcurrido, el riesgo de fuga no solo se mantiene, sino que aumenta y tampoco descartan que se desvelen más indicios de su implicación en esta trama. Con todo, De Egea podría estar barajando la opción de dejarle en libertad con imposición de fianza millonaria u otras medidas cautelares, pese a que esta diligencia contaría con la oposición de la Fiscalía Anticorrupción.

Se trata de una desavenencia más entre el Ministerio Público y el todavía instructor de todas las que se han producido desde el estallido de la causa en noviembre del pasado año. La última, en concreto, tuvo lugar después de que De Egea acordara levantar el secreto de sumario de todo el material que aglutina el caso y entre el que se encuentran los más de 4 terabytes incautados en los diversos domicilios de Villarejo.

Anticorrupción interpuso recurso ante la Sala, que resolvió mantener en secreto aquellos documentos en los que se trabaja para lograr desencriptarlos. Y no es el único, puesto que este mismo órgano tiene que estudiar otros recursos pendientes del Ministerio Público contra los archivos de las piezas número dos y tres de la causa bautizadas como Land (sobre los promotores de La Finca en Pozuelo) y Iron (relativa a cuatro abogados de un despacho que contrató los servicios de Villarejo). 

También se opuso al archivo parcial de la investigación vigente al excomisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca ante la aparición de nuevos indicios que serían constitutivos de delito de cohecho y prevaricación; y sobre el hecho de que abriera unas diligencias separadas de la causa principal para investigar a García Castaño. En todos estos casos, el Ministerio Público expuso que las diligencias se cerraron de manera precipitada, sobre todo a tenor del material que ha ido viendo la luz conforme ha avanzado la instrucción. 

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