Oleguer Pujol, el hijo menor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y de Marta Ferrusola, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que frene la reclamación a Países Bajos para recabar más datos sobre su patrimonio en el extranjero al entender que las autoridades neerlandesas ya han remitido toda la información necesaria sobre dos cuentas bancarias vinculadas a dos sociedades en las que se acumuló un total de 26 millones de euros. Su defensa considera que el magistrado ha emitido por "error" una última Orden Europea de Investigación (OEI), pidiendo una información que, según dice, ya se ha recibido.
La advertencia llega unos días después de que el juez del Juzgado Central de Instrucción número 5 dictara a principios de septiembre una providencia por la que se pedía de nuevo a Países Bajos que enviara toda la información que tuviera disponible sobre las sociedades Dotricia BV y Anline Services BV. Se trata de la última diligencia que el juez Pedraz ha ordenado antes de cerrar del todo la denominada 'pieza Drago', relativa a esclarecer el origen del dinero que Oleguer Pujol desembolsó en diversas operaciones inmobiliarias de la empresa Drago Capital y en la propia compañía, tras constatarse el uso de sociedades extranjeras para el cobro de comisiones.
La defensa de Pujol entiende que esta comisión rogatoria ya no tiene sentido. En un breve escrito, al que ha tenido acceso La Información, afirma que la información solicitada "ya fue, en realidad, debidamente cumplimentada" poco después de que el pasado mes de marzo insistiera al juez para que reclamara a las autoridades holandesas toda la información que tuvieran en su poder sobre los movimientos bancarios relacionados con las mercantiles mencionadas. Según indica, las partes recibieron los datos requeridos "por medio de diligencia de ordenación de 18 de junio de 2021".
La reclamación de dicha información tiene su origen en junio de 2019, en el marco de la pieza principal del 'caso Pujol', en el que el Oleguer Pujol se encuentra procesado junto a sus padres y sus seis hermanos. El anterior instructor de la causa, José de la Mata -ahora en Eurojust-, interesó hacerse con numerosa documentación bancaria con el objetivo de buscar el destino y reparto de más de 90 millones de euros relacionados con operaciones inmobiliarias. Según el auto por el que se libró la primera OEI, el montante salió de España a principios de 2015 con destino Dotricia, sociedad que sería una 'joint venture, "tras la que se esconden los compradores finales". Uno de ellos sería la empresa Anline Service, en la que se sitúa al hijo menor de Pujol y a Luis Iglesias, yerno del exministro Eduardo Zaplana, también investigado.
La Audiencia Nacional recibió los datos reclamados en enero de 2020. La documentación enviada detallaba que la cuenta de Dotricia tenía a 31 de diciembre de 2015 más de 21,8 millones de euros, mientras que la mercantil Anline Service contaba con 4,1 millones de euros. No obstante, la defensa de Oleguer Pujol alegó que la información estaba incompleta, pues, en su opinión, se trataba de una "foto final" en la que no se adjuntaban los archivos que dan cuenta de las operaciones bancarias de ambas sociedades.
La información tardaba en llegar
Así, en aras de completar dicha información, el abogado de la familia Pujol instó en junio de 2020 que se reclamara esta documentación que faltaba, petición que fue aceptada por el entonces juez instructor De la Mata. Pero la solicitud tardaba en cumplimentarse, por lo que el pasado mes de marzo, "nueve meses después", la representación legal de la familia del expresidente de la Generalitat reiteró su interés al ahora encargado del Juzgado Central de Instrucción número 5 para que volviera a emitir una comisión a Países Bajos. Esto fue lo que precisamente hizo el pasado 1 de septiembre el juez Pedraz, conforme al criterio de la Fiscalía Anticorrupción.
La pieza separada 'Drago' se formó el verano de 2020, una vez que el entonces juez instructor acordó poner fin a la causa principal sobre el origen del patrimonio del clan Pujol y sentar a todos sus miembros en el banquillo por el presunto delito de organización criminal. Un año después, el juez Pedraz decidió no prorrogar por más tiempo esta línea de investigación en la que se rastrea la fortuna que pudo amasar con operaciones inmobiliarias, por lo que la instrucción tiene las horas contadas. El final de esta pieza separada depende de si el magistrado mantiene la comisión rogatoria o, por el contrario, atiende al planteamiento de Oleguer Pujol -que pidió el archivo de este caso en abril- y desactiva el último requerimiento a Países Bajos. También está pendiente de conocer las conclusiones definitivas de la Agencia Tributaria sobre este caso.
Aunque esta instrucción forma parte del conocido 'caso Pujol', las diligencias se iniciaron en el Juzgado Central de Instrucción número 1, en el que precisamente se encontraba el juez Pedraz antes del cambio de despacho. Debido a la conexión que existe entre ambas causas, puesto que el origen de las cantidades invertidas en Drago Capital procedían, "al menos en parte", de una cuenta conjunta con sus hermanos en una entidad financiera de Andorra, el procedimiento se mandó al juez encargado de investigar en conjunto toda la fortuna de la familia. La operación más destacada que se investiga es la compraventa de 1.152 locales de sucursales bancarias del Banco Santander junto a la operativa de ocultamiento y blanqueo de las comisiones que fueron cobradas por distintas personas físicas "mediante la utilización de estructuras societarias radicadas en terceros países y la subcontratación en cadena de los servicios solicitados, consiguiendo así que la Hacienda Pública no fuera conocedora de su percepción".
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