El ministro de Defensa dice que la Policía salvadoreña debe detener a los acusados por el asesinato de 6 jesuitas

San Salvador.- El ministro de Defensa de El Salvador, David Munguía Payés, dijo hoy que la Policía debe detener a los militares salvadoreños que están siendo procesados en España por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989.

"El director de la Policía debe cumplir con lo que la ley establece", expresó Munguía Payés, durante una entrevista concedida al programa televisivo Frente a Frente.

Sin embargo, matizó que "el presidente de la República (Mauricio Funes) es el que va a dar la posición oficial del Gobierno" sobre la posible extradición de los 20 militares procesados, de los cuales uno murió en mayo de este año, aunque no precisó cuándo se pronunciará el gobernante.

La eventual extradición de los militares a España "está fuera de la competencia de nosotros (la Fuerza Armada), son otros órganos del Estado los que van a intervenir", dijo Munguía Payés.

El abogado de dos de los militares, Eduardo Cardoza, aseguró a la estatal Radio Nacional de El Salvador que los acusados no pueden ser detenidos porque algunos ya se beneficiaron de una ley de amnistía vigente desde 1993 y otros han obtenido el sobreseimiento en la causa de la masacre de los jesuitas.

"Sería totalmente ilegal e injusta e ilegítima la captura", sostuvo Cardoza, abogado de los generales Juan Rafael Bustillo y Rafael Humberto Larios.

"Ellos ya fueron sobreseídos y otros amnistiados", enfatizó Cardoza, e insistió en que "la situación jurídica real de ellos los favorece bajo todo punto de vista".

En los casos "del general Bustillo y el general Larios, que son los que yo represento, el juez tercero de Paz de San Salvador emitió una resolución en el año 2000 sobreseyéndolos definitivamente", recordó.

Subrayó que "las autoridades policiales salvadoreñas tienen conocimiento cierto sobre esa situación", por lo que "estarían en determinado momento cometiendo delito" si detienen a los militares, afirmó.

La masacre de los jesuitas sucedió en la época del conflicto armado (1980-1992) en El Salvador, que dejó alrededor de 75.000 muertos.

"Cometimos muchos errores, solo el que no va a la guerra no comete barbaridades y se cometieron", reconoció Munguía Payés, quien a la vez indicó que prefería "no mirar hacia atrás" porque "no podemos cambiar el pasado, pero sí construir todos juntos el futuro", sentenció.

Este lunes el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco citó para el 14 de septiembre próximo a siete de los 20 militares salvadoreños que procesó en mayo pasado por el asesinato de los jesuitas y dos de sus empleadas en la Universidad Centroamericana (UCA), en El Salvador en 1989.

En Madrid fuentes jurídicas confirmaron a Efe que los otros trece militares ya recibieron notificación de su procesamiento, pero no han comparecido ante el juez español.

Por ello, Velasco hizo efectivas las órdenes internacionales de busca y captura decretadas el 30 de mayo pasado, cuando también ordenó prisión provisional comunicada y sin fianza de estas personas en caso de ser entregadas a la Justicia española.

Hasta el momento se desconoce quienes son los trece militares cuya captura se ha ordenado y quienes son los siete citados para el 14 de septiembre.

El director de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, Carlos Ascencio, afirmó recientemente en medios locales que de recibir la "orden de captura" de la Policía Internacional (INTERPOL) la haría efectiva.

La masacre sucedió el 16 noviembre de 1989, cuando miembros del Batallón Atlacatl irrumpieron en la UCA y mataron a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró.

También asesinaron a los sacerdotes españoles, Armando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, así como la trabajadora de la UCA, Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.