Un nuevo fiscal general para pilotar el caso del 'procés' y acusar a Puigdemont

  • El principal nombramiento judicial que tendrá que adoptar Sánchez será decisivo en los delitos por los que el expresidente sería juzgado tras su huída
Julián Sánchez Melgar
Julián Sánchez Melgar
EFE

Fue uno de los primeros efectos fulminantes de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Solo unas horas después de la votación del Congreso, el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, envió un mensaje afectuoso a la prensa para despedirse ya que, según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), el titular de ese cargo cesa automáticamente con la destitución o salida del Gobierno que lo nombró. La persona que lo sustituya heredará sobre su mesa la causa del 'procés'. En sus manos estará, en gran parte, la libertad del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, cinco exconsejeros, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los líderes de Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. También será decisivo para el impulso del caso.

Melgar llegó al cargo el pasado 11 de diciembre en sustitución de José Manuel Maza, fallecido de manera sorpresiva durante un viaje de trabajo a Argentina el 18 de noviembre. Ambos procedían de la magistratura y ocupaban plaza en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que tendrá la última palabra sobre el caso Puigdemont. Maza fue el autor de las dos querellas presentadas contra el Govern y los cargos parlamentarios implicados en el 1-O en las que se apreciaban los delitos de malversación y rebelión. Durante los seis meses que su sustituto y compañero de Sala ha permanecido en el cargo no ha modificado la estrategia de su antecesor. Solo en una ocasión se ha apreciado cierta flexibilidad. Fue el pasado marzo, cuando solicitó al Supremo la excarcelación bajo fianza del exconsejero catalán de Interior Joaquim Forn. La Sala, sin embargo, no escuchó al Ministerio Público y lo mantuvo en prisión.

Más allá de la prisión y las demás medidas cautelares que puedan solicitarse para los encausados, lo fundamental para el fiscal general que llegará en los próximos días será si mantiene o no los cargos por rebelión. Ese tipo penal que, además de la fiscalía, aprecia el instructor del caso, Pablo Llarena, es el que más problemas ha causado en un caso plagado de obstáculos. Las autoridades judiciales de Alemania, donde fue detenido el expresidente catalán Carles Puigdemont el pasado 26 de marzo tras su huída, rechazan que pueda ser entregado a España por ese delito. Tampoco lo ve Bélgica, donde escaparon los 'exconsellers' Antoni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig. Ni Suiza, el destino de fuga de la exportavoz de ERC Marta Rovira.

A día de hoy es una incógnita el destino final de las órdenes de detención europeas libradas por Llarena contra todos ellos por rebelión y malversación, pero, en caso de que solo fueran aceptadas por este segundo delito, la causa quedaría seriamente condicionada con una serie de procesados -los que no huyeron- afrontando un delito penado con hasta 25 años de prisión y otros, los entregados por los países a los que se fugaron -entre ellos el principal implicado, el 'expresident' Puigdemont-, para los que solo podría pedirse un máximo de ocho años de cárcel. Las últimas resoluciones judiciales abren la puerta a otros delitos graves, aunque menos que la rebelión, como la sedición. La última palabra sobre éstos corresponderá a la persona elegida para el cargo por Moncloa.

El siguiente reto judicial que tendrá que afrontar el nuevo Ejecutivo del PSOE es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, al que el Ejecutivo aspirará sin duda a dar un carácter progresista tras el paso por su presidencia del conservador Carlos Lesmes, ex director general de Relaciones con la Administración de Justicia en el último Gobierno de Aznar (2000-2004). El órgano de gobierno de los jueces cumple su mandato de cinco años el próximo mes de noviembre y el partido que sustenta el Ejecutivo tendrá que negociar con el resto de fuerzas -en especial con el PP- su nueva composición ya que exige un 'quorum' de tres quintos. 

La convivencia temporal entre un Gobierno de izquierdas y un Consejo del Poder Judicial de derechas no es nueva. Ya se produjo durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. En aquella ocasión, la renovación tocaba en 2005, pero el PP se cerró en banda a negociar con el Ejecutivo socialista y no accedió a nombrar nuevos vocales hasta septiembre de 2008. Es decir, el recambio de vocales permaneció bloqueado durante tres años por pura estrategia política del principal partido de la oposición. Ahora, la fragmentación partidista en las cámaras es mucho mayor y el partido de Rajoy puede buscar venganza tras la remoción de su líder como presidente del Gobierno. Las premuras de la falta de tiempo, además, no juegan en favor del equipo de Sánchez. Veremos. 

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