La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha reculado y ha aceptado el aval propuesto por la Generalitat de Cataluña para hacer frente a los 5,4 millones de euros de fianza impuesta el pasado mes de junio a una treintena de exaltos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras, por la promoción del proceso independentista en el exterior. Esto supone que los presuntos responsables contables del desvío de fondos para el objetivo independentista pueden evitar el embargo de sus bienes, que ya se había puesto en marcha después de que la delegada instructora, Esperanza García, rechazara dicho aval. La decisión se ha adoptado dos votos frente a uno, según han informado fuentes jurídicas a La Información.
La nueva Sala de Enjuiciamiento, después de que el pasado mes de noviembre PSOE y PP acordaran la renovación del órgano fiscalizador, tenía en la lista de pendientes por resolver los recursos que presentaron las defensas de los investigados contra la resolución de la delegada instructora, que consideró que el mecanismo del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) de la Generalitat no tenía validez. Entendió que la administración pública que considera perjudicada no podía afrontar la cantidad que se reclama de manera provisional a exdirigentes y funcionarios encausados para garantizar su reintegro a las arcas públicas en caso de que sean condenados tras la celebración de un juicio contable, para el que aún no hay fecha prevista.
La Sala de Enjuiciamiento no comparte este criterio y entiende que el aval, al que se acogieron 28 de los encausados, es suficiente para garantizar las fianzas, por lo que los exaltos cargos podrán recuperar sus bienes. Las cantidades reclamadas por la actividad del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, y de las denominadas 'embajadas' catalanas deben responderse de manera solidaria, si bien el acta de liquidación provisional individualiza los montantes que debe afrontar cada uno de los investigados, de acuerdo a la responsabilidad y función que ejecutó cada uno de ellos.
En este sentido, la consejera Esperanza García estimó que las cantidades más altas debían ser abonadas provisionalmente por el exconsejero de Presidencia Francesc Homs (2,95 millones); el expresidente catalán Artur Mas y el que fuera de Economía Andreu Mas-Collel (2,8 millones); el que fuera responsable del departamento de Asuntos Exteriores Raül Romeva (2,1 millones de euros), seguidos de Puigdemont (1,98 millones) y Junqueras (1,96 millones).
La Abogacía se apartó
La delegada instructora denegó el aval el pasado mes de octubre, abriendo la vía al embargo de bienes de los investigados. A mediados de dicho mes, el expresidente de la Generalitat Artur Mas y los exconsejeros Francesc Homs y Andreu Mas-Colell, entre otros, comenzaron a poner a disposición del órgano fiscalizador varios inmuebles como garantía de pago, a lo que se sumó los más de 2 millones de euros que aportó ERC. El rechazo llegó después de intentar recabar la opinión de la Abogacía del Estado ante las dudas legales que le suscitaba la cuestión.
Sin embargo, los servicios jurídicos del Estado rechazaron pronunciarse hasta en dos ocasiones, alegando que en ese momento existía conflicto de intereses, pues se encontraba personado en las actuaciones. Finalmente, no presentó demanda formal contra los exdirigentes independentistas y se apartó del procedimiento, al considerar que no tiene legitimidad para demandar porque las supuestas irregularidades en la financiación de las actividades para la promoción del 'procés' en el extranjero no afectaron a las arcas de la Administración General del Estado. También abandonó la causa contable la representación de Generalitat de Cataluña, al no sentirse perjudicada.
Así, las acusaciones queda en manos de las asociaciones Sociedad Civil Catalana y la Asociación Cívica y Cultural, y de la Fiscalía. Por el momento, la primera asociación ya ha presentado su demanda contra 11 exaltos cargos del Govern, a los que reclama 5,3 millones de euros por los gastos del 1-O y por la acción exterior de la Generalitat. Cabe recordar que este procedimiento se juzgará de manera conjunta con el derivado por los gastos de la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, que según estimó el Tribunal de Cuentas, también de forma provisional, en enero de 2020 habría costado 4,14 millones de euros.
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