El origen de los 'ERE': "Me pedían una comisión, me estaban robando"

270 imputados, entre ellos dos expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, 1.330.000 euros públicos defraudados… Los ERE, la trama de corrupción que ha implicado a la Junta de Andalucía se enreda en un laberinto de comisionistas, subvenciones fraudulentas y concesiones ilegales, pero tiene un origen bien marcado: en 2009, los dueños del grupo La Raza-un veterano de más de ocho décadas en la hostelería andaluza-denunciaron cómo los directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce les habían exigido comisiones en nombre la Consejería de Empleo de la Junta a cambio de una subvención de 900.000 euros para abrir una escuela de hostelería.

Como prueba aportaron varias cintas en las que se escuchaba cómo Mellet y Ponce les solicitaban a cambio varios cientos de miles de euros. "Esto ocurre siempre en la Junta", decía Ponce. Las instrucciones: "llevaría el dinero en un maletín y me acompañaría a un despacho donde lo olvidaría".

"No sabía si realmente lo pedían para la Junta o para ellos, lo que sí sabía es que era una estafa". Así rotundo describió uno de ellos, Pedro Sánchez Cuerda, ante el juez lo que denominó "soborno" por parte de estos directivos.

Él y su socio, José Ignacio de Rojas, tenían por entonces un deseo en sus planes empresariales. Montar una escuela de hostelería para formar mano de obra cualificada en las instalaciones del mercado central sevillano. Habían mantenido varias reuniones con los directivos de Mercasevilla, en algunas, también con el delegado de Empleo, Antonio Rivas, y el exsindicalista Juan Lanzas, después imputado. En diciembre de 2009, Mellet los telefoneó para darles la buena noticia: la subvención se les había concedido al cien por cien."Dos gastos imprevistos"

Un mes después, en cambio, les comunicó "dos gastos imprevistos". Uno, de 150.000 euros para la cometida eléctrica de la nave en la que se instalaría la escuela. El otro, una comisión de 300.000 para la Junta. Sánchez Cuerda lo tuvo claro: "Me estaban robando", relató ante el juez. Hubo una siguiente reunión, y no se lo pensaron. Tras consultar con un alto cargo de la Junta, Juan Gallo, jefe de gabinete de Chaves, decidieron grabarla. En aquella ocasión, y ante la negativa de ambos, Ponce y Mellet les propusieron una rebaja. Incluso hablaron de alguna "solución legal", o de un contrato para ofrecer un servicio de cátering con la Junta. Ambos siguieron en la negativa. Días después, Mellet telefoneó "nervioso" a Sánchez Cuerda para decirle que se olvidasen de la comisión.

La cinta llegó al Palacio de San Telmo, sede del gobierno autonómico, desde donde se entregó a Fiscalía. La Junta informó de lo sucedido al alcalde de Sevilla, Agustín Barberá, que optó por forzar la dimisión de Mellet para evitar males mayores. Ante la opinión pública, esa dimisión fue maquillada de cese voluntario por motivos personales. No hubo más movimientos. Hasta que el líder de la oposición, el 'popular' Juan Ignacio Zoido, presentó una querella por presunto delito de cohecho.

El caso recayó en el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, concretamente en manos de la juez Mercedes Alaya y la investigación reveló beneficiarios irregulares en jugosas prejubilaciones subvencionadas por la Junta en el ERE del mercado. Había nacido ya el caso 'Mercasevilla', lo que luego daría lugar a una indagación extensa sobre la presunta malversación de fondos públicos durante una década en el seno de la Consejería de Empleo de la Junta andaluza. Toda una red creada para favorecer a amigos y familiares de altos cargos de la Junta o del PSOE, como consta en el sumario."Ya basta de tragar"

Ni Pedro Sánchez Cuerda ni su socio José Ignacio de Rojas dan entrevistas. Se remiten para ello a su abogado, Joaquín Moeckel, que enmarca la decisión de ambos en un "mensaje al tejido empresarial". Hartos del "todo vale", cuenta, aquel día dijeron basta. "Era un mensaje claro: señores, ya basta de tragar. Se trataba de decir que hay empresarios que no pasan por eso".

Reconoce Moeckel que no todo fue ni mucho menos un camino de rosas. Pese a las "presiones", que las hubo, ninguno se arrepintió jamás de haber dado el paso. "Nunca se han arrepentido porque piensan que actuaron bien", dice el abogado, convencido de que existe todavía un cierto "silencio cómplice" hacia la corrupción y que la única forma de erradicarla es "intentar que la persona que la denuncie tenga un tratamiento protector".

"Si soy un empresario que tiene trato con la Administración, y denuncio, me quitan contratos, eso es así, así que no denuncio. Tiene que quedar muy claro que ante los tribunales de justicia las personas que denuncian estén parapetadas, protegidas de posibles consecuencias". Pone un símil: "Antes, quien denunciaba violencia de género se encontraba totalmente desprotegido, ahora se da una protección que hace que la gente pierda el miedo a denunciar".

Desde entonces, el nombre de estos empresarios va asociado a un calificativo, valentía. "Esto fue el germen de toda la instrucción. Si la Raza no denuncia, no se sabría la corrupción en Andalucía".