El Pacto de Toledo se pone a trabajar en la reforma de las pensiones

La reunión de hoy, en teoría, sólo servirá para organizar los trabajos y funcionamiento de la Comisión No Permanente del Pacto de Toledo de cara al nuevo periodo de sesiones. Los portavoces de los diferentes grupos fijarán el número de reuniones de esta comisión de aquí al próximo mes de junio y cómo se debatirá toda la información recopilada por este órgano desde la primavera de 2008, cuando empezó sus trabajos para reforma el actual sistema de pensiones.

Ésta es la versión oficial. Pero nadie duda de que en esta primera toma de contacto se pondrá encima de la mesa la reciente y polémica propuesta del Gobierno de retrasar la edad de jubilación a los 67 años y que la misma condicionará los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo.

La reunión de hoy no se publicó en la agenda del Congreso hasta ayer por la tarde, lo que demuestra que ha sido convocada con gran rapidez ante el revuelo que ha causado la iniciativa del Gobierno.

IU se opone radicalmente

Según lo que han manifestado los portavoces de los diferentes grupos, el acuerdo sobre las pensiones es difícil pero no imposible. Sólo Izquierda Unida se muestra radicalmente en contra de la propuesta del Gobierno. Para su portavoz en el Congreso, Gaspar Llamazares, el aumento de la jubilación que propone el Ejecutivo es un "ataque sin precedentes" a la ciudadanía, ya que recorta los derechos básicos de los ciudadanos y presenta el futuro "con alarmismo".

El resto de grupos también critican las formas y planteamientos del Gobierno, pero no el fondo de la cuestión: la necesidad de reformar el actual sistema de pensiones. Ayer la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáez de Santamaría, evitó manifestar un 'no' rotundo a la ampliación de la jubilación y prefirió destacar la petición de comparecencia que ha solicitado su grupo para que los ministros de Trabajo y Economía “aclaren la postura del Gobierno” en el Congreso.

Tomás Burgos, el portavoz del PP en el Pacto de Toledo, afirmó que "hay muchos elementos para el acuerdo” en el documento planteado por el Gobierno, aunque le advirtió de que "antes de pedir sacrificios a los ciudadanos, debe dotar a la Seguridad Social de instrumentos para que no asuma cargas económicas que no le corresponde".

El Partido Popular lleva tiempo denunciando que la sostenibilidad del sistema de pensiones está en peligro y que son acuciantes reformas que garanticen su viabilidad, por lo que una oposición radical a los planteamientos del Gobierno Zapatero no se entendería.

Josep Sánchez Llibre (CiU), si bien calificó ayer de "frívola”, “precipitada” y contradictoria" la propuesta del Ejecutivo, aseguró que desde su formación "vamos a intentar liderar un acuerdo y plantear propuestas para liderar este consenso".

El PSOE apela al consenso

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa, apeló yer varias veces al consenso en el Pacto de Toledo y destacó que el "objetivo" es que cualquier reforma "se haga por unanimidad". "Estamos abiertos a propuestas de todos los grupos parlamentarios", ha declarado.

Unas declaraciones que coinciden con las del portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, que lleva varios días insistiendo en que la propuesta del Gobierno de ampliar la jubilación a los 67 años “no es ninguna imposición”, sino “sólo una propuesta” y que todas las medidas “se tomarán mediante el consenso” de la mayor parte del Congreso. “Tenemos tiempo para acometer esta reforma, no es un tema de hoy para mañana”, señaló ayer Alonso.

La historia se repite

Desde 1995, cuando se firmó el Pacto de Toledo, todas las reformas del sistema de pensiones se han sacado adelante por consenso y tras largas negociaciones en la Comisión parlamentaria. Y todo parece indicar que la historia se repite. Porque, por un lado, el Gobierno no cuenta con los apoyos suficientes en el Congreso para una reforma tan radical ni con el respaldo de la opinión pública. Y por otro, la mayor parte del arco parlamentario es consciente de que el actual sistema de Seguridad Social español no es sostenible a largo plazo.