El pacto de tories y liberaldemócratas pone fin a trece años de poder laborista

Londres.- El anuncio hoy, martes, de un gobierno de coalición entre dos partidos ideológicamente distantes, el conservador de David Cameron y el liberaldemócrata de Nick Clegg, ha puesto hoy fin a trece años de poder laborista.

Gordon Brown, sucesor en 2007 de Tony Blair, que se presentaba el pasado jueves por primera vez a unas elecciones como líder del partido, no logró el sueño de una cuarta victoria para el laborismo.

La erosión natural de tantos años de poder, la irritación de muchos votantes con un partido que sentían que los había defraudado y la profunda crisis económica, todo ello contribuyó, junto a otros factores, a una derrota que podría haber sido incluso mucho más contundente.

Los "tories" no lograron en efecto tampoco el triunfo electoral que anhelaban y, al no alcanzar la mayoría absoluta, no han tenido más remedio que buscar una alianza que muchos consideran contra natura para instalar finalmente a su líder, Cameron, en el número 10 de Downing Street.

Las esperanzas inicialmente despertadas en algunos sectores del país de que la sucesión de Blair por Brown pudiera significa un nuevo comienzo tras el fuerte descontento popular con la guerra de Irak y el compadreo de Tony Blair con el presidente de EEUU, George Bush, se vieron pronto defraudadas.

Comenzaron las luchas intestinas, se organizaron golpes de palacio para desbancar a Brown y sustituirlo por algún otro laborista capaz de conectar mejor con la gente, y, gracias a las revelaciones de la prensa, los electores comenzaron a ver a un político irascible, despótico a veces con sus subordinados e incapaz de reconocer sus propios errores.

En su desesperación por la caída continua en los sondeos, Brown no tuvo más remedio incluso que recurrir a un ex ministro de Tony Blair con cierta fama de maquiavélico y con el que había estado enfrentado como Peter Mandelson, a quien convirtió prácticamente en su segundo.

Al final Brown defraudó a unos y otros: al ala sindical y al sector izquierdista del partido porque habían esperado de él un mayor distanciamiento de los empresarios y banqueros con los que tanto había coqueteado su antecesor, Tony Blair.

A otros, del ala liberal, por el recorte creciente de las libertades cívicas en el marco de la lucha antiterrorista y por la aparente falta de sensibilidad de ese partido a quienes advertían de que, de seguir por esa senda, el Reino Unido podría acabar por convertirse en una sociedad de tipo orwelliano.

Las revelaciones sobre la supuesta convivencia de miembros de los servicios de inteligencia británicos con las prácticas de tortura de algunos ciudadanos de este país en las cárceles secretas de la CIA no hicieron sino agravar la sensación de que el partido llevaba demasiado tiempo en el poder.

Todos estos datos negativos, unidos a la profunda crisis económica, comenzaron a pesar más en la valoración de buena parte del electorado que sus indudables méritos como la solución - aunque todavía frágil- del conflicto norirlandés, la concesión de la autonomía a Gales o la clara mejora del clima social.

Tras los recortes de los servicios sociales bajo los gobiernos conservadores de Margaret Thatcher y su sucesor, John Major, los laboristas introdujeron por primera vez el salario mínimo en el país.

Hospitales, escuelas y otros centros públicos mejoraron sus infraestructuras, aumentó la proporción de jóvenes que llegan a la universidad y las industrias culturales florecieron como nunca antes.

Pero llegó la crisis y pilló totalmente desprevenido a un Gordon Brown, que en su época de ministro de Finanzas se había ufanado del crecimiento sostenido del país (diez años rozando el 3 por ciento como media), no había aprovechado los años de vacas gordas para dotar al país de una base financiera más sólida.

Y ahora, el Reino Unido tiene una deuda pública equivalente al 62 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y un déficit público previsto de 178.000 millones de libras (más de 201.000 millones de euros) o un 12,6 por ciento del PIB, cuando las reglas de la UE dicen que no debe superar el 3 por ciento. Todo un desafío para la nueva coalición.