El pce pide auditar la deuda pública para determinar qué parte es ilegítima


El Partido Comunista de España, que forma parte de Izquierda Unida (IU), considera que debería auditarse la deuda pública para determinar qué parte corresponde a la economía real y qué parte es ilegítima.
Así lo explicaron hoy los secretarios General y de Formación y Debate del PCE, José Luis Centella y Eduardo Sánchez, respectivamente, en un encuentro informativo, en el que presentó la resolución política que su partido aprobó en su conferencia.
Dicha resolución, que será trasladada a IU para su debate, propone que se realice “una auditoría de la deuda” y se rechace “la que no se corresponda con el déficit generado por los servicios públicos y la protección social”.
Por su parte, el secretario de Formación y Debate del PCE, Eduardo Sánchez, señaló que “rescatar a las personas y a la banca a la vez es imposible” y que su partido opta por lo primero.
Asimismo, dijo que lo que propone el PCE ya se ha llevado a cabo en países como Brasil, con el Gobierno de Lula Da Silva, Suecia durante la crisis financiera de los años 90, Finlandia, e Islandia.
“Finlandia era un país que exportaba básicamente productos primarios a los países del Este. Cuando se cayó el Este, se cayó Finlandia, se cayó su banca, el Gobierno intervino e hizo una auditoría. Con ese dinero una parte de la deuda no se pagó y con esos recursos que se lograron se cambió el modelo productivo”, explicó a modo de ejemplo.
POR QUÉ NO
Sánchez y Centella desmontaron la tesis de quienes sostienen que el caso de Islandia es un bonito caso pero imposible de aplicar en España porque el tamaño de sus poblaciones es muy distinto.
“Yo le daría la vuelta”, dijo. “El volumen de recursos que genera un país de 45 millones de habitantes frente a un país mucho más pequeñito, como Islandia” es mucho más grande.
En este sentido, destacó que España “tiene más capacidad de ingresos” porque tienen más trabajadores, un tejido económico “más diversificado”, un sector servicios y agrícola “potentes”, por no hablar del turismo, la amplia experiencia de la construcción en obra pública o la capacidad de investigación científica.
“El problema no es tanto el tamaño de un país como el volumen de los recursos que genera y a dónde se dirigen”, dijo. Si se destinan a pagar la deuda, añadió, “el país se descapitaliza, hay recesión y depresión” financiera, pero si se dedica a “reconstruir la economía y no a destruirla”, se puede salir de la crisis, afirmó.
Por su parte, el secretario general del PCE respondió que “el problema no es la dimensión del país, sino el modelo económico y la voluntad” para cambiarlo y, para eso, añadió, es necesario que se produzca un debate que muchos niegan por entender “que es imposible otro camino”.
Centella destacó que “no es casualidad” que el “Manifiesto comunista” haya sido uno de los títulos más vendidos en la última Feria del Libro celebrada en Madrid. Y eso, dijo, significa que “hay razones para la esperanza”, para que “la política con mayúsculas se imponga a la tecnocracia”.
El texto aprobado por el PCE señala que la “UE está acosada por las contradicciones de su propio modelo” y que “en España, la crisis se lleva por delante avances y conquistas sociales y los fundamentos del modelo de acumulación capitalista del régimen de la transición”.
PRIMERO LAS PERSONAS
Para el PCE, la máxima prioridad debe ser “construir la alianza social capaz de imponer una salida democrática” para “recatar a las personas y a los servicios públicos, no a los bancos”.
La resolución propone siete medidas “para rescatar a las personas y a los servicios públicos, no a los bancos, como punto de partida para la construcción” de un “boque democrático para una salida social a la crisis” en España y en Europa.
Además de la auditoría de la deuda, el PCE propone una “reforma de la Constitución que fije la prioridad absoluta del gato público en pensiones, desempleo y servicios públicos esenciales sobre cualquier otro compromiso”.
Busca también una “reforma fiscal progresiva e intensificación de la lucha contra el fraude”, un “programa de empleo público para las personas desempleadas sin subsidio”.
También quieren garantizar el derecho a la vivienda, de modo que se implanten “medidas favorables a las familias hipotecadas por medio de la dación en pago con efectos retroactivos” y que se establezca la “moratoria inmediata de los desahucios y la reconversión de las hipotecas en alquiler social”.
La creación de un sistema de banca pública y el control ciudadanos y popular sobre el gasto y la gestión pública son las otras dos propuestas que hace el PCE en su resolución.

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