Julio de 2012. El alcalde de Sacedón -un pueblo manchego a los pies de uno de los embalses que abastecen el trasvase Tajo Segura, clave para las huertas de la costa este- aparece con un rostro serio en una rueda de prensa. La razón vuelve a ser el eterno debate entre Castilla-La Mancha y la costa levantina de España sobre cómo gestionar el agua del río Tajo. "Se está permitiendo trasvases de agua desde la cabecera del Tajo a Levante cuando los pantanos del Tajo tienen muchísimo menos agua que los del Segura". La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha tratado de resolver esta histórica pugna aumentando la cantidad mínima de agua que debe tener el río Tajo (lo que se ha conocido como caudal 'ecológico'), lo que permitirá a los castellanomanchegos retener más agua de su río insignia. Por otro lado, y para evitar una crisis con el resto de territorios que penden de esa agua, se ha anunciado una partida importante para sufragar grandes infraestructuras que permitan desalar el agua del mar.
Pero de poco ha servido esta solución. Los agricultores de la costa valenciana se quejan de que el agua desalada que llega es mucho más cara que la que procede del Tajo, lo que impacta de forma directa en sus negocios. Además, para los castellanomanchegos, esta nueva cifra es muy inferior a la que ellos demandan. Un escenario que ha generado un choque entre dos administraciones socialistas que en doce meses buscarán revalidar su mandato tras las elecciones autonómicas de 2023. Por un lado, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, se enfrentará a unos comicios cuyas encuestas hoy amenazan con la vuelta de la derecha al poder, después de ocho años. Una situación muy diferente a la que vive el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que aglutina victorias holgadas que le han permitido gobernar en solitario.
El periódico La Información ha contactado con los dos máximos responsables de las dos administraciones que mantienen la disputa: la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana -Mireia Mollà- y el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez.
"La propuesta para fijar un caudal ecológico por Aranjuez en 8,65 metros cúbicos por segundo entre 2022 y 2027 es muy inferior a lo que Castilla-La Mancha había demandado y muy inferior a lo que los propios documentos técnicos (que lo situaban entre 11 y 14 metros cúbicos por segundo) habían señalado", dice el consejero castellanomanchego. "Después de mucho trabajo técnico, nosotros entendemos que esos 8,65 metros cúbicos por segundo son compatibles con todos los cursos actuales de la cuenca del Tajo, que por cierto es la cedente y la que tiene prioridad sobre la receptora", apunta.
El consejero Martínez afirma que esta decisión de aumentar el caudal lo marca una sentencia del Tribunal Supremo; y añade que no cree que esta sea una decisión tan perjudicial como algunos organismos han señalado (como la Confederación Hidráulica del Segura). "No queremos perjudicar a las comunidades del Levante. Nosotros somos muy solidarios con ellos. Sabemos que es una agricultura que necesita agua para garantizar su futuro y la necesita nuestro país para la balanza comercial. Pero también tienen que saber que han hecho con los impuestos de todos unas infraestructuras muy importantes como son las desaladoras. Ojalá aquí tuvieramos unas infraestructuras como esas a disposicion de nuestra agricultura".
"La realidad es muy tozuda en el Levante, pero tambien en el Alto Tajo"
Por último, relata la precaria situación hidráulica que se vive. "No llueve en el Alto Tajo, no hay agua para nada.... es el trasvase de agua de una España seca a otra España seca. Esto es lo que hay. Este es el agua que tenemos y solo hay que ver la situación de los embalses. La realidad es muy tozuda en el Levante, pero tambien en el Alto Tajo". Una realidad que la consejera valenciana, Mollà, asume en parte. "Somos conscientes y consideramos necesaria la existencia de un caudal ecológico. Es una necesidad sobre la que no existe discusión por parte de esta administración y además es una obligación sobre la que hay una sentencia del Tribunal Supremo. Ahora bien, hemos presentado alegaciones al Esquema de Temas Importantes del Tajo porque consideramos que el caudal establecido no está avalado científicamente ni atiende a los criterios técnicos".
"Hemos defendido una postura, dialogada y alineada con la de agricultores y agricultoras, por la que consideramos aceptable un caudal ecológico de 7 metros cúbicos por segundo para todo el periodo 2022-2027. Entendemos un contrasentido subir el caudal ecológico una vez finalizadas las infraestructuras de depuración. Al respecto, la Conselleria incluso ha avalado destinar fondos de reconstrucción para mejorar la depuración del río a su paso por Aranjuez", concluye.
Ambos consejeros se han reunido varias veces y, en muchas de ellas, solo para tratar este asunto. En dichas reuniones aseguran que se han "entendido". Sin embargo, el baile de cifras en torno al caudal sigue sin convencer a unos y otros. Una negociación que se podrá incluso enquistar si a corto plazo se avecinan elecciones. El escenario, de momento, suscita cierta inseguridad acerca de cómo se desarrollará el plan de Ribera.
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